Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha llevarán sus protestas por el desorbitado precio de los carburantes directamente a las puertas de una de las grandes compañías energéticas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha convocado para el próximo 8 de octubre una movilización ante las instalaciones de Repsol en Puertollano (Ciudad Real) para denunciar una escalada del gasóleo agrícola que está disparando nuevamente los costes de producción del campo.

La elección del escenario no es casual. UPA quiere poner el foco sobre las compañías energéticas en un momento en el que los agricultores soportan precios que la organización considera "históricos", mientras los resultados empresariales del sector siguen dejando cifras millonarias.

El contraste resulta especialmente significativo en el caso de Repsol. La compañía obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros durante el primer semestre de 2026, frente a los 603 millones del mismo periodo del año anterior. Su resultado neto ajustado alcanzó los 2.711 millones, mientras que solo el negocio industrial aportó 1.683 millones gracias, entre otros factores, a unos mayores márgenes de refino.

Precisamente frente al complejo industrial de la petrolera en Puertollano pretende concentrarse UPA, que ya ha solicitado autorización a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.

De 0,93 a 1,68 euros por litro

El secretario regional de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha descrito una situación especialmente complicada para las explotaciones agrícolas y ganaderas. Según los datos aportados por la organización, el gasóleo agrícola ha pasado de costar alrededor de 0,93 euros por litro a comienzos de año a situarse en torno a 1,68 euros por litro durante las últimas semanas.

La subida coincide además con el final de la campaña de vendimia y con el comienzo de las siembras de cultivos extensivos, una época en la que, según UPA, las explotaciones concentran aproximadamente el 40% de su consumo energético anual.

Para un sector que depende diariamente de tractores y maquinaria pesada, cada incremento del combustible termina traduciéndose en cientos o miles de euros adicionales de costes dependiendo de las dimensiones y características de cada explotación.

Mucho más que una decisión del Gobierno

La protesta ante Repsol introduce también un elemento relevante en un debate en el que las subidas de los carburantes son utilizadas con frecuencia para responsabilizar directamente al Gobierno central. Sin embargo, atribuir exclusivamente al Ejecutivo el encarecimiento actual no refleja cómo se forma el precio del combustible.

El propio Ministerio para la Transición Ecológica explica que el precio final depende de varios componentes: la cotización internacional del propio combustible, el tipo de cambio entre dólar y euro, los márgenes comerciales y los impuestos. Por tanto, la fiscalidad es una parte del precio, pero no la única ni la que explica por sí sola sus oscilaciones diarias.

Y la escalada de 2026 tiene un marcado componente internacional. La Agencia Internacional de la Energía ha descrito el conflicto en Oriente Medio como una disrupción histórica para los mercados mundiales de combustibles, mientras las tensiones derivadas de la guerra de Ucrania continúan afectando a la producción y exportación rusa.

Reuters señalaba esta misma semana que los precios mundiales del diésel han alcanzado niveles récord debido a las interrupciones provocadas por los conflictos de Irán y Ucrania, con problemas en refinerías, restricciones a las exportaciones y una fuerte caída de los suministros procedentes de Oriente Medio y Rusia.

Hasta la propia Repsol reconoce este escenario. Al presentar sus cuentas del primer semestre, la petrolera atribuyó buena parte de la volatilidad de los mercados al conflicto en Irán, a la continuidad de la guerra de Ucrania y a los ataques contra refinerías rusas, circunstancias que han generado escasez y presionado los precios del petróleo, el gasóleo y otros productos refinados.

UPA reclama mantener los 20 céntimos

Eso no impide que UPA reclame medidas públicas para amortiguar el golpe. Ante el final de las actuales ayudas previsto para el próximo 30 de septiembre, la organización reclama al Ministerio de Agricultura y a la Junta de Castilla-La Mancha que mantengan y refuercen la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola mientras persista la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales.

La organización también reclama corregir las ayudas destinadas a compensar el encarecimiento de los fertilizantes y articular mecanismos específicos para aquellos jóvenes agricultores que han quedado fuera de estas subvenciones pese a haberse incorporado recientemente al sector.

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