El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso decidió este pasado miércoles la destitución de Markel Gorbea como comisionado de la Cañada Real. Aunque su salida se produce “por motivos personales”, según alega el Ejecutivo local. No obstante, coincide con una denuncia impulsada por Podemos y Más Madrid por un contrato adjudicado en 2022 por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura que la Fiscalía decidió enviar a a Anticorrupción en el mes de febrero. En los cuatro años que Ayuso lleva siendo presidenta, son ya cinco las personas han pasado por este puesto, que incluye un suculento salario de más de 75.000 euros.

“En el mes de diciembre, Podemos-IU denunció a Markel Gorbea, entonces comisionado de la Cañada Real de la Comunidad de Madrid”, ha indicado este jueves Alejandra Jacinto, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid con Podemos. “En marzo, la Fiscalía Anticorrupción anunció la investigación de los contratos de la Comunidad en la Cañada Real. [Ahora] se anuncia el cese de Markel Gorbea. Este cese a un mes de las elecciones sugiere que quizás tenga que ver con el derribo de viviendas, con los vertidos o el acoso a los vecinos que hemos denunciado”, aseguraba recalcando que "los tribunales, antes o después", "lo aclararán”.

Jacinto hace referencia al contrado adjudicado a Amaexco (Asociación de Excavadores y Constructores de la Comunidad de Madrid). Según la denuncia presentada por las dos formaciones políticas, previamente se invitó a otras dos empresas a presentar una oferta para ejecutar este contrato de “valorización de materiales naturales y restauración del camino sin asfaltar en el sector seis de la Cañada”. Sin embargo, los dos proyectos eran sensiblemente más caros (35.300 y 17.500 euros) que el que ganó finalmente el concurso que solo costó 12.200 euros. Para más inri, las otras dos empresas ofertantes que perdieron el concurso serían asociadas de la propia Amaexco.

“Consideramos que la anterior contratación incurre en actuaciones prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) (en particular, en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley), pues se falsea la competencia al negociar un contrato con empresas previamente concertadas entre sí”, indica la denuncia que fue redacyada por la abogada y candidata Jacinto. “Además, Amaexco es una asociación empresarial sin ánimo de lucro según sus estatutos, cuyos fines son la defensa de los intereses de sus empresas asociadas, en ningún caso la prestación de servicios directa ni a terceros ni, muchísimo menos, a la administración pública”, indica. “A nuestro juicio se ha realizado una apariencia de adjudicación competitiva en lo que, en términos reales, es un contrato previamente acordado entre administración y Amaexco”.

Por su parte, y según publica El País, la Comunidad insiste en que aún no hay una investigación abierta de la Fiscalía Anticorrupción. La notificación de información de la Fiscalía ha entrado esta mañana (jueves) en el Comisionado”, explica al citado medio un portavoz gubernamental. “Mandarán el expediente mañana a Fiscalía, como ya se hizo cuando lo solicitó Alejandra Jacinto en una de las Comisiones de la Cañada Real”, explican en Sol.

Cinco cargos en cuatro años

El Comisionado de la Cañada Real ha sido uno de los puestos que más cambios ha tenido en los últimos cuatro años en la región. Los cargos se han sucedido, convirtiendo en un quebradero de cabeza para Ayuso. La zona, que vive en conficiones infrahumanas y sin luz desde hace años, es el mayor asentamiento irregular de chabolas de Europa. El puesto fue creado por Cristina Cifuentes a finales de 2015, con el objetivo de impulsar la transformación urbanística y la integración social de los vecinos de la antigua vía pecuaria que ocupa los municipios de Coslada, Rivas-Vaciamadrid, Getafe y Madrid. Desde agosto de 2019, cuando Ayuso llegó al poder por primera vez, en ese cargo se han sucedido Ángeles Pedraza, Raúl López, José Tortosa de la Iglesia, Markel Gorbea y, ahora, el recién nombrado Ignacio Sánchez Segura.

Pedraza apenas duró una semana en el puesto. A los pocos días reclamó un cambio que se tradujo en que la recolocaran al frente del 112, el órgano que responde las llamadas de emergencia que se realizan desde la Comunidad de Madrid. Sailó ganando. Con su nuevo puesto vio aumentado su suelto un 20% más: de los 75.084 euros al año a 93.855 euros al año. López, su sustituto en el comisionado de la Cañada, era exalcalde de Coslada y había sido objeto de interés de la Guardia Civil en el caso Púnica (aunque nunca fue imputado). También dejó el cargo una semana después de ser nombrado.

Gorbea no dejó la polémica atrás. El ya ex comisionado estuvo en el centro de la polémica tras publicar en Twitter la imagen de un cuadro donde un personaje bíblico realiza una decapitación junto a un texto en el que menciona al alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios. Así, le calificaba “un maestro en la utilización de recursos municipales para el propio beneficio político del PSOE”.