El cerco judicial se estrecha en torno al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla por la gestión opaca del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El juez instructor que investiga el presunto desvío millonario de fondos públicos hacia la sanidad privada ha dado un paso decisivo al exigir a la Junta de Andalucía una batería de documentos clave que podrían probar irregularidades de enorme gravedad cometidas durante los últimos años. La petición no es menor ya que apunta directamente a la cúpula del Gobierno andaluz, incluyendo al propio presidente Moreno Bonilla.
La investigación parte de la sospecha de que la Junta levantó de forma deliberada los controles de fiscalización sobre contratos de emergencia en el SAS, lo que permitió ejecutar adjudicaciones sin las garantías legales necesarias. Esta práctica habría facilitado, según denuncia la oposición, un trasvase de hasta 1.500 millones de euros de la sanidad pública a empresas privadas, todo ello bajo una arquitectura jurídica cuestionable que ahora se pone en tela de juicio.
El foco sobre los expedientes con reparos
El juez ha puesto su mirada sobre un documento en concreto: el informe de disconformidad emitido por la Intervención General del SAS el 11 de agosto de 2020. Este informe cuestionaba la legalidad de determinados contratos de emergencia y alertaba de un uso indebido del procedimiento. El magistrado exige ahora el expediente completo que dio origen a ese informe, así como todos aquellos en los que se repitiera el patrón: adjudicaciones sin control previo por parte de la Intervención, pese a estar sujetas a dicha fiscalización.
Además, la petición judicial incluye todos los expedientes tramitados por vía de emergencia entre 2021 y 2023, periodo en el que la Junta de Moreno Bonilla impulsó una política sanitaria marcada por el desvío de fondos a clínicas privadas mientras se reducían los recursos para la sanidad pública.
El juez reclama que esta documentación se remita conforme a lo estipulado en la Ley General de la Hacienda Pública y el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, en un intento por detectar si se vulneraron los procedimientos administrativos. De confirmarse las irregularidades, el caso podría derivar en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Imputaciones, querellas y escándalos
La gravedad de las sospechas ha llevado al PSOE-A a personarse en la causa como acusación particular. Los socialistas ya han anunciado una querella contra Demetrio González Mera, director económico del SAS en Cádiz, a quien acusan de haber ejecutado parte de los contratos investigados. González Mera, que inicialmente iba a declarar como testigo, ha sido ya imputado por el juzgado número 3 de Cádiz.
Según la acusación socialista, se habrían fraccionado contratos de forma deliberada para eludir controles, afectando a adjudicaciones por valor de 235 millones de euros. La operación se ejecutaba, supuestamente, desde el centro logístico del SAS gaditano, bajo la coordinación de González Mera.
Corrupción sistémica en el PP andaluz
El escándalo del SAS no es un caso aislado. La oposición vincula estas irregularidades con una “estrategia sistemática” del PP andaluz para beneficiar intereses privados en detrimento del sistema público. Altos cargos del partido de Moreno Bonilla están también imputados en otras causas: en Sevilla, Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno y presidente provincial del PP, continúa en su cargo pese a estar imputado por un presunto caso de corrupción urbanística.
En Almería, dos dirigentes populares están bajo sospecha por el presunto cobro de comisiones ilegales durante la compra de mascarillas en plena pandemia. Una conversación entre ellos, en la que hablaban de “tallas”, ha sido interpretada como una referencia al porcentaje de mordida, según el PSOE.
El portavoz socialista Mario Jiménez ha sido tajante: “La talla moral del PP en Andalucía es la que vemos en estos casos. Y mientras tanto, Moreno Bonilla se niega a apartar a los imputados”.
El silencio del presidente
A pesar de la gravedad de los hechos y de las exigencias de dimisión, Moreno Bonilla guarda silencio. Desde San Telmo no se ha dado ninguna explicación oficial sobre por qué se permitió actuar al margen de la Intervención General ni qué medidas piensa adoptar el Gobierno para colaborar con la Justicia.
El caso SAS se convierte así en una piedra más en el zapato de un Ejecutivo andaluz que ha hecho de la sanidad privada su bandera, incluso a costa —según la denuncia judicial— de desmantelar poco a poco la sanidad pública.
Lo que ahora se dilucida es si la privatización de facto del sistema de salud andaluz se hizo al margen de la legalidad. Y la documentación solicitada por el juez podría ser la clave que aclare si lo que hubo fue una gestión cuestionable o un escándalo de corrupción con nombre y apellidos.