Como aquel Josef K. que se preguntaba quién lo habría calumniado para que, “sin haber hecho nada malo”, fuera arrestado una mañana y sufriera a partir de entonces un calvario procesal durante el cual nunca llegó a saber qué delito había cometido, José Antonio Griñán todavía no ha logrado entender por qué la Audiencia de Sevilla le impuso una condena de 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por unos delitos de malversación y prevaricación de los que el expresidente de la Junta de Andalucía querría saber en qué momento y en qué actos administrativos cometió.

Como se sabe, la sentencia de la Audiencia, en línea con las tesis de la acusación y de la instructora Mercedes Alaya, atribuía a Griñán y otros 18 ex altos cargos de la Junta haber urdido y mantenido a espaldas del Parlamento un sistema fraudulento de ayudas a empresas en crisis, dotado a lo largo de diez años con 680 millones de euros, consignados a su vez en las sucesivas leyes de Presupuestos que aprobaba ese mismo Parlamento.

La perplejidad del expresidente es, en realidad, compartida por buena parte de los 19 políticos condenados en el caso de los ERE y cuyos letrados ultiman estos días los recursos de casación que deberán elevar al Tribunal Supremo antes del próximo día 25.

Indicios y presunciones

El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías fue el primero en presentar el suyo la semana pasada y esta semana lo ha hecho el expresidente Griñán. Los escritos de ambos al Alto Tribunal guardan no pocas similitudes, pues si Zarrías que quejaba de haber sido condenado en base a "indicios absolutamente irrelevantes, cuando no directamente inexistentes e imaginarios” y a “razonamientos puramente especulativos, contradictorios e incorrectos", Griñán alega que su dura condena está basada no ya en meras presunciones, sino en “presunciones de presunciones”.

A lo largo de 320 páginas, el letrado José María Calero, que representa al expresidente, recupera muchos de los argumentos reiteradamente expuestos durante la vista oral, pero que no hicieron mella en el tribunal provincial presidido por el magistrado Juan Antonio Peña Calle.

Sostiene Calero que la sentencia recurrida: “no describe ninguna actuación ilegal” concreta de su defendido; "no narra que sustrajera alguna cantidad de esos fondos para sí ni que permitiera que otros lo hicieran"; "no identifica relación alguna ni con quienes los gestionaban y administraban ni con quienes los recibieron"; no desmiente que Griñán siguiera “siempre el criterio de los informes favorables de la Intervención General", pues entre 2004 y 2009 "fue promoviendo a norma de obligado cumplimiento todas las indicaciones y sugerencias” de la institución fiscalizadora; "desconoce las tajantes afirmaciones del interventor general”, absuelto en el juicio, "sobre la ausencia de menoscabo de fondos o la descalificación radical, que llegó a calificar de 'disparate', de las valoraciones de la Intervención del Estado", cuyos peritos señalaron que había habido fraude; o ignora la resolución del juez instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, excluyendo que Griñán pudiera haber cometido malversación, precisamente el delito cuya pena es de cárcel.

La pregunta de Ernesto

El recurso de Griñán advierte en la sentencia de la Audiencia de Sevilla una clamorosa “falta de concreción”, materializada en sus numerosos "términos ambiguos, equívocos, planos y confusos", así como en las reiteradas "lagunas, vacíos y ausencia de fundamentación" respecto a los hechos "esenciales". En definitiva, el fallo condenatorio "no ofrece explicación alguna o la que ofrece recurre reiteradamente a meras presunciones y presunciones de presunciones".

Se diría que, a lo largo del extenso recurso, fuera retumbando de página en página el eco de la pregunta que el confundido Ernesto le hacía a Lady Bracknell: “Me molesta mucho parecer curioso, pero ¿tendría usted la bondad de decirme quién soy?”, si bien con la diferencia crucial de que lo que en Oscar Wilde era comedia, en Griñán es tragedia.

Lo que el expresidente de la Junta viene a preguntarle a los jueces del Supremo es a fin de cuentas esto: ¿tendrían ustedes la bondad de decirme por qué quiere la justicia enviarme a prisión? Es lo mismo, por cierto, que les preguntaba Zarrías, aunque la condena a este es de inhabilitación, y que le preguntarán muchos de los condenados que preparan sus recursos.

Este caso es mucho caso

Nadie sabe ni puede saber a ciencia cierta qué hará el Supremo ante los recursos presentados, aunque es casi seguro que no endurecerá las condenas impuestas por la Audiencia porque esta ya recogía generosamente las elevadas peticiones de pena de la Fiscalía.

A favor de los condenados operan las lagunas, generalidades, incoherencias y saltos argumentales contenidos en el fallo y ya denunciados por las defensas; en su contra, que judicial, política y mediáticamente el caso ERE es mucho caso.

El Alto Tribunal, conjeturan los más pesimistas, difícilmente se atreverá a pinchar una burbuja que, de ver reducido drásticamente su tamaño merced a una sentencia más bien absolutoria, ahondaría aún más en el descrédito de la justicia por haber gastado, como en el parto de los montes, tantas energías y desvelos para finalmente parir un triste ratón.