Comienzan a conocer más datos de interés sobre el acto de acoso realizado por dirigentes y alcaldes del Partido Popular malagueño a la presidenta de la Junta de Andalucía. Hoy se ha conocido que un militante del PP, trabajador de una empresa beneficiaria de la privatización de un servicio del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, fue uno de los más destacados militantes que protagonizaron el pasado sábado el escrache a Susana Díaz.

Dependiente de la Diputación
Según informa el Sindicato ASeD este trabajador que también ocupa una responsabilidad política al ser vocal en representación del PP en la Junta de Distrito de Ciudad Jardín de Málaga (según acuerdo del equipo de Gobierno del PP en Ayuntamiento Pleno de fecha 22 de julio de 2011), fue contratado por la empresa beneficiaria de la privatización que el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB) realizó de la central de emergencias hace un año. Cabe destacar que el Consorcio de Bomberos es un organismo dependiente de la Diputación y de ayuntamientos malagueños y que la Corporación provincial está regida por el presidente del PP, Elías Bendodo.

Duplicaron coste del servicio
Para este sindicato de la Diputación la privatización supuso duplicar el coste en la prestación del servicio al pasar de 160.000 euros anuales a 350.000 euros, además de despedir y amortizar las plazas de los funcionarios que realizaban estas tareas. Desde el sindicato reivindican que no se prorrogue la contratación del servicio y que el Consorcio vuelva a prestar el servicio con funcionarios públicos.

Favorecer a personas con vinculación política
Según ASeD ahora se comprueba como el principal motivo para privatizar el servicio de gestión de emergencias y despedir a los funcionarios era exclusivamente para favorecer a personas que por su vinculación política pudiesen participar en actos de presión y acoso. Defendemos el derecho a formar parte de cualquier organización política o sindical, pero no consideramos lícito que para favorecerles se ponga en la calle a los funcionarios interinos que, por ejemplo, coordinaron con éxito el incendio de la Costa del Sol.

Despilfarro y sobrecostes
El caso es aún más grave puesto que este hecho está suponiendo un despilfarro y un carga adicional para los ciudadanos, ya que se pasó de prestar el servicio con empleados públicos por unos 160.000 € anuales, a realizar una adjudicación privada de más de 350.000 euros al año. Además la calidad del mismo se ha deteriorado poniendo en peligro la seguridad de las actuaciones, a tal punto de que para evitar más errores el CPB Málaga debe afrontar un coste adicional en guardias al reforzar con personal bombero que asista a la sala de emergencias para evitar alguno de los problemas de comunicación que se han registrado en este año.

Evitar vinculación de los bombero al escrache
Coincidiendo con la finalización de la adjudicación, el sindicato ASeD anuncia que elaborará un Informe de Incidencias, “demandamos que ahora que se cumple un año de la adjudicación del servicio de gestión de emergencias y previamente a su prórroga se vuelva de inmediato a prestar el servicio por funcionarios públicos” manifiestan desde este sindicato. Con ello evitaríamos entre otros que el nombre del CPB Málaga estuviese vinculado con episodios como el escrache a la presidenta de la Junta de Andalucía.

¿Qué ocurriría si el escrache fuera contra el presidente de Diputación?
“No queremos ni pensar qué le ocurriría a un funcionario del CPB Málaga en el caso que participase en un escrache contra el presidente de Diputación de Málaga o se le ocurriese zarandear su coche oficial” indican desde el sindicato. Se da el caso curiosamente de que sólo hace unos meses el CPB Málaga le abrió un expediente disciplinario por falta grave a un delegado sindical de ASeD simplemente por criticar con otros delegados sindicales en Facebook el comportamiento del presidente de la Diputación de Málaga al despedir a funcionarios para privatizar la central de emergencias, y exclusivamente por el comentario “no les da vergüenza porque no la tienen”.

Censura de la libertad de expresión
A este trabajador podrían haberle suspendido y retirado del servicio hasta tres años al expedientarle por falta grave ya que le acusaron de realizar, a juicio del CPB Málaga, “comentarios ofensivos en una red social contra un órgano de gobierno del consorcio, lo que implica una falta de respeto a sus superiores, así como acusaciones y mala intencionalidad en los mismos”. Este hecho fue recurrido y calificado como una “censura de la libertad de expresión” por la Federación Andaluza de Sindicatos de Bomberos que agrupa a sindicatos independientes de bomberos de Andalucía.

Piden destitución del trabajador que realizó el escrache
En coherencia con las normas disciplinarias aplicadas a los bomberos del CPB Málaga, el Sindicato ASeD exigirá que se paralice la prórroga del contrato mientras la empresa adjudicataria no proceda a expedientar y destituir al trabajador que protagonizó el escrache a la presidenta de la Junta de Andalucía.

tres militantes del Partido Popular, dos de ellos cargos del comité ejecutivo provincial, entraron a trabajar en el centro provincial de emergencias del Consorcio de Bomberos de la Diputación tras esta privatizació Tres militantes del PP, dos de ellos cargos del comité ejecutivo provincial, entraron a trabajar en el Centro Provincial de Emergencias de los Bomberos de la Diputación tras  privatizar un servicio. En la foto uno en plena  "faena" de escrache a la presidenta de la Junta



Tres militantes del PP en la empresa contratados por la empresa concesionaria
Se da la circunstancia que tal y como revelaron medios provinciales en Febrero pasado, tres militantes del Partido Popular, dos de ellos cargos del comité ejecutivo provincial, entraron a trabajar en el centro provincial de emergencias del Consorcio de Bomberos de la Diputación tras esta privatización por parte del equipo de gobierno del PP. Tras la privatización se mantuvieron a las antiguas empleadas y también se contrataron nuevos trabajadores; de ellos, tres miembros activos del PP. En concreto fueron dos secretarías de área del comité ejecutivo provincial del PP y el que fuera secretario del partido en Ciudad Jardín y que ahora aparece en la foto como uno de los integrantes el piquete acosados a la presidenta de la Junta de Andalucía.