Los socialistas de Comares sospechan que su alcalde, del PP, está imputado y que con el objeto de defenderse ha contratado los servicios de un reputado abogado de Málaga. Los datos que poseen indican que muy en breve se dictará sentencia. También han conocido que el caso se tramita desde hace dos años en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga y con el número de diligencias previas 3625/2009, bajo el epígrafe de “Delito contra la ordenación del territorio”. Según las fuentes consultadas la impresión es que “Fiscalía va a calificar y pedir penas en breve”.

Ocultismo
Los socialistas indican que el alcalde está intentando ocultar hasta que se haga público dicha situación. Por ello y ante el silencio y ocultismo del regidor popular, van a solicitar copia de la imputación.

Delito contra la Ordenación del Territorio
El motivo de la posible imputación sería un delito contra la ordenación del territorio al haber aprobado un proyecto de actuación en el campo próximo a una presa que lleva el agua a La Viñuela. Quieren conocer y así se lo han manifestado qué proyecto de actuación fundamenta la denuncia. Se sabe que la irregular actuación fue detectada por el Seprona.

Evasivas del alcalde
Ante el conocimiento que los socialistas han tenido de la posible imputación del alcalde se le ha preguntado al mismo en el pleno por este hecho, recibiendo siempre evasivas del alcalde. También se preguntan quien paga el costoso abogado contratado para defenderse ¿El ayuntamiento? ¿El Partido Popular? ¿El propio alcalde?

48 contenciosos
El Ayuntamiento de Comares tiene 48 contenciosos por parte de la Junta de Andalucía por irregularidades urbanísticas en él término municipal. Todas ellas situadas en terreno rústico, en parcelas de escasa superficie, y sobre las cuales la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga, ha emitido sus informes preceptivos y vinculantes en contra de dichos Proyectos de Actuación, a pesar de lo cual el alcalde, Manuel Robles, ha concedido la licencia, lo que ha dado lugar al correspondiente impugnación por la Junta de Andalucía, ante los Tribunales, los cuales han declarado nulos de pleno derecho los acuerdos plenarios que aprobaron esos Proyectos de Actuación.

Derribo de casas
Esto obliga al alcalde a ordenar el derribo de esas casas de los vecinos a los cuales se les dio la licencia y de las que se ha cobrado el impuesto de obras, teniendo este asunto como última consecuencia la responsabilidad patrimonial que estos vecinos afectados pueden pedir al Ayuntamiento. El Consistorio tendrá que hacer frente a grandes indemnizaciones por los daños y gastos ocasionados, con el consecuente perjuicio y quebranto para la arcas municipales, altamente endeudadas con numerosos préstamos.

Cesiones a dedo
Comares posee una característica urbanística como es la de contar con seis hectáreas de terreno alrededor del municipio y todo ello calificado como zona urbana. Se da el caso según fuentes socialistas, que el alcalde ha ido cediendo sucesivamente “a dedo” sorteando los procesos lógicos administrativos y de enajenación. En este caso, siempre según los socialistas, se hallarían 37 casas.

Protestas de los vecinos
Hay vecinos que han manifestado su protesta por no poder acceder a las mismas “oportunidades” y se quejan de que estos asuntos no pasan ni por pleno, ni se permite hacerlo mediante subasta pública sino por la vía del ya conocido popularmente como el artículo 205, es decir por un mecanismo que simula que se produce por “herencia de sus abuelos” y con solo el requisito de aportar dos testigos ante el notario que da fe de ello.

Supuesto grave delito
A juicio de la opción esto podría ser un grave delito, de falsedad en documento público y apropiación indebida, si el Alcalde no recupera esta bien patrimonial sustraído por los vecinos, el cual el grupo socialista se lo ha puesto en conocimiento por escrito a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento, por lo que si no insta ante los Tribunales la cancelación de esos asientos registrales, podría estar cometiendo un delito de malversación de caudales públicos por omisión, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades.

Una vecina cierra un aplaza
Otro de los casos polémicos y de irresponsabilidad de Robles es haber permitido que la plaza Peñantona, construida con dinero público, se proceda a su cerramiento por una vecina sin licencia de obras, ante lo cual Robles no ha ordenado la demolición de lo edificado sin licencia, así como tampoco se la ha concedido, habiendo convertido dicha plaza en una cerca para caballos y cabras en mitad del casco urbano, estas situaciones son las provocadas por la nefasta gestión del Alcalde, manifiestan fuentes socialistas.

Discrecionalidad en las licencias
Por último critica el PSOE local que una de las prácticas que utiliza en materia urbanística, es que dependiendo del nombre y apellidos de quien haga una obra se le exige la licencia de obras con sus correspondientes proyectos de técnicos y de intervención o no se le exige nada, es decir, diferentes varas de medir ante una misma situación, lo que podría suponer una resolución injusta a sabiendas.