La crisis habitacional está experimentando un nuevo nivel de tensión en las últimas semanas. En un contexto marcado por el alza de los precios (tanto alquiler como de compra), la proliferación sin freno de apartamentos y pisos turísticos y la reducción de la oferta, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en el barrio de El Retiro en Madrid, ha generado una intensa oleada de indignación que se manifiesta en la Puerta del Sol de Madrid con varias noches consecutivas acampando en forma de protesta. La acción, liderada por el Sindicato de Inquilinas, pretende forzar al Ejecutivo de Sánchez a aprobar un decreto ley de Vivienda que ofrezca protección a los inquilinos y ponga freno a la dinámica especulativa que impera en el mercado inmobiliario.
En esta crisis habitacional, Andalucía es una de las comunidades más afectadas. A lo citado anteriormente hay que considerar que es la comunidad en la que más se ha incrementado (porcentualmente) el precio de la vivienda en los últimos años, al tiempo que se masificaba la presencia de pisos turísticos. De hecho, en Andalucía hay actualmente más pisos turísticos que vivienda pública.
El parque residencial de la Junta de Andalucía, gestionado a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), cuenta con un montante total de 70.000 viviendas públicas, de las cuales hasta 48.000 son en régimen de alquiler. Y, pese a que es el mayor parque residencial de España, la realidad es que es un número completamente insuficiente para competir con la voracidad del mercado y con el contexto económico adverso con el que juega la comunidad andaluza.
Mientras eso sucede, otro dato que alerta de la situación es la cantidad de pisos turísticos que hay en Andalucía. Según los datos del INE del pasado noviembre Andalucía continúa a la cabeza de comunidades autónomas que acumulan un mayor número de viviedas turísticas en España, 91.757. Es decir, Andalucía cuenta ya con un mayor número de pisos turísticos que de vivienda del parque público, lo que evidencia y denota una clara desigualdad en el reparto de las necesidades y los bienes en nuestra comunidad.
Choque político
La oposición ha criticado este lunes que mientras esto ocurre en el terreno estatal mientras tanto en Andalucía, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, los gobiernos autonómicos se niegan a aplicar el Plan Estatal de Vivienda. De hecho, en la primera comisión sobre Vivienda en el Parlamento andaluz, la consejera del ramo, Rocío Díaz, expresó que su gobierno se niega a declarar zonas tensionadas en nuestra comunidad. Las zonas tensionadas son un mecanismo donde en un área geográfica el acceso a la vivienda es difícil porque el alquiler o la hipoteca y los gastos superan el 30% de los ingresos medios de los hogares, o porque el precio ha subido más de 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Si una administración (es competencia autonómica) declara una zona de esta tipología podría permitir que se limite el precio de los nuevos alquileres y endurecer las restricciones para que un "gran tenedor" de viviendas acceda a una de ellas.
El parlamentario del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha defendido el decreto en el que trabaja actualmente el Gobierno de España y ha pedido al Gobierno de Moreno Bonilla que "no se ponga de perfil" ante el problema habitacional: "Por lo pronto, necesitamos que el PP abandone el politiqueo. Necesitamos que apoye las medidas del Gobierno de España, porque no tienen ninguna alternativa a lo que nosotros proponemos y que vaya de la mano ante un problema de este calibre. Y, por supuesto, que la Junta de Andalucía y que Moreno Bonilla pongan los 136 millones de euros que le corresponden a nuestra comunidad autónoma para aprobar o para cumplir su parte del plan estatal de vivienda", que la Administración de Moreno ha elevado al Constitucional por evadir competencias autonómicas.
Por otro lado, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, en una entrevista en Canal Sur, ha defendido la gestión del Gobierno del PP en esta materia, trasladando toda la responsabilidad al Ejecutivo central. Según advierte el popular, la ley propuesta por el Gobierno -y que no aplican las comunidades autónomas- "lo que ha hecho es reducir la oferta, asustar a los propietarios ante la falta de herramientas contra las personas que no pagan", hasta el punto de que "hay indicadores" que "demuestran que el problema de la vivienda ha aumentado un 35% en España desde que Pedro Sánchez es presidente", según ha declarado.
Frente a ello, el portavoz del Grupo Popular ha reivindicado las actuaciones que el Gobierno andaluz ha realizado en el marco de las "competencias autonómicas" y que han tenido "resultado", y al respecto ha destacado que en esta comunidad se han realizado "en siete años 18.300 viviendas de protección oficial, cuando en los siete años anteriores se habían hecho 4.000".
Asimismo, el secretario de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha criticado tanto al Ejecutivo central de Pedro Sánchez por "prometer y no hacer", al tiempo que ha catalogado al PP como el "brazo político de los rentistas, de los especuladores y de los fondos buitre". Según ha advertido Salvador, la "responsabilidad" de la Junta de Andalucía es manifiesta, aunque "no esperamos ninguna medida". Los andalucistas han respaldado las movilizaciones por la vivienda que se secundarán en la comunidad autónoma y han reclamado al Ejecutivo central que el nuevo decreto debe cumplir íntegramente las exigencias del Sindicato de Inquilinas.
"Exigimos que se le prohíba a los fondos buitres comprar una vivienda más. Exigimos expropiar a los fondos buitres que, como vimos, han echado a Mari Carmen y a cientos de Mari Carmen por todo el Estado. Exigimos la congelación de los alquileres. Exigimos la suspensión de los desahucios. Exigimos una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que termine con el fraude de los alquileres de temporada y por habitaciones. Hay que acabar con una legislación que favorece al rentismo, a los fondos buitres y está expulsando a las personas de sus casas", ha agregado.
Por último, el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha puesto el foco en la clase trabajadora y ha reclamado a las instituciones que "respondan" con nuevas medidas ante la especulación inmobiliaria. En ese sentido ha advertido de "el que miedo tiene que cambiar de bando: no puede estar instalado en las familias trabajadoras, tiene que estar entre los grandes especuladores". Por ello, ha instado al PSOE a cambios legislativos en la normativa de Vivienda, pero también ha reclamado al Ejecutivo andaluz qye deje de "obstaculizar medidas previstas en la legislación estatal de vivienda", y le ha pedido que intervenga en el conflicto de las 91 familias de Écija (Sevilla), a las que un fondo de inversión pretende expulsar de sus casas, una situación que recuerda a la vivida por Maricarmen.
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