Me apropio de la frase “la justicia es un cachondeo” del político andalucista Pedro Pacheco, que le ha costado años de cárcel (aunque formalmente es por otra cosa), para iniciar esta columna sobre los múltiples problemas que están creando los tribunales constitucionales en España y en buena parte de los países en los que existe la figura. En Europa, la creación de una instancia judicial supranacional para los 27 miembros de la Unión ha servido para enmendar la plana a resoluciones de estos órganos en variadas y diversas ocasiones.
En Polonia, el Tribunal Constitucional se plantea la desobediencia a la Justicia Europea para afianzar la deriva ultraderechista del Ejecutivo de Varsovia en su obsesión con la comunidad homosexual y los derechos reproductivos de las mujeres.
El caso español, la resolución del TC sobre el estado de alarma aprobado por unanimidad en el Congreso, es la respuesta al recurso del partido de extrema derecha Vox, que nunca debió admitirse a trámite porque pone en cuestión la división de poderes de nuestra democracia.
Al otro lado del Atlántico, el Tribunal Supremo norteamericano, el equivalente a los tribunales constitucionales de otras democracias, se ha visto erosionado especialmente por los precipitados nombramientos de Trump que ha dejado atada por muchos años una inclinación ultraconservadora entre sus miembros vitalicios.
Como se ve no es un problema solamente español, aunque en nuestro caso se ve agravado por el bloqueo de la oposición a la renovación de los máximos órganos judiciales, es algo mucho más grave: la infiltración de la extrema derecha y del integrismo religioso en las instancias judiciales supremas de los países.
Hay que reformar las constituciones y revisar la figura de los tribunales constitucionales si queremos atajar la desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas, que ha llegado a su máxima expresión en las últimas elecciones francesas al batir récords de abstención.
Que se acate el ordenamiento legal no implica que no se puedan criticar las decisiones de los jueces por más altos que estén en el escalafón, cuando estos servidores públicos son tan criticables como cualquier otro ciudadano en el ejercicio de su trabajo.
