Los bomberos forestales de la Región de Murcia no están dispuestos a rendirse y así lo han demostrado esta semana con varias movilizaciones.
El lunes recorrieron las calles del centro de la capital hasta llegar a la Consejería de Medio Ambiente y el jueves volvieron a tomar la vía pública. De no plantearse soluciones concretas, las protestas continuarán. Ya están organizadas manifestaciones para el lunes 15 y el viernes 19 de septiembre y anunciadas concentraciones periódicas todos los viernes a partir de octubre.
Convocados por los sindicatos SITRAS, CCOO y USO centenares de trabajadores han vuelto a hacer oír sus reclamaciones y han denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno de Fernando López Miras de los compromisos adquiridos.
Después de un verano negro en España en lo que a incendios forestales se refiere, este colectivo ha alzado la voz haciendo públicas las pésimas condiciones laborales que sufren.
Un servicio 100% público y mejoras salariales
Entre sus principales exigencias está la de que el servicio sea cien por cien público y deje de depender de una empresa privada.
Asimismo, reclaman mejoras salariales. Los bomberos forestales de esta región cobran sueldos muy próximos al salario mínimo interprofesional y apenas perciben un euro al día en concepto de peligrosidad, toxicidad y penosidad.
A esto se suman turnos prolongados de hasta 22 horas en caso de incendio y la obligación de estar localizados las 24 horas durante 21 días al mes, disponibilidad por la que obtienen 0,48 céntimos la hora.
“Nos han marginado social y emocionalmente, impidiéndonos una vida normal y una verdadera conciliación familiar”, denuncian.
En este sentido, exigen un aumento de los pluses de peligrosidad, nocturnidad y localización y una remuneración acorde con la responsabilidad de su trabajo.
Por otro lado, subrayan la necesidad de ampliar la plantilla para afrontar la emergencia climática y el desarrollo de la Ley de Bombero Forestal dentro del ámbito de la Comunidad.
Apoyo de la oposición
Las movilizaciones de esta semana han contado con el apoyo, tanto de representantes del PSOE, como de Izquierda Unida-Verdes. Ambas formaciones de la oposición respaldan las reivindicaciones de los bomberos forestales y exigen al Ejecutivo autonómico que actúe.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Carmina Fernández, ha pedido al Gobierno de López Miras que cumpla y desarrolle la ley de bomberos forestales y deje de privatizar servicios públicos tan importantes como este.
“Esto se tiene que hacer desde la administración y no privatizando estos servicios y beneficiando siempre a las mismas empresas, que lo único que hacen es venir aquí a ganar dinero precarizando los servicios y las condiciones laborales de las personas que se juegan la vida extinguiendo incendios”, ha destacado, enfatizando que "ya está bien de que en esta región la gente tenga que salir a la calle a exigir que se cumpla la ley”.
Asimismo, ha lamentado que esta comunidad sea "el origen de todo este tipo de políticas de privatización y deterioro de los servicios públicos". "Es la cuna de la empresa que están ostentando el servicio de prevención y extinción de incendios forestales en España, la misma empresa que está en Castilla y León y en otras comunidades autónomas que ya hemos visto cuál ha sido el resultado este verano”, ha denunciado, recalcando que su grupo ya ha presentado varias iniciativas para que el consejero explique cuál es la situación de los servicios de prevención.
En términos similares se ha pronunciado el diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, que ha anunciado el registro inminente en la Asamblea Regional de mociones, solicitudes de información y comparecencias. “El actual contrato del Servicio de Prevención Selvícola, adjudicado en 2023 con un presupuesto duplicado respecto al anterior, no está cumpliendo ni con las condiciones laborales ni con los medios materiales comprometidos”, ha asegurado.
Así, ha exigido al presidente López Miras sentarse de manera inmediata con los sindicatos y aplicar, tanto la ley básica estatal de bomberos forestales, como las mejoras derivadas del acuerdo del XVII Convenio de TRAGSA y del reciente decreto estatal de agosto.
IU-Verdes ha reclamado, además, que el Ejecutivo autonómico presente un informe detallado ante la Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente sobre el grado de cumplimiento del contrato, y que, una vez finalizado, el servicio vuelva a ser gestionado directamente por la administración. “No se puede seguir externalizando un servicio esencial para la seguridad de la ciudadanía y la protección del medio ambiente. Recuperar la gestión pública es un imperativo ético y político”, ha zanjado.
Reuniones "en las próximas semanas"
El Gobierno del PP de Fernando López Miras, por su parte, ha anunciado que se sentarán a negociar "en las próximas semanas". Así lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, que ha defendido que en estas reuniones se fijarán las condiciones que después tendrá la licitación que se ponga en marcha cuando finalice la actual, vigente hasta 2027. "Avanzaremos seguro en mejoras en este nuevo acuerdo", ha dicho, incidiendo en que el Ejecutivo regional "siempre ha sido sensible con un sector tan importante como el de los bomberos forestales". No obstante, desde el Ejecutivo regional se insiste en que el servicio no está "en manos privadas", sino que se trata de una licitación pública, como ocurre con otras prestaciones esenciales.
