“Tendré que volver a vivir en casa de mis padres”: un fondo buitre compra un bloque en Sevilla frente a la pasividad del gobierno de Sanz

Víctor Rodríguez tiene tres años para saber si podrá seguir viviendo en la casa en la que reside desde 2023 o si tendrá que volver a casa de sus padres ante la imposibilidad de asumir una subida del alquiler en el bloque de 102 viviendas protegidas de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, 27, en Sevilla. El inmueble pasó de manos de CaixaBank al fondo de inversión Inmoviling SXXI SL, cuya compra ha abierto la puerta a incrementos de hasta un 50% en algunas renovaciones del alquiler.

Su situación no es la más urgente de la comunidad, ya que Rodríguez aún dispone de tres años para volver a firmar un nuevo contrato. Sin embargo, sí que hay vecinos cuyos contratos ya han vencido o que se han encontrado con nuevas condiciones al renovarlos. La subida es inasumible para muchos vecinos, que en la actualidad no disponen de ninguna alternativa habitacional.

Los vecinos supieron de la operación a finales de marzo, según cuenta Víctor, a través de conversaciones entre residentes y de información que circuló en el ámbito de la junta municipal de distrito. La transmisión se había acordado entre Inmo Criteria Arrendamiento, vinculada a InmoCaixa, y la sociedad Inmoliving S. XXI, con sede en Cataluña. El precio de la operación se situó en unos 4,19 millones de euros por las 102 viviendas y sus plazas de garaje. El Ayuntamiento de Sevilla tuvo la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo para adquirir el bloque e incorporarlo al parque público, pero finalmente no lo hizo.

Los vecinos, el Sindicato de Inquilinas y la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla llevan desde marzo poniendo sobre la palestra la desesperación y malestar de los vecinos, que observan cómo desde el Ayuntamiento no dan solución a este problema habitacional. Durante la mañana de hoy, tanto el sindicato como los vecinos se han reunido frente al Ayuntamiento con una pancarta en la que se puede leer: “Fondo buitre compra VPO. Sanz no actúa. 102 familias en lucha”.

El portavoz del sindicato de Inquilinas, Ibán Díaz, recuerda que el edificio se compone de “viviendas sociales con alquiler social” fruto de una “colaboración público-privada” en la que el Ayuntamiento ponía el suelo. Díaz afirma que lo “más lógico hubiera sido que el Ayuntamiento hubiera hecho efectiva la opción de compra, cuatro millones de euros, cien viviendas dando al río, prácticamente un edificio prácticamente nuevo”. Sin embargo, el Ayuntamiento “ha hecho oídos sordos” según el relato del portavoz sindical.

Desde que conocieron la venta, los vecinos han impulsado movilizaciones y han buscado el respaldo de los grupos de la oposición. Rodríguez denuncia que PP y Vox han rechazado las iniciativas planteadas para que el Ayuntamiento adquiriera el edificio y protegiera a sus residentes. En julio, el Pleno municipal tumbó una moción de Con Podemos-IU que pedía incorporar las viviendas al parque público. El PSOE también ha criticado la operación y ha acusado al Gobierno local de no actuar para evitar que las familias queden expuestas a la presión inmobiliaria.

Víctor asegura que llevan meses tratando de ser recibidos y cuestiona que se haya presentado públicamente el diálogo con Emvisesa como si el problema estuviera resuelto. Afirma que el hecho de haber puesto sobre la mesa, a nivel nacional, el problema de la vivienda, sí les ha beneficiado, pues el Gobierno local, a través de Emvisesa, ha abierto recientemente una vía de interlocución con la asociación vecinal. En la reunión celebrada el 20 de octubre, ambas partes acordaron establecer un canal permanente de comunicación y analizar de forma individualizada los contratos para comprobar que cumplen la normativa de vivienda protegida.

Para el Sindicato de Inquilinas, la respuesta no puede limitarse a estudiar cada expediente por separado si no se aborda el grave problema de la pérdida de control público sobre viviendas que se construyeron con una finalidad social.

La posición de PP y Vox ha sido duramente cuestionada por los residentes y la oposición. Desde ese frente crítico, la renuncia a la compra se interpreta como una decisión que prioriza la operación inmobiliaria frente a la protección de las familias. Ambos, sindicato y afectados, siguen hablando de “oídos sordos” del Ayuntamiento a las peticiones de los vecinos, que deberán afrontar subidas en el alquiler que no todos los vecinos tendrán la posibilidad de afrontar.

Se pone en evidencia, una vez más, el gran problema de la vivienda en la ciudad de Sevilla, que no surge ahora con la demanda de todo un país, sino que supone un reclamo de cientos de vecinos sobre un tema de patrimonio público y justicia social.