PP y Ciudadanos se han llevado el triunfo político, pero Vox ha arrasado en los titulares. Incluso los medios conservadores han subrayado en sus informaciones y comentarios la huella inconfundible del partido de ultraderecha en las cuentas andaluzas de 2020, cuyo objetivo oficial de “reforzamiento de la política social y del Estado del bienestar” ha quedado ensombrecido por el centelleo neofranquista de no pocos de los 35 puntos del pacto presupuestario suscrito ayer por Vox con el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos.

Aunque su impacto presupuestario es poco significativo en unas cuentas que rondan los 38.540 millones de euros, la relevancia política y simbólica de las medidas impuestas por Vox no es despreciable: promoción de la caza en la escuela; generosas subvenciones al mundo de la tauromaquia; una partida sustanciosa para el extravagante ‘teléfono contra la violencia intrafamiliar’; difusión en las aulas de “las hazañas de personalidades españolas y andaluzas”; ayudas públicas a embarazadas y familias numerosas; autorización expresa de los padres de alumnos a actividades escolares complementarias sobre cuestiones morales o sexuales’; estigmatización de los inmigrantes con medidas para promover su delación y expulsión; ayudas contra los okupas…

Delación a medias

A la vista de la literalidad del acuerdo alcanzado por los tres partidos, se diría que Vox ha tenido que renunciar a algunos de sus objetivos máximos, como el de dar forma jurídica y cobertura presupuestaria a la delación administrativa de los inmigrantes irregulares, paso previo a su expulsión.

La redacción del punto 27 de acuerdo es suficientemente expresiva de las resistencias que habría encontrado Vox entre sus socios en materia de inmigración: ‘Propuesta de convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular’.

El punto tiene más de brindis al sol –pero también de amenaza– que de política real, pues únicamente compromete al Ejecutivo autonómico a “continuar negociando con el Ministerio del Interior para remitir una propuesta de convenio por el que se cree un órgano de coordinación para la gestión conjunta de la información que obre en los archivos de la administración andaluza”.

El sabor de la guindilla

Como la guindilla en los guisos, los ingredientes ultras marcan el sabor general del proyecto presupuestario, poniendo en bandeja a las izquierdas contundentes argumentos para desacreditarlo.

Aunque ha hecho un buen trabajo técnico, los esfuerzos del voluntarioso consejero de Hacienda Juan Bravo para vender los Presupuestos de 2020 como “los más sociales de la historia” se han visto entorpecidos tanto por las interferencias de Vox como por la embarazosa circunstancia de que el debate parlamentario haya coincidido con las protestas laborales por el incumplimiento de las promesas de mejora salarial y profesional del sector sanitario.

Tampoco ha ayudado a Bravo el haber utilizado con los de 2020 el mismo señuelo de las ‘cuentas más sociales’ elegido para definir los Presupuestos de 2019: demasiadas plusmarcas históricas en tan poco tiempo. 

Por lo demás, la atracción informativa de las medidas más ideológicas impuestas por Vox ha relegado a un segundo plano otras de cierto calado que se ha ocupado de poner de relevancia el portavoz económico socialista Antonio Ramírez de Arellano, quien en su cuenta de Twitter alertaba de que en el punto 4 del pacto de las derechas “se blinda el número de directivos del Sector Instrumental, aunque se cierren entidades”.