El pasado 10 de julio, la Policía detuvo en Ibiza al activista Fergie Chambers. Las autoridades españolas cumplieron una orden internacional de captura emitida por Estados Unidos, y mantienen en prisión provisional en Madrid al norteamericano a la espera de su extradición. El Consejo de Ministros deberá decidir este martes si acepta o no la solicitud de Washington de enviar allí a este activista propalestino, acusado por la Administración de Donald Trump de colaborar con Hamás.
Sumar presiona al ala socialista del Gobierno para que desestime el proceso de extradición que reclama Estados Unidos. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presionado este lunes a su socio mayoritario mostrando su solidaridad con Chambers. “Nos manifestamos claramente en contra de esa extradición, porque creemos que se trata de una persona que lo que ejerce es el activismo, el apoyo a la sociedad civil palestino”, ha señalado.
El portavoz de Sumar ha reiterado que “no cabe extradición”, y que el Ejecutivo “no la debe conceder”. El Consejo de Ministros debe decidir este martes si permite que la causa llegue a la Audiencia Nacional, donde podría estancarse durante meses mientras el activista sigue en prisión. Una vez los jueces decidan sobre la solicitud de Estados Unidos, el Gobierno podría volver a intervenir para tomar la decisión final sobre la extradición.
Desde Sumar creen que Moncloa debe actuar ahora, y no permitir que se habrá la vía judicial. “No podemos esperar a que el proceso se desarrolle en la Audiencia Nacional creyendo que el Ejecutivo frenará la extradición después”, ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago.
“Primero, no sabemos quién estará gobernando dentro de un año o más, cuando la justicia adopte una decisión definitiva; segundo, durante todos estos meses Chambers estaría preso por una persecución política y no se puede permitir. El caso reúne todos los requisitos legales para que el Gobierno no autorice su continuación en vía judicial”, apunta. Podemos y BNG también se han pronunciado contra la entrega del activista a Estados Unidos, y ya ha habido varias movilizaciones en Madrid, Barcelona o Sevilla.
¿Quién es Fergie Chambers?
James Cox ‘Fergie’ Chambers, de 40 años, es un activista comunista estadounidense que desciende de la multimillonaria familia propietaria de Cox Enterprises, de la cual poseyó parte del capital hasta 2023. Según la revista Rolling Stone, su salida de la corporación le reportó un pago de unos 250 millones de dólares. Durante años, ha destinado parte de su fortuna a financiar proyectos de causas sociales, entre ellas las comunidades indígenas y afroamericanas en Estados Unidos, o la ayuda humanitaria destinada a Palestina.
Es esta última iniciativa la que persigue Washington. Chambers ha destinado cientos de miles de dólares a proyectos para proporcionar material sanitario, alimentos, acceso a agua potable y apoyo a la población de Gaza. Estados Unidos le acusa por ello de colaborar con Hamás, alegando que estas donaciones iban destinadas a financiar la actividad de la milicia islámica palestina.
La defensa defiende la motivación política del arresto de Chambers
La Administración Trump abrió un caso contra él por blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para cometer disturbios. Ante su fuga del país, se emitió una orden internacional de captura, que España cumplió el 10 de julio cuando detectó que este se encontraba en Ibiza. Desde entonces, está en prisión provisional mientras se resuelve la solicitud norteamericana de extradición, que llega este martes al Consejo de Ministros.
La defensa de Chambers, que lidera el abogado y exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, alerta de la motivación política detrás de la causa iniciada por Washington. “El Gobierno español tiene una posición clara en defensa del pueblo palestino, por lo que no se puede criminalizar el apoyo a este pueblo, que es lo que ocurre en este caso”, apuntan las fuentes del equipo legal citadas por Público.
Entre los argumentos que sostienen están que los cargos de riot (disturbios) y conspiracy to commit riot (conspiración para cometer disturbios) no tienen equivalente en la legislación española, por lo que las autoridades tendrían la potestad de invalidar la solicitud de extradición por ellos. También alegan que estas acusaciones están fundamentadas por una protesta contra una empresa armamentística por hacer negocios con Israel, lo que revelaría la intención política de la Administración Trump, aliada del sionismo.
Sobre los presuntos pagos a Hamás, que Estados Unidos respalda en 7,5 millones de euros que Chambers envió a Túnez, la defensa ha enumerado las organizaciones humanitarias financiadas por el activista. Entre ellas, figuran pagos de 250.000 dólares al Sameer Project, o de 100.000 dólares al Zaynab Project. También están otras como el Middle East Children’s Alliance, People’s Health Movement, o Ghassan Abu Sittah Children’s Fund.
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