Es lo que tiene no estudiarse las cosas. El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, se ha tirado hoy a la piscina sin asegurarse previamente de que tenía agua. Pues bien: no la tenía.

Hernández ha dicho hoy muy serio e indignado en rueda de prensa que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán "deberían de tener la dignidad de renunciar a sus privilegios" como exjefes del Ejecutivo autonómico, tal como recoge la Ley del 8 de abril de 2005.

Lo que no parecía saber el temerario 'nadador’ Hernández es que los privilegios contemplados en aquella ley fueron derogados en otra aprobada en 2011, en plena crisis económica, con la tormenta social arreciendo contra los políticos y siendo presidente José Antonio Griñán, cuyas relaciones entonces no eran, por cierto, las mejores con su antecesor en el cargo.

El portavoz de la ultraderecha andaluza ha exigido a los expresidentes que, puesto que han sido condenados en el caso de los ERE y dicha “condena penal les inhabilita y les deslegitima para que tengan esas ventajas", dejen de cobrar el complemento equivalente al 60 por ciento del sueldo del presidente de la Junta. En realidad, ninguno de los dos cobra tal complemento.

Y tampoco ninguno de los dos disfruta del “privilegio” de tener asignados medios personales y materiales necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas, y la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de dicha oficina y para las atenciones protocolarias que correspondan. Hernández se estaba refiriendo a una norma aprobada de hace quince años y derogada hace nueve.

Como dejen de disfrutar de esos privilegios de los que en realidad no disfrutan, Vox pasaría de las palabras a los hechos registrando –eso sí, con nueve años de retraso– una proposición de Ley en el Parlamento de reforma de la Ley por la que supuestamente se regula el Estatuto de los expresidentes de la Junta, de modo que cuando un exjefe del Ejecutivo tenga una condena se le anulen los medios de apoyo y "privilegios" contemplados.