El Defensor del Pueblo de Andalucía. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El sindicato Acaip. El Ayuntamiento de Archidona. El Servicio Jesuita a Migrantes. El Consejo General de la Abogacía. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. La Asociación Libre de Abogadas y Abogados. Andalucía Acoge. Asociación Abraza África. Asociación Sin papeles, Comunidades Cristianas Populares. Coordinadora de Barrios. Federación SOS Racismo. Médicos del Mundo. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. SOS Racismo. Los partidos PSOE, Podemos e Izquierda Unida.

El rechazo es unánime y la lista, casi interminable. La decisión del Ministerio del Interior de alojar en la cárcel de Archidona, aún sin inaugurar, a casi 500 inmigrantes llegados el pasado fin de semana a las costas de Murcia ha desencadenado la protesta generalizada de más de una veintena de organizaciones sociales, además de diversas instituciones.

Ayer, los inmigrantes, la mayoría argelinos, demandaban libertad a gritos e intentaban llamar la atención haciendo señales con camisetas y toallas desde el interior de los módulos.

La versión de Interior

Interior se escuda en que cuenta con el respaldo judicial y asegura que este es el mejor sitio posible para los inmigrantes al haberse colapsado el sistema de CIES (Centros de Internamiento de Inmigrantes). En Archidona tienen de todo, dice el ministro Zoido: kits de higiene personal, raciones de comida, asistencia sanitaria con dos médicos y dos ATS, asistentes sociales, intérpretes, agua embotellada (hay que limpiar la red para “eliminar el cloro residual”).

Si todo es tan estupendo, ¿cómo es que no cesan los reproches a Interior? En primer lugar porque el centro de Archidona es una cárcel. Una veintena de organizaciones sociales estudian ya acciones legales ante lo que consideran una práctica "absolutamente ilegal, dado que el centro de Archidona es una cárcel que depende directamente de Instituciones Penitenciarias". Se trata, opinan, de "un hecho de una gravedad sin precedentes".

Fuera de la ley

Para las organizaciones comprometidas con los inmigrantes, los CIE “son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios es inaceptable y supone dar un paso más en la criminalización de la población inmigrante. No podemos entender cómo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dado el visto bueno para esta operación", ya que “se ha saltado la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia”.

También recuerdan estas organizaciones su posición sobre los CIE: “Son unas estructuras opacas en las que se encierra a personas que no han cometido delito alguno, supervivientes de un viaje traumático en el que han arriesgado su vida" y en el que "al menos 6.000 personas han fallecido en los últimos 25 años".

Igualmente, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ha expresado su rechazo. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mostrado su "preocupación y sorpresa" por la decisión, y lo mismo han hecho los partidos PSOE, IU y Podemos, además del principal sindicato de funcionarios de prisiones.