El trato de favor del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la educación privada ya no sorprende a nadie. Continuista con sus predecesores, Alberto Ruiz-Gallardón o Esperanza Aguirre, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene las deducciones fiscales para las familias que decidan escolarizar a sus hijos en la educación privada. Aquellos con capacidad adquisitiva suficiente como para acudir a un centro privado podrán, además, deducirse hasta 900 euros por hijo, a los que se podrían sumar otros 400 euros por uniforme e idiomas.
Las familias humildes no cuentan con el beneplácito de la líder del Partido Popular, que entiende que, al ser la educación pública gratuita, no precisan de ningún beneficio fiscal. Libros de texto, transporte escolar o comedor no podrán ser deducidos, al entender el Ejecutivo madrileño que “aunque indirectamente vinculados con la enseñanza, no se corresponden con esta”. Sin embargo, la cobertura del uniforme escolar, generalizado en educaciones concertadas y privadas, sí será un gasto deducible.
La necesidad de libros de texto para la enseñanza no corresponde con la educación a ojos de la dirección de Ayuso, pero el uniforme sí. Tampoco es considerado menester el desplazamiento o el comedor a mediodía para los hijos de padres y madres que, generalmente por el desempeño de su trabajo, no pueden encargarse de estas tareas. Un sinfín de beneficios para los ricos madrileños mientras las madres solteras no pueden acceder a la beca comedor si cobran más de 500 euros al mes.
La educación pública está abandonada en la Comunidad de Madrid, siempre a la cola en inversión per cápita. Según las cifras recabadas por Datosmacro, correspondientes al ejercicio 2022, el territorio liderado por Ayuso fue el que menos inversión destinó a enseñanza con 819 euros per cápita. Otro de los datos más sangrante es el porcentaje de alumnos matriculados en la educación pública y privada. En Madrid, tan solo el 54,6% de menores estudia en la pública, según el último Informe sobre el estado del sistema educativo del curso 2020/2021. Este dato es más esclarecedor comparado con valores como los de Castilla – La Mancha (81,7% pública) o Extremadura (80%).
Sin apenas requisitos para los más pudientes
Una familia que decida llevar a su hijo a la educación privada podrá deducirse hasta 900 euros por hijo en concepto de IRPF. El umbral máximo de renta, que se encargó Aguirre de multiplicar por tres en 2012, asciende a los 30.000 euros por cada miembro de la unidad familiar. Es decir, una familia con dos adultos y dos menores a cargo (cuatro miembros) debería ingresar más de 120.000 euros anuales para no poder disfrutar de estos beneficios fiscales. 10.000 euros al mes era la barrera antes del cambio de Aguirre, lo que en con el mismo ejemplo situaría el máximo en los 3.333 euros al mes.
Cumpliendo estos requisitos de renta (no superar los 30.000 euros multiplicados por cada miembro de la familia) y siempre estudiando en un centro que no sea público o privado con concierto público con enseñanza gratuita, las familias podrán deducirse el 15% de los gastos de escolaridad. El máximo a deducir será de 900 euros por hijo (1.000 euros en el caso de la Educación Infantil).
También se contempla una deducción del 10% de la enseñanza de idiomas, “tanto si esta se imparte como actividad extraescolar como si tiene el carácter de educación de régimen especial”, y del 5% para la compra de vestuario de uso exclusivo escolar “exigido o autorizado por las directrices del centro educativo (uniforme)”. En lo relativo a idiomas, no existe una discriminación por centro educativo y los requisitos es que las clases se impartan en “centros oficiales de enseñanza de idiomas” o “como actividad extraescolar”. La deducción, conjunta o de tan solo uno de los dos aspectos, no podrá superar los 400 euros.
Libertad de no tener ayudas
En una ocasión más, el territorio de la libertad, bautizado así por sus dirigentes, es una excepción nacional. Madrid es la única CCAA que contempla deducciones fiscales para la educación privada. Por el contrario, otros territorios cuentan con ayudas y beneficios en otras materias. Es el caso de Aragón, donde es posible desgravarse el 100% de las cantidades destinadas a la compra de libros de texto y otro material escolar.
Lo mismo sucede en el caso de autonomías como Asturias, Extremadura o Baleares, en las que muchas incluyen también la bonificación para estudios de idiomas. Castilla – La Mancha incluye también una desgravación del 15% para gastos derivados de actividades de refuerzo de algunas materias, para el acceso a nuevas tecnologías o para gastos derivados del estudio y residencia más allá del municipio donde se ubica la unidad familiar.
