El acceso a la vivienda y el encarecimiento de los precios se han convertido una vez más en el epicentro del debate político andaluz, en este caso de una manera inevitable ya que el escenario del debate fue en la Comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio celebrada el pasado 10 de septiembre en el Parlamento de Andalucía. En dicho enclave, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha zanjado de manera tajante las reclamaciones de la oposición para que el Ejecutivo de Moreno Bonilla aplicara la Ley de Vivienda para así declarar zonas tensionadas en el municipios y, al mismo tiempo, limitar los precios de las viviendas. No obstante, Díaz rápidamente quiso poner fin a la discusión, asegurando que su Gobierno "no tiene intención de declarar ninguna zona tensionada" en la comunidad, pese a que los datos son, cada vez, más alarmantes.
El debate entre Díaz y los grupos políticos de la oposición ha puesto de manifiesto la existencia dos modelos antagónicos frente a la emergencia habitacional. Mientras que la Junta de Andalucía defiende su apuesta por el incremento de la oferta de vivienda y rechaza intervenir en el mercado, la oposición en pleno ha exigido la aplicación de la Ley estatal de vivienda para frenar los precios del alquiler y proteger a las familias trabajadoras y a los jóvenes.
Contexto habitacional
La crisis habitacional en Andalucía no es una novedad. La comunidad se sitúa como la segunda más pobre de España, con una renta media de 33.078 euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), también registra la mayor tasa de desempleo, 14,56%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026. Al tiempo, es la tercera comunidad donde más subre el precio del alquiler, un 3,8% en 2024, según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler 2024 publicado este año por el INE. Del mismo modo ha subido un 9,6% el precio del metro cuadrado (aquí nos libramos de estar en el podio), mientras que las viviendas turísticas continúan siendo una "plaga", con hasta 91.757 viviendas de uso turístico (VUT), la comunidad que más cantidad aglutina en España, según los datos registrados por el INE el pasado noviembre.
En definitiva, una mezcla explosiva que llevó a los andaluces y andaluzas ha señalar el problema de acceso de la vivienda como el probema que más les afectaba (22,2%) en la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), superando a la sanidad, que había copado la primera posición durante los últimos barómetros, y a la falta de trabajo o paro, que históricamente había sido la número uno indiscutible en este ranking. Aparte de las causas señaladas para que el cóctel sea explosivo, nos encontramos con la población joven que más tiempo tarda en emanciparse de España (solo el 12% de jóvenes entre 16 y 29 años lo están) y con los salarios más precarios (12.000 euros) ; también los que acumulan mayor cuota de desempleo (25%). Y por no hablar que según el informe del Estado de la Pobreza en Andalucía, el 40% de la juventud andaluza se encuentra en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema.
Choque político
El debate sobre el control de los alquileres ha abierto el fuego cruzado en la Cámara. La confesión de Díaz llegó tras la insistencia del portavoz en la comisión de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, que interpeló directamente a la consejera sobre esta medida de la normativa estatal: "¿Van a declarar en esta legislatura alguna zona tensionada para poder limitar los precios del alquiler?", preguntaba Rodrigo.
"Nosotros entendemos que limitar los precios del alquiler no es la solución definitiva. Una gripe no se cura con ibuprofeno. La crisis de la vivienda no se cura únicamente limitando los precios del alquiler, pero sí que creemos que es un gran alivio para miles de familias andaluzas, mientras que solucionamos los problemas que realmente nos han llevado a esta crisis de vivienda".
Ante esta demanda, la consejera Rocío Díaz respondió de forma categórica descartando por completo dicha vía: "Declaración de zonas tensionadas es una potestad del Gobierno andaluz", y según Díaz, "ningún ayuntamiento de Andalucía lo ha solicitado". Pero aún así aseguró que "también le voy a decir: este Gobierno no tiene intención de declarar ninguna zona tensionada. Así se lo digo", zanjó. Díaz argumentó, apoyándose en informes como los de FEDEA, que la regulación de precios provoca que haya menos oferta en el mercado y agrava el problema de la vivienda, dijo.
El PSOE-A denuncia el "balance demoledor" y la falta de entrega de VPO
Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Daniel Pérez, elevó el tono al calificar la gestión del Ejecutivo popular como un "fracaso generalizado" ante el principal problema de los andaluces: "El problema de la vivienda se ha convertido en el principal problema que tienen los andaluces durante su mandato". Así, Pérez señaló que en este tiempo2 "hemos podido ver cómo ha ido aumentando el precio de la vivienda", encareciéndose en un 50% la compra y un 55% el precio del alquiler", según los datos aportados por el socialista. Es decir, es una situación tan alarmante que pone de manifiesto el gravísimo problema al que nos enfrentamos". Pérez también reprochó a la Junta su falta de entrega efectiva de viviendas protegidas y le instó a colaborar lejanamente con los fondos estatales en lugar de judicializar los planes de vivienda.
En su réplica, la consejera defendió la gestión del Gobierno de Moreno asegurando que se ha multiplicado por cuatro la vivienda protegida en comparación con las etapas socialistas, defendiendo la autonomía en la gestión de los recursos frente al intervencionismo del Gobierno central y recordando que ya se han superado las 18.300 VPO impulsadas en el periodo.
Por Andalucía alerta sobre la "ley de la selva" y el impacto turístico
En la misma línea crítica, el portavoz en la comisión de Por Andalucía, Ernesto Alba, cargó contra la credibilidad del Ejecutivo autonómico y recordó el impacto de los pisos turísticos en las grandes ciudades y zonas costeras: "Con sus políticas quieren seguir reemplazando familias por turistas, hogares por pisos turísticos, estudiantes por cruceristas, médicos y profesores por especuladores, barrios por parques temáticos. Su proyecto de comunidad es básicamente eso, la ley de la selva. Este es el legado que nos hemos encontrado de su gobierno", sentenció Alba, denunciando que el incremento del precio del alquiler y la compraventa deja a los jóvenes sin capacidad de emancipación y a merced de los fondos de inversión.
Frente a estas críticas centradas en el auge del alquiler turístico y la supuesta inacción ante los especuladores, Rocío Díaz contraatacó señalando que la Junta ha colaborado estrechamente con los ayuntamientos y que se han cancelado más de 14.700 viviendas de uso turístico irregulares entre 2024 y 2026, reclamando a su vez al Ministerio del ramo una conferencia sectorial específica que, según denunció, lleva tres años siendo solicitada sin éxito por el Ejecutivo andaluz.
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