Esta semana ha comenzado en Murcia el proceso judicial del llamado caso 'Novo Carthago'. La sala primera de la Audiencia Provincial acogerá un total de 20 sesiones en un juicio que preside el magistrado Álvaro Castaño y que determinará si se cometieron delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la recalificación de unos terrenos protegidos del entorno del Mar Menor. El 11 de noviembre será la última vista.
El macroproyecto, impulsado por la promotora Hansa Urbana, en la zona de Lo Poyo, en San Ginés de la Jara, en Cartagena. contemplaba la construcción de alrededor de 10.000 viviendas, además de hoteles, campos de golf y otras infraestructuras.
Están implicados varios miembros del Partido Popular, en concreto, quienes fueran consejeros de Agricultura y Obras Públicas durante el Gobierno de Ramón Luis Varcárcel, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana. A estos se suman otros cinco altos cargos de aquel entonces: Antonio Alvarado, entonces director general de Calidad Ambiental; María Antonieta Fernández, asesora eventual para apoyo jurídico del consejero de Medio Ambiente; José María Ródenas, subdirector de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas; Manuel Alfonso Guerrero, director general de Administración Local y director general de la Dirección General de Urbanismo; y Luis María Romero, asesor jurídico de esa misma Dirección.
Las diligencias del proceso, según el escrito de calificación fiscal, se abrieron hace casi 20 años, por lo que en la primera de las vistas celebrada el lunes, las defensas de los acusados solicitaron su nulidad, que fue rechazada por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano y por el letrado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación particular en representación de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse).
Además de considerar que el delito que se le atribuye a su representado ha prescrito, el abogado de Cerdá también defendió que su cliente no cometió ilegalidad alguna porque se limitó a abrir un procedimiento reglamentario que necesitaba la aprobación del Consejo de Gobierno.
En la misma línea, el letrado de Joaquín Bascuñana, y Antonio Alvarado, que se representa a sí mismo, enfatizaron que el proceso infringe el principio de legalidad y tipicidad.
El representante del Ministerio Público, no obstante, insistió en que los delitos no han prescrito y en que Cerdá "presionó" a los técnicos de la Comunidad para llevar a cabo la recalificación de los terrenos, que estaban protegidos.
Además, señaló que el extitular de Medio Ambiente del Ejecutivo regional trató de impulsar una modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del espacio protegido, en el que estaba prevista la construcción de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf, saltándose "intencionadamente" a los servicios correspondientes.
Rafael Galea, el promotor testigo
Está por ver si finalmente declarará como testigo el promotor Rafael Galea, ya que el abogado Julián Lozano, defensor de la empresa Hansa Urbana, ha solicitado que se le exima por haber sido operado recientemente y sufrir un trastorno cognitivo que le impide comparecer, algo que se evaluará mediante un informe forense.
Si bien Joaquín Bascuñana, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Luis María Romero ya han declarado esta semana, el Tribunal ha determinado que los tres declaren al final del procedimiento.
Un "modus operandi"
Para Podemos-IU-Verdes-AV, el caso Novo Cathago es el caso Partido Popular". Así lo ha remarcado la diputada regional María Marín, que ha defendido que es un "juicio al PP y a su 'modus operandi'.
En este sentido, ha denunciado el intento de los 'populares' de desviar la atención sobre este asunto con la celebración de su cónclave la pasada semana en la ciudad, y con el tema de la inmigración. "Mientras tú miras a otro lado, el PP se lo lleva crudo", ha advertido. En esta línea ha pedido a la ciudadanía que "no caiga en este engaño tan burdo". "No sobran inmigrantes; sobran corruptos y sobran racistas", ha zanjado.
Opinión similar manifiesta el Partido Socialista, que subraya que el caso Novo Carthago "constituye una de las mayores tramas de corrupción del PP en la Región”." Si algo identifica al Partido Popular es que su gestión durante 30 años en esta Comunidad Autónoma está manchada por la corrupción", asegura María Jesús López, secretaria de Organización del PSOE de la Región de Murcia, que recuerda también que "dos de los tres presidentes del PP que ha tenido la comunidad "ya están manchados por la corrupción". "Pedro Antonio Sánchez está condenado a tres años de prisión y 17 años de inhabilitación, y la Fiscalía pide más de once años de cárcel para Valcárcel. Esta es la reaidad del PP", subraya.
