Frente al “no me toquen los datos” en ninguna circunstancia de los integristas de la protección de datos, soy de los que comparten datos en las redes convencido de que la transparencia es mejor que la opacidad y que compartir trae más cuenta que competir.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que se aplica desde el 25 de mayo de 2018, se está utilizando como una puerta trasera para burlar el cumplimiento de la ley de Transparencia y Buen Gobierno y ya se dilucidan en los tribunales contenciosos en los que organismos de la propia Administración se oponen a las decisiones del Consejo de Transparencia invocando el RGPD.

En el debate actual sobre la utilización de nuestros datos individuales y colectivos por las grandes plataformas tecnológicas y los aparatos de seguridad de los estados, hay que aportar un poco de sensatez y apostar por la colaboración público-privada en la gestión de las grandes masas de datos.

Si para el buen funcionamiento de la sociedad se le pide a las administraciones públicas que pongan en abierto para su reutilización la mayor cantidad de datos posible que obran en su poder, resulta lógico que los datos que se generan al usar aplicaciones privadas como Google Maps, por ejemplo, puedan utilizarse por los ayuntamientos, las regiones y los gobiernos para mejorar el transporte público y la movilidad en las ciudades.

Como afirmaba este domingo en El País Mariana Mazzucato, catedrática de Economía de la Innovación y Valor Público y directora del Instituto de Innovación y Propósito Público (IIPP) del University College de Londres, “los gobiernos pueden y deben influir en los mercados para garantizar que un valor creado colectivamente esté al servicio del bien colectivo.”

Pero el debate no ha hecho más que empezar y afecta a ámbitos tan vitales como la seguridad vial. La Unión Europea prevé que desde mayo de 2022 los nuevos vehículos dispongan de una caja negra o tacógrafo digital avanzado que implica la geolocalización. Los datos registrados por este nuevo dispositivo permitirían, si se compartieran con las aseguradoras, rebajar las pólizas de seguro, pero esto ni siquiera se plantea por la aplicación estricta de la política comunitaria de protección de datos.

Más cerca, en Sevilla, la delegación de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, suspendió hace unos días las clases durante dos horas para convocar asambleas y tratar temas tan poco académicos como el viaje fin de curso y el diseño de las sudaderas que iban a vender. Por la ley de protección de datos, no pueden enviar un correo electrónico a todos los estudiantes matriculados. Sorprendente, pero cierto.