¿Hay no ya coordinación sino incluso comunicación entre la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, y la dirección federal del Partido Socialista en los grandes asuntos que acaparan el interés de los ciudadanos? Si la hay, no lo parece. No parece, en todo caso, haber habido esa comunicación a propósito de la crisis de Abengoa. Mientras Pedro Sánchez pone el énfasis en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como vía de solución de la crisis, el Gobierno andaluz lo pone en la banca privada –entre ella, el Santander y La Caixa– cuyos préstamos ahogan el futuro de la multinacional sevillana, con más de 4.000 empleos directos solo en Andalucía y por encima de 20.000 en todo el mundo. Ayer en Córdoba, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que, "a través del ICO, de los avales públicos y también de la financiación europea", ponga "todo de su parte para buscar una salida a esta gran empresa, líder y referente en el mundo de las energías renovables", dando también "seguridad y estabilidad a los trabajadores de Abengoa". No es esa la posición del Gobierno de Susana Díaz. Sin citar expresamente al líder de su partido, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, dijo en cambio que Abengoa no podría acudir ni acogerse a ayudas públicas autonómicas, estatales o europeas para reflotar su situación, toda vez que la recepción de las mismas "les impediría participar en concursos o en cualquier proyecto y acudir al mercado", según marca la "muy esctrica" normativa comunitaria al respecto. LLAMAMIENTO A LOS BANCOS Horas antes, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la propia presidenta, Susana Díaz, ponían el foco de su argumentación no en la banca pública, como Sánchez, sino en la banca privada. Jiménez Barrios hizo "un llamamiento para que los bancos entiendan que hay que ayudar y que hay que arrimar el hombro, especialmente aquellos que tienen mayor compromiso financiero con la compañía", como ha apuntado que es el caso del Banco Santander y la Caixa. Y lo mismo decía la presidenta pero metiendo un poco más de presión: "En este tema, las entidades financieras no pueden fallar y tiene que demostrar que, igual que España se implica con el sistema financiero en los momentos de dificultad, ahora les toca a ellas también ponerse al frente y no dejar caer el empleo y una empresa puntera, importante para Andalucía, para España y fuera de nuestras fronteras". Aun así, el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, recordaba anoche que el grueso de la deuda de Abengoa es con entidades financieras extranjeras, un 80 por ciento frente al 20 por ciento que debe a bancos españoles. Según la consejera Montero, "con los volúmenes de los que hablamos no debe ser una solución menor, sino debe existir un gran acuerdo y una gran solución entre los inversores que actualmente están presentes en el consejo de administración y los que podrían ser potencialmente los que participaran en la ampliación de capital que estaba intentando hacer Abengoa". Y aclaraba: "Es la empresa la que está trabajando con los diferentes inversores y entidades financieras para llegar a una solución que permita en estos meses intentar el sostenimiento futuro de la empresa y mantenimiento de los puestos de trabajo, algo que nos quita el sueño y por lo que estamos consternados". POLÍTICAS NEFASTAS DEL PP El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ofrecía este jueves una conferencia en 'Los Desayunos de Diario Córdoba', dijo, por su parte, que "deberíamos preguntarnos ¿cómo se va a ganar la vida España durante los próximos ocho o diez años?, pues no podemos ser solo un país de turismo", ya que, aunque "le debemos mucho al sector del turismo, necesitamos industria, ciencia y más investigadores" y también "impulsar una economía verde que haga frente al cambio climático". En ello encaja la situación que ahora atraviesa Abengoa, pues, según ha recordado Sánchez, los socialistas llevaban "tiempo advirtiendo contra las consecuencias nefastas del ensañamiento del Gobierno de España contra las energías renovables, y no solo por motivos ambientales, sino también económicos", ya que "la eliminación de las primas, sin respetar la seguridad jurídica, está dañando profundamente a un sector en el cual la economía española es extraordinariamente competitiva". SORIA Y BÁÑEZ TAMBIÉN DISCREPAN Pero también parece haber diferencias en el seno mismo del Gobierno de España. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha descartado que el Gobierno se esté planteando una participación pública en Abengoa después de que la compañía sevillana solicitara formalmente el preconcurso de acreedores: "Lo que no está planteando el Gobierno es una participación pública, ni muchísimo menos, ni en esta empresa ni en ninguna otra". Sin embargo, la ministra de Empleo, la onubense Fátima Báñez se expresaba en unos términos bastante diferentes al garantizar la colaboración del Gobierno central para buscar "una solución real" para el futuro de Abengoa: "El Gobierno va a colaborar para hallar una solución desde el Instituto Oficial de Crédito (ICO) y va a estar al lado de los trabajadores", ha precisado, pero para eso, ha insistido, "se necesita el concierto consenso, el acuerdo y la unanimidad de todos los que participan en el capital de Abengoa". LOS NÚMEROS ROJOS Abengoa, por su parte, cifra en 8.903 millones de euros su deuda total bruta consolidada, cuyo coste medio es del 7 por ciento. De esta cifra, la mayor partida es deuda corporativa, por un importe de 5.828 millones a un coste medio del 7,6 por ciento. El pasivo total del grupo a cierre del tercer trimestre ascendía a más de 24.700 millones de euros. Con 24.000 trabajadores en todo el mundo, de los cuales unos 4.000 están en Andalucía, la empresa solicitaba ayer ante los juzgados de Sevilla acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal con el objeto de iniciar un periodo de negociación con las entidades acreedoras. Abengoa solicita el preconcurso tras romper Gonvarri Corporación Financiera, filial del grupo Gestamp, el acuerdo para adquirir el 28 por ciento de su capital, con una inyección de 350 millones, al considerar no cumplidas las condiciones a las que estaba sujeto dicho acuerdo.