El Gobierno central ha destinado a Andalucía una inversión récord de 1.197 millones de euros en el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, lo que supone multiplicar por casi cuatro los fondos del plan anterior. Según han informado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la comunidad andaluza se sitúa como la región con mayor dotación presupuestaria de todo el país para articular un sistema público de vivienda blindado contra la especulación.

Este montante global, que contrasta con los 320 millones de euros del periodo 2022-2025, se basa en un modelo de "corresponsabilidad" entre administraciones: el Estado aportará el 60% del total (718,2 millones) y la Junta de Andalucía el 40% restante (478,8 millones).

Una de las partidas más atractivas es la financiación para la creación de viviendas públicas o de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por inmueble, el doble que en el plan de recuperación previo. Estas viviendas tendrán un alquiler máximo de 900 euros y estarán protegidas de forma permanente.

Para fomentar la modernización del sector, se habilitarán ayudas adicionales de 8.500 euros por vivienda si se emplean métodos de construcción industrializada. Además, si la promoción se ubica en una zona declarada como mercado residencial tensionado, se sumarán otros 8.500 euros adicionales, pudiendo alcanzar una subvención total de 102.000 euros por vivienda.

Andalucía, dada su riqueza patrimonial, se beneficiará especialmente del programa de rehabilitación. En los cascos históricos, las ayudas podrán llegar hasta los 50.000 euros por vivienda si se combinan mejoras estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética.

Por otro lado, el Gobierno busca movilizar las viviendas que lleven vacías más de dos años. Los propietarios andaluces podrán recibir hasta 30.000 euros (35.000 si es en el medio rural) para rehabilitar sus inmuebles si aceptan ponerlos en alquiler asequible durante al menos cinco años. Asimismo, se ofrece una ayuda de hasta 25.000 euros por ceder la gestión de la vivienda a la Administración para alquileres de máximo 600 euros mensuales.

En el ámbito de la protección social, el Plan Estatal de Vivienda introduce una batería de medidas diseñadas para amortiguar el impacto de los precios en los colectivos más sensibles de Andalucía. Entre las partidas, destaca el nuevo Bono Joven de Alquiler, una subvención directa de hasta 300 euros mensuales destinada a facilitar la emancipación. Esta partida cuenta con un carácter flexible, permitiendo a la Junta de Andalucía modular su cuantía al alza o a la baja para adaptarla a la disparidad de precios entre las distintas capitales y provincias de la comunidad. Aunque la aplicación de esa partida en Andalucía, así como en otras comunidades autónomas dirigidas por el PP, se ha demostrado poco eficiente. Particularmente en Andalucía, muchos de los jóvenes que se apuntaron para recibir la subvención en la primera partida, con denuncias por sobrecarga de la web, exceso de burocratización del proceso y lentitud mediante, no llegaron a recibir siquiera la subvención. 

Para combatir el reto demográfico en el mundo rural andaluz, se ha habilitado una línea de ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que decidan adquirir o construir su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Este incentivo se extenderá a localidades de hasta 20.000 habitantes en aquellos casos donde se certifique una pérdida constante de población, buscando así fijar el capital humano en el interior de la región.

Finalmente, el plan refuerza de forma "inmediata y digna" la respuesta habitacional para las víctimas de violencia de género. El Estado garantizará el pago de alquileres de hasta 1.000 euros mensuales, una cifra que podrá ser incrementada por la administración autonómica si las circunstancias del mercado local lo requieren. De igual modo, las personas en situación de vulnerabilidad extrema y con recursos limitados dispondrán de una ayuda general al alquiler de 250 euros mensuales para asegurar su acceso a una vivienda digna.

Fuentes gubernamentales subrayan que el plan incluye una "cláusula antifraude" y la obligatoriedad de que la Junta remita la información de los contratos de arrendamiento del registro de fianzas. Este control permitirá al Ministerio monitorizar en tiempo real el precio de los alquileres y la efectividad de la oferta pública en la comunidad.

Requisitos

Pese a ser la comunidad más beneficiada, la llegada de estos 1.197 millones de euros está supeditada a que la Junta de Andalucía acepte una serie de requisitos estructurales y financieros impuestos por el Ministerio. En primer lugar, la administración regional debe comprometerse a aportar el 40% de la financiación, lo que supone un desembolso propio de 479 millones de euros, una cuantía seis veces superior a su asignación actual para estos fines.

Asimismo, el Gobierno de España ha vinculado la ejecución de los fondos a dos exigencias normativas: la modificación de la reciente ley andaluza para recuperar el depósito público de las fianzas de alquiler -bajo advertencia de quedar fuera del plan si no se acata- y el mantenimiento de la protección permanente para todas las viviendas protegidas (VPO) construidas con estos fondos, prohibiendo su venta futura en el mercado libre.

Finalmente, el acceso a la línea máxima de subvenciones por vivienda queda condicionado a la declaración de "zonas tensionadas" según prevé la ley estatal, una medida que el ejecutivo andaluz ha rechazado hasta el momento. Dado que las competencias son autonómicas, corresponderá a la Junta decidir qué planes concretos activa y bajo qué condiciones dentro de este nuevo marco de financiación estatal.