Una oferta pública de empleo promocionada por la Diputación de Málaga y destinado a tres altos cargos directivos que cobrarán 59.500 euros al año, está llenado de comentarios las redes sociales. De una primera lectura de la convocatoria para tres directores generales del ente provincial  (gobernado en minoría por el PP con el apoyo de Ciudadanos) publicada en Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP), podría deducirse que son tres plazas de altos cargos a cubrir en un concurso libre y destinado, como la ley marca, a funcionarios con experiencia.

Una convocatoria con truco
Sin embargo, y ahí está la polémica, de una lectura más detalla y sosegada deja entrever una presunta trampa. Y esta no es otra de que se abre un resquicio en la norma, que será utilizado según fuentes de la oposición, para que las plazas se adjudiquen "discrecionalmente" a particulares ajenos a la función pública. En una lectura más arriesgada hay quien le pone nombres y apellidos ligados, como no, al PP malagueño, a las plazas que gozarán de un sueldo de 59.500 euros, honorarios muy cercanos a los del propio presidente y que contradicen la bajada  impuesta mandato por Ciudadanos en el acuerdo de investidura.



Rumores y quinielas que ponen "nombre y apellidos" a las plazas
Tras hacerse pública la convocatoria de la institución que dirige por segundo mandato Elías Bendodo, presidente del Partido Popular malagueño, las cábalas y rumores sobre quienes serán los elegidos para ser directores generales de Ciudadanía, Economía y Servicios y Modernización Local no han cesado. Las quinielas de quienes podrían ser los afortunados con la lotería pública provincial tampoco. Un medio provincial va más lejos y recogiendo fuentes de la oposición, adelantan que las tres plazas podrían estar pensadas para Marta Olea, responsable de Comunicación de la Corporación provincial en el anterior mandato, y  persona muy ligada al propio presidente del PP.

Jugada para lograr 'sueldazos' a los asesores
También se señala a Carlos García y Resurrección Hernández anteriores asesores de la Diputación, como posibles aspirantes a ocupar esos sillones de directores generales. Se trataría de burlar el pacto de gobernabilidad suscrito con Ciudadanos por el que "aparentemente" se reducen el número de asesores. Y la cuantía de honorarios también ya que prácticamente igualarían el sueldo del presidente. En una provincia como Málaga, donde el azul del mapa municipal se ha desteñido notablemente hasta llegar al mínimo de ayuntamientos gobernados por el PP y con pérdidas tan importantes como ciudades como Marbella, Torremolinos, Benalmádena o Rincón, parece que se hace necesario buscar recovecos laborales.

No hay tribunal, una diputada del PP decide
De los aspectos que más chirrían en la convocatoria uno de ellos es que a las tres plazas de directores generales, inicialmente previstas para funcionarios, "se abre la puerta" a que también tengan posibilidad de acceder personas del ámbito privado. También extraña mucho y enciende la polémica que la decisión final de quienes sobre quienes serán los designados sea competencia directa y exlusiva de la diputada de Recursos Humanos (PP). Concretamente las bases de la convocatoria señala que será su "apreciación discrecional de los méritos alegados" la que determine quien aprueba o no. Dicho de otra manera, la diputada se constituye en el tribunal unipersonal que dictamina.

Hecha la ley, hecha la trampa
La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local indica claramente que para poder este proceso sería necesario ser funcionario de carrera. Pero para salvar esta situación se introduce el matiz de que "salvo que el correspondiente reglamento orgánico permita que en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos su titular no reúna dicha condición de funcionario. Se da la circunstancia  de que tan solo un mes antes de las pasadas elecciones municipales, el equipo de Gobierno del PP en la propia Diputación Pleno acordó que podría acceder a la convocatoria tanto "el personal laboral fijo de las administraciones públicas en puestos que requieran titulación superior o con contrato de alta dirección, o bien se trate de un profesional del sector público o privado titulado superior con experiencia en funciones directivas o gerenciales". Hecha la ley, hecha la trampa ¿en que estarían pensando los populares de la Diputación cuando acordaron este cambio?

La convocatoria ha sido firmada no por el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, sino por su hombre de confianza, Francisco Salado, nombrado vicepresidente primero tras perder estrepitosamente la alcaldía de Rincón de la Victoria que ha ostentado en este mandato.

No amplia cualificación académica ni gran experiencia
Otro aspecto que no ha pasado desapercibido ha sido que para las tres plazas se solicita que los candidatos posean "licenciaturas o grados" y "experiencia en un puesto en la Administración o en el ámbito privado".  Para un cargo de tanta responsabilidad y tan bien remunerado resulta extraño que no sea requisito mas experiencia profesional o una superior cualificación académica, algo que suele ser habitual en estas labores.

Plazas muy "políticas"
Como muestra de la importancia "política" de uno de las plazas convocadas basta con leer las que se le atribuyen al Director General de Modernización Local, eufemismo de Jefe o Jefa de Prensa o Director General de Comunicación.






Las funciones del cargo serán la "coordinación informativa de la institución provincial, definiendo una estrategia común a todas las áreas y responsabilizándose de que esa directriz se cumpla con la mayor eficacia y buen servicio por parte del gabinete de prensa; la comunicación fluida con los medios de comunicación y gestionar el presupuesto de publicidad, diseñando campañas que se adapten a las necesidades informativas de la institución".