El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a dibujar este martes una región asfixiada por los precios, los carburantes y los impuestos y ha dirigido sus reproches hacia el Gobierno de Emiliano García-Page, al que ha exigido una amplia rebaja fiscal. Un diagnóstico que, sin embargo, deja fuera buena parte del contexto: el último repunte inflacionista está afectando al conjunto de Europa y tiene entre sus principales motores el encarecimiento de la energía provocado por las tensiones internacionales.
Durante una visita a las instalaciones de Ogar Hotels, en Tomelloso, Núñez ha hablado de una cesta de la compra "inalcanzable", una gasolina que "no se puede pagar" y una presión fiscal que, a su juicio, dificulta a las familias llegar a final de mes. Como respuesta, ha prometido que, si alcanza la Presidencia de Castilla-La Mancha en 2027, iniciará "nada más llegar" una batería de rebajas de impuestos.
La subida de los precios es real. Lo que resulta bastante más discutible es presentarla como un fenómeno esencialmente castellanomanchego o cuya solución dependa principalmente de la Junta.
El último IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística situó la inflación interanual de Castilla-La Mancha en agosto en el 4,7%, frente al 4,3% del conjunto de España. Pero el propio INE identifica precisamente al transporte como el grupo que más presionó los precios durante el último mes: a escala nacional subió un 3,3% mensual por el incremento de los combustibles y lubricantes. También aumentó el grupo de vivienda por el encarecimiento de los combustibles líquidos, la electricidad y el gas. Y ahí las competencias de Emiliano García-Page tienen unos límites bastante evidentes.
El Banco Central Europeo viene advirtiendo durante 2026 del impacto que los conflictos internacionales están teniendo sobre la energía. En septiembre señaló que la evolución de la guerra en Oriente Medio y la guerra de Rusia contra Ucrania habían elevado nuevamente la trayectoria prevista de los precios energéticos, con efectos sobre la inflación general. Meses antes había descrito el episodio iniciado en Oriente Medio como un "shock energético" de alcance global.
Es decir, la gasolina que paga un conductor en Tomelloso no depende únicamente, ni mucho menos, de las decisiones que se adopten en el Palacio de Fuensalida.
Una larga lista de rebajas, pero sin una factura
Núñez ha prometido deflactar el tramo autonómico del IRPF, reducir ese mismo impuesto, suprimir Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, rebajar Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y eliminar o reducir diferentes cargas vinculadas al suelo industrial, los autónomos y las pymes.
Una extensa lista a la que, al menos en su intervención de este martes, no ha acompañado una cifra fundamental: cuánto dinero dejarían de ingresar las arcas autonómicas y cómo compensaría su Gobierno esa merma.
Porque una rebaja fiscal puede financiarse de distintas maneras: mediante un crecimiento de la recaudación por otras vías, reduciendo gasto, aumentando otros ingresos o recurriendo a mayor déficit cuando las reglas fiscales lo permiten. Por eso, el debate no termina en anunciar que se bajarán impuestos, sino en explicar qué efecto tendría esa decisión sobre unas cuentas autonómicas que sostienen competencias tan costosas como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Y en Castilla-La Mancha existe un precedente particularmente cercano dentro del propio Partido Popular.
El precedente de Cospedal
Entre 2011 y 2015, la Junta estuvo presidida por María Dolores de Cospedal, compañera de partido de Núñez, en una legislatura marcada por una política de fuerte ajuste presupuestario justificada entonces por el PP por la situación financiera heredada y la necesidad de reducir el déficit.
Los propios Presupuestos oficiales permiten comprobar la magnitud de aquel ajuste.
En 2011, antes de la llegada de Cospedal, Castilla-La Mancha presupuestó 2.692 millones de euros para Sanidad y 1.963 millones para Educación. Dos años después, en los Presupuestos de 2013, Sanidad había bajado hasta 2.376 millones y Educación hasta 1.448 millones. En términos presupuestarios, supuso una reducción aproximada del 12% en Sanidad y del 26% en Educación respecto a las cifras de 2011.
Los ajustes también alcanzaron a los servicios sociales. Una evaluación posterior de la estrategia regional recoge que los Proyectos de Integración Social sufrieron sucesivos recortes desde 2012 y que el presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales llegó en 2015 a situarse por debajo de la mitad del existente en 2011.
El propio presupuesto elaborado por el Gobierno de Cospedal para 2015 reconocía que Castilla-La Mancha dejaba atrás una "fase de contracción del gasto público", aunque ese último ejercicio ya incorporaba aumentos en algunas partidas de sanidad, educación y servicios sociales.
Núñez ha insistido este martes en que su propuesta no es nueva y que otras comunidades gobernadas por el PP han seguido políticas de reducción fiscal. Lo que no ha concretado es cuál sería el impacto presupuestario de todas las rebajas que promete ni qué partidas modificaría para cuadrar unas cuentas en las que sanidad, educación y servicios sociales absorben una parte fundamental del gasto autonómico.
De momento, el dirigente popular ha fijado incluso un plazo: si Page no baja los impuestos en los próximos ocho meses, asegura que será él quien emprenda esa "senda fiscal" si consigue gobernar Castilla-La Mancha después de las elecciones autonómicas de mayo.
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