La "protección permanente" de las VPO, uno de los motivos del rechazo de Moreno al Plan Estatal de Vivienda

La vivienda es una de las principales preocupaciones de los andaluces y andaluzas. Según el último Centra, el 21,6% lo indetifiacaba como el segundo problema que atañe a Andalucía, solo superado -levemente- por la sanidad (21,8%). Las administraciones llevan tiempo tratando de reducir un problema que tiene cientos de aristas, y que encuentra una combinación letal cuando entran en juego aspectos como: la turistificación, la proliferación de inmobiliarias, el libre albedrío del mercado, la laxitud normativa para formalizar contratos, la escasa protección al inquilino/a y un largo etcétera. 

Para tratar de poner algún tipo de remedio, el Gobierno central aprobó el pasado abril el nuevo Plan Estatal de Vivienda, un ambicioso plan cuyo objetivo era articular un "sistema público de vivienda que se convierta en el quinto pular del Estado del Bienestar". Este plan prevé para Andalucía 1.197 millones de euros, siendo la comunidad más beneficiada. Este dinero solo llegará si la comunidad que preside (actualmente en funciones) Moreno acepta la totalidad del plan.

En un primer momento, la Junta de Andalucía se adhirió al Plan Estatal. Criticó entonces algunas cuestiones que, en el día de ayer, sumó al rechazo por la "invasión de competencias" que contempla el mismo documento. Ahora, la recepción de este montante queda en el aire, a expensas de si las administraciones lograrán un entendimiento o, si por el camino, se perderá un ambicioso plan para dar solución a uno de los principales problemas de los andaluces. No sería la primera vez que el ejecutivo de Moreno recurre una normativa de vivienda del Gobierno de Sánchez o no desarrolla sus competencias, como declarar zonas tensionadas.

Los principales escollos

En la tarde de este martes la el Gobierno andaluz envió un comunicado en el que anunciaba que realizaba un requerimiento al Consejo de Ministros por un conflicto de competencias en el Plan Estatal de Vivienda. Los principales escollos para la adminsitración que dirige Moreno Bonilla en funciones se encuentran en: el aumento de inversión que realiza la comunidad autónoma, el blindaje permanente de las viviendas y el sistema de autorización estatal para la publicidad y difusión de las actuaciones, según se constata en la web. Esto es un rechazo político del plan, en sintonía con otras comunidades lideradas por el PP que han puesto en marcha el mismo mecanismo de acción contra el Ejecutivo central.

El Plan Estatal moviliza un total de 7.000 millones de euros, de los que a Andalucía le correspondería 1.197 millones. El Plan contempla que un 40% (478,8 millones) de los fondos destinados a las comunidades, en este caso Andalucía, deberán ser asumidas por estas. El problema, arguye el ejecutivo autonómico, es que mientras que la Junta tiene que invertir más de seis veces respecto al plan anterior, el Ejecutivo central invierte 'solo' tres veces más que lo que ahora. No obstante, hay que tener en cuenta que el nuevo Plan Estatal no solo tiene al Estado como el mayor aportador (60%, en Andalucía un total de 718,2 millones) sino que ha multiplicado casi por cuatro en Andalucía el plan anterior, que estaba dotado con 320 millones de euros (periodo 2022-2025).

Sin embargo, como decimos, el Plan Estatal del Gobierno blinda las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Una de las medidas más aplaudidas desde los sectores de la vivienda es la fijación de las VPO como tal categoría. De este modo, para que las autonomías puedan percibir el dinero estipulado deberán aceptar que las viviendas mantengan su calificación de protegidas "para siempre", eliminando la posibilidad de "descalificar" la VPO cuando pasen los años, como ocurre con la normativa autonómica andaluza.

Según la Ley de Vivienda aprobada por el PP, cuyo propósito también es "acelerar el aumento de ofertas de viviendas protegidas", la máxima protección a la que pueden acogerse las VPO en Andalucía es a 15 años, salvo si están construidas con fondos de la UE. A partir de entonces podrán salir al mercado libre. Además, la mínima protección son tan solo siete años. La Ley de Vivienda de Moreno se sustenta en el llamado Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urgana de Andalucía 2020-2030.

