La presidenta de la Junta de Andalucía primero y su vicepresidente unas horas más tarde se pronunciaban por primera vez ayer de forma explícita en contra de la permanencia de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena de Sevilla, lo que contraviene lo estipulado por la Ley de Memoria Democrática.

Preguntada por los pasos que darán al respecto la Iglesia católica y la Hermandad de la Macarena, titulares del recinto, Susana Díaz respondía así al programa La ventana de Andalucía, que dirige Fernando Pérez Monguió: “Bueno, yo espero primero que haya sentido común, porque es evidente que no es el lugar ¿verdad? idóneo para que esté y espero que haya, eso, responsabilidad, sentido común, coherencia y me consta que el diálogo está abierto con el Ayuntamiento, que así lo ha trasladado el alcalde al Arzobispado y a la Hermandad para que cuanto antes haya una solución”.

En la misma línea y midiendo cuidadosamente sus palabras, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, respondía anoche en la cadena andaluza de televisión Ondaluz: “La basílica de la Macarena no es lugar idóneo para la tumba de quien contribuyó a tantos asesinatos. Hay que hacer las cosas desde el diálogo, y de hecho la Hermandad es consciente de que tiene que resolver este asunto”.

Un proceso lento

El lento proceso para trasladar los restos del militar africanista tomaba en mayo pasado una cierta aceleración cuando la concejal socialista de Participación Ciudadana, Adela Castaño, revelaba a preguntas de Izquierda Unida que el alcalde iba a enviar una carta al arzobispo de Sevilla y a la Hermandad de la Macarena para “hacerles llegar los preceptos y principios recogidos en las diferentes leyes de memoria histórica y democrática, tanto estatal como autonómica, y las obligaciones que derivan de estas leyes para las entidades privadas”.

En julio de este año, el hermano mayor de la hermandad de la Macarena y concejal del Partido Popular en Ayuntamiento entre 1983 y 1999, Manuel García, eludía comprometerse en la polémica sobre la obligatoriedad de la cofradía de retirar de su basílica los restos del general golpista: "Está en manos de la asesoría jurídica. Si nos dicen que hay que quitarlo se quita y si no hay que quitarlo, no se quita", respondía huidizo García al ser preguntado por los periodistas.

Lo que dice la ley

En efecto, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía delimita con claridad quién debe ser el primero en mover ficha en este caso: “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".

En 2016, el grupo municipal Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla promovió una moción condenando el golpe del 18 de julio de 1936 y exigiendo que los restos de Queipo fueran trasladados de la basílica pues su ubicación era “una ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo”. La moción fue aprobada por unanimidad en todos los puntos, salvo el relativo a sacar de la basílica de la Macarena los restos de Queipo de Llano, en el cual el PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

Con la Iglesia hemos dado

El PSOE, y así lo dio a entender también ayer la presidenta andaluza, es favorable a la retirada de los restos de Queipo pues así lo exige la Ley de Memoria Democrática, pero de ningún modo quiere hacerlo a las bravas. Y menos estando de por medio la Iglesia y, sobre todo, el poderoso ‘lobby’ cofrade sevillano, que por el momento no están mostrando ninguna prisa en cumplir la ley.

Tampoco la justicia tiene especiales prisas en hacerlo. En noviembre de 2016, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla comunicaba la inadmisión a trámite de una demanda contra el Arzobispado al considerar que el asunto no era competencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo, dado que el recinto es propiedad de la Iglesia y no del Estado. “Las actuaciones del Arzobispado de Sevilla, o de cualquier otro Arzobispado de España, –argumentaba el juez– no están sometidas a esta jurisdicción pues no son Administraciones Públicas".

La exhumación va por barrios

La demanda la había interpuesto un año y medio antes el abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz, para que el juzgado obligase al Arzobispado de Sevilla a la "retirada inmediata de escudos, insignias, placas, derechos y honores, u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura".

Pero lo que en Sevilla todavía no ha sido posible, en Pamplona sí. La exhumación de golpistas parece ir por barrios. Ocurrió en noviembre de 2016: los restos de los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo, enterrados en el Monumento a los Caídos de la capital navarra, sí fueron exhumados por el Ayuntamiento de Pamplona y entregados a sus familias.