Ayuso se rebela en el Supremo contra el decreto que fija controles comunes para todas las universidades

El choque entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid vuelve a encenderse, esta vez a cuenta del modelo universitario español. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha llevado al Supremo el decreto estatal que fija controles comunes para crear nuevas universidades, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez defiende la necesidad de elevar los estándares para evitar centros sin solvencia académica. El pulso llega en un territorio donde la universidad privada tiene un peso excepcional: uno de cada tres estudiantes madrileños cursa sus estudios en centros privados.

El recurso, tramitado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, sostiene que el decreto estatal “invade competencias autonómicas” y que incorpora requisitos que consideran “arbitrarios”, como exigir un mínimo de 4.500 estudiantes en cada nuevo centro universitario. Para el Gobierno madrileño, esa cifra carece de justificación académica y supone un límite artificial que dificulta la apertura de nuevas universidades. Pero para el Ejecutivo central, el baremo es justo lo contrario: una garantía para evitar la proliferación de proyectos educativos sin dimensión suficiente, sin estabilidad financiera y sin recursos docentes adecuados.

El objetivo del Gobierno central: elevar la calidad y frenar los proyectos sin garantías

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha insistido en que el decreto no pretende restringir la libertad de creación de centros, sino reforzar un sistema que lleva años enfrentándose a problemas de calidad muy dispares. En su preámbulo, la norma describe un escenario marcado por el crecimiento acelerado de universidades privadas durante la última década, muchas de ellas nacidas sin una evaluación rigurosa de su viabilidad o su capacidad para ofrecer titulaciones competitivas. “Se trata de garantizar que cualquier estudiante, independientemente de la comunidad autónoma donde viva, acceda a un modelo universitario sólido, estable y con estándares comunes de calidad”, argumentan fuentes del Ministerio.

La preocupación del Ejecutivo no es nueva. Diversos informes de la Conferencia de Rectores (CRUE) y de la ANECA han alertado en los últimos años de una expansión “heterogénea” de centros privados que ha generado un mapa universitario desigual, con instituciones que funcionan como proyectos consolidados frente a otras que operan con plantillas reducidas, baja oferta investigadora y escasa capacidad para sostenerse a largo plazo. Con el decreto, el Gobierno central pretende poner orden en ese escenario, introduciendo requisitos vinculantes sobre tamaño, infraestructura, solvencia y presencia investigadora que hasta ahora quedaban en manos de cada comunidad autónoma.

Es precisamente ahí donde comienza la fricción con la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Ayuso sostiene que el artículo 27 de la Constitución garantiza a las comunidades la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas, y que el Estado debe limitarse a fijar la normativa básica. Según su interpretación, el nuevo decreto “rebasa claramente ese marco” y deja a las autonomías un papel meramente ejecutor. Por ello, Madrid enmarca su recurso como una defensa de la autonomía regional frente a lo que consideran una “injerencia” del Gobierno.

El peso de la universidad privada en Madrid y la batalla política que lo atraviesa todo

Sin embargo, el debate no puede separarse del peso que la universidad privada tiene en la Comunidad de Madrid. La región concentra una de las mayores tasas de estudiantes matriculados en centros privados de todo el país, especialmente en ámbitos como los másteres, donde más de la mitad del alumnado elige instituciones no públicas. En algunos campos, como las Ciencias Sociales o Jurídicas, el porcentaje de estudiantes en universidades privadas supera ya el 30%. Este liderazgo madrileño en el sector privado ha convertido cualquier intento de homogeneizar requisitos en una cuestión especialmente sensible para la región.

Los defensores del decreto apuntan precisamente a esa realidad como elemento central del debate. La propia Comunidad de Madrid ha autorizado varias universidades privadas en los últimos años, consolidando un modelo donde la oferta privada crece con mucha más rapidez que la pública. El Gobierno central teme que, sin estándares comunes, esa expansión haga aún más desigual el sistema universitario español, reforzando diferencias territoriales y permitiendo que algunos centros se sostengan con estructuras mínimas. De ahí que el decreto plantee requisitos estrictos sobre número de estudiantes, estabilidad de plantillas, oferta investigadora y capacidad económica.

Madrid, por su parte, asegura que ya cuenta con un sistema de control “rigurosísimo” que garantiza la excelencia de los proyectos autorizados, y que no necesita una regulación estatal más restrictiva. En el informe que el Consejo de Gobierno examina este miércoles, la Consejería de Educación subraya que el procedimiento autonómico incorpora análisis técnicos y evaluaciones externas, y que la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que prepara el Ejecutivo regional “introducirá mejoras” sobre ese proceso. El mensaje de Ayuso es claro: Madrid defenderá su modelo educativo frente a cualquier intento de armonización estatal.

La disputa, sin embargo, trasciende el plano jurídico. Se inscribe en la guerra política que Ayuso mantiene con el Gobierno de Sánchez desde el inicio de la legislatura, especialmente en asuntos educativos. El recurso al Supremo se convierte así en un episodio más de ese enfrentamiento, en el que la presidenta madrileña ha colocado la autonomía regional como bandera de oposición al Ejecutivo central. Y en un contexto donde la privatización del sistema universitario madrileño es una realidad consolidada, la batalla por el control de los estándares educativos no es solo técnica: es profundamente ideológica.