Todos contra todos, o todos contra uno. La sala de prensa de las Cortes de Castilla y León se convirtió este jueves, -y por primera vez, según los viejos del lugar-, en un cuadrilátero en el que los púgiles sacaron los puños, marcando territorio con guantes de acero.

Aunque el objetivo de las dos reuniones de la mañana, de la Mesa y la Junta de Portavoces, era el consenso sobre el orden del día del Pleno de investidura del presidenciable Alfonso Fernández Mañueco, las asignaciones de los grupos políticos, el número de procuradores con dedicación exclusiva y poco más, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, abrió sesión de una comparecencia eterna -cinco grupos, ocho partidos- lanzando, lapidario, que estaba convencido de que "si la ultraderecha pudiera, con la plena connivencia del Partido Popular, ilegalizaría algún partido de los que están en el grupo mixto, y fusilaría a alguno de sus integrantes".

Tamaña declaración la respondió, al final de la sesión, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, con otra frase lapidaria: "es un juego paranoico de desquiciados parlamentarios de la oposición; hablar de fusilamientos en 2022 en esta cámara… tela. En ese juego no vamos a entrar".

De la Hoz también aseguró no saber quién ni dónde había comparado al presidente del Gobierno con el Führer, cuando se le preguntó si estaba cómodo con Vox: "Si no, no estaría aquí", dijo, "y si nos buscan en contradicciones, no nos van a encontrar".

En la comparecencia del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, pudo escucharse que la futura ley de "concordia" debe servir para "dejar de utilizar la historia para enfrentar a los españoles y dar una única visión de la historia", y dijo que su predecesora en el cargo de vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, "se retrata" al calificar su propuesta de ley de violencia intrafamiliar como "una barbaridad", sin saber su contenido, si bien, no especificó el contenido.

Tanto la portavoz del PSOE, Patricia Gómez-Urbán, como el de Ciudadanos, Francisco Igea, denunciaron que los recortes a los grupos parlamentarios y los procuradores que tienen dedicación exclusiva, cercenan la labor de oposición, recortando los parlamentarios que pueden dedicarse a la acción política, además de que esta decisión fue propuesta "in voce" por Vox, sin documento por escrito, consenso, ni información previa, durante la reunión de la Junta de Portavoces.