En este Plan viene estipulado el tiempo que los distintos tipos de vivienda de protección oficial pueden tardar en salir al mercado. Por ejemplo, las viviendas catalogadas como Régimen Especial son las que más tarde salen al mercado, 15 años. También son a las que tiene acceso más gente, puesto que las condiciones para el acceso son se basan en tener 2,5 veces los ingresos anuales del IPREM. Por otro lado quedan las viviendas de régimen general (10 años) y viviendas protegidas de precio limitado (7 años).

Si la Junta se acogiera al Plan Estatal, toda vivienda que se construyera con esos fondos estaría determinada por la normativa que marca el plan del Gobierno central, quedando totalmente invalidadas las cifras anteriores y, por tanto incapacitando a los compradores de hacer negocio con la vivienda, puesto que el proyecto de vivienda del Ejecutivo de Sánchez blinda ese tipo de construcciones.

Oposición andaluza

Para el PSOE-A, la decisión del Gobierno andaluz de rechazar el Plan Estatal de Vivienda supone un acto de "absoluta irresponsabilidad política" que "perjudica" directamente a la ciudadanía. La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento, María Márquez, ha calificado de "temeridad" que Moreno se atreva a recurrir un plan que traería a la comunidad autónoma "casi 1.200 millones" de euros extra destinados a la construcción de vivienda pública. Márquez ha expresado su incomprensión ante este rechazo, recordando que la vivienda es uno de los mayores problemas actuales y cuestionando "quién es capaz de rechazar" una cantidad tan importante de fondos que no pertenecen al presidente autonómico, sino a los andaluces.

En este sentido, la dirigente socialista ha achacado esta negativa a la "desconexión" del Ejecutivo del PP con la realidad social de la comunidad. Márquez ha ironizado sobre la postura del presidente de la Junta, asegurando que "desde un campo de golf los problemas de vivienda de los andaluces se ven de otra manera". Frente a la postura autonómica, el PSOE defiende la necesidad de un Gobierno central progresista que ponga sobre la mesa recursos históricos e intervenga para dar soluciones reales a los problemas cotidianos de la gente normal y corriente.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha enmarcado este conflicto de competencias en el modelo económico e ideológico del PP, asegurando que "la Junta de Andalucía trabaja para los rentistas". Según el dirigente de la formación andalucista, la administración autonómica legisla y actúa a favor de los fondos de inversión y de "la gente que se está lucrando con el drama de la vivienda", permitiendo que los alquileres se disparen por las nubes y las hipotecas resulten imposibles para la clase trabajadora.

Sin embargo, García ha aprovechado su análisis para lanzar una dura crítica al Gobierno central, afirmando que, en la vida real, la vivienda "es donde más se parecen el PSOE y el PP", ya que considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tampoco tiene una verdadera voluntad de hacer las cosas de manera diferente".

"Dejar que el mercado arrase"

Desde Por Andalucía, su portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, ha interpretado la impugnación del plan estatal como la constatación del modelo de Moreno Bonilla, que consiste en "no intervenir" y "dejar que el mercado arrase con un derecho humano básico". Maíllo ha advertido de que esta política está teniendo consecuencias trágicas que abocan a la comunidad a una absoluta "ruina habitacional", señalando como ejemplos concretos la expulsión de familias de los cascos históricos y de los barrios obreros tradicionales de Sevilla y Málaga para cederle el espacio a la especulación inmobiliaria.

Ante este escenario, el dirigente de Izquierda Unida ha defendido la imperiosa necesidad de intervenir el mercado "sin ningún tipo de complejo", tal y como plantea la filosofía de la normativa estatal, ya que de lo contrario será imposible satisfacer el derecho a la vivienda. Para reforzar su postura, Maíllo ha recordado que incluso instituciones "nada sospechosas de ser una vanguardia de izquierdas", como el Banco de España, han advertido de que la crisis de la vivienda se está convirtiendo en el "gran problema existencial" de la sociedad, por lo que ha hecho un llamamiento a construir alianzas sociales y potenciar la movilización ciudadana.