Caso Cassá. Puede que no sea el único caso, pero sí el que más ruido político hizo en su día, en el verano de 2020. Y lo seguirá haciendo, a tenor de lo dicho hoy en rueda de prensa por Teresa Rodríguez.

La líder de Anticapitalistas en Andalucía y diputada no adscrita en el Parlamento andaluz ha recordado hoy el caso a PP y Cs, tras el solemne pacto que ambos firmaron ayer y en el cual el partido que preside Juan Manuel Moreno se compromete a no aceptar tránsfugas provenientes de Cs.

El partido naranja se compromete a lo mismo, pero en realidad no ha habido ni se prevé que haya cargos del PP que se pasen a la formación naranja.

Para Rodríguez, el pacto de ayer es “un brindis al sol”, teniendo en cuenta que el alcalde de Málaga, Francisco de La Torre (PP), sigue siéndolo "porque un tránsfuga de Cs lo apoya desde su posición de no adscrito, a cambio de un sueldo en la Diputación de Málaga".

A la operación no fue precisamente ajeno el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, a su vez expresidente de la Diputación de Málaga y líder del PP en la provincia.

Rodríguez retó en estos términos a PP y Cs: "Si dicen que no habrá más tránsfugas en Andalucía, que desmonten el chanchullo que tienen en Málaga, porque eso sí es transfuguismo".

Además, la dirigente gaditana volvió a quejarse de haber sido expulsados de su grupo y acusados de tránsfugas ella y los diputados afines de Adelante elegidos en las autonómicas de 2018.

Aunque el PP de Málaga siempre negó que el exconcejal de Cs Juan Cassá fuera un tránsfuga, para el partido naranja no había ninguna duda. Su representante en la Diputación, Juan Carlos Maldonado, y la dirección nacional del partido lo dijeron entonces con todas sus letras: “Juan Cassá es un tránsfuga”. 

Cassá rompió con su grupo municipal en el Ayuntamiento cuando los naranjas dejaron de apoyar al alcalde De la Torre. El edil tránsfuga decidió mantenerle su apoyo y obtuvo por ello un cargo muy bien remunerado en la Diputación de Málaga, gobernada por el PP.

Cassá seguía teóricamente como diputado provincial no adscrito, pero fue nombrado portavoz del equipo de gobierno con un sueldo global que, sumado a las dietas que cobra por asistencia a los plenos del Ayuntamiento, supera los 90.000 euros anuales.