Enero de 2005. El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, propone al presidente de la Junta Manuel Chaves acudir juntos a un notario para formalizar este pacto: "Yo renuncio a mi paga de ex ministro a cambio de que usted rechace el blindaje de su ‘pensionazo’, ocho veces mayor que la del resto de españoles”.

Entonces no podía saberse que la largueza de Arenas tenía truco: el ex secretario general del PP cobraba suculentos sobresueldos del partido (en total, según los apuntes del extesorero Luis Bárcenas, 230.068 euros).

No menos severa se mostraba la portavoz del grupo parlamentario popular, Teófila Martínez. Un mes después del órdago de Arenas, Martínez le decía esto a Chaves: “Se ha hecho un cheque en blanco para usted y le ha puesto muchos ceros”.

La retórica fuertemente subida de tono con que durante años el PP andaluz denigró la pensión que cobraría Chaves como expresidente contrasta con los sigilosos planes actuales de Juan Manuel Moreno Bonilla para asignarse una pensión igualmente vitalicia una vez que deje el palacio de San Telmo. La fórmula jurídica sería modificar la actual Ley del Consejo Consultivo para buscar acomodo en él a los expresidentes con una asignación todavía por determinar.

Los trabajos preparatorios del plan están corriendo a cargo del consejero de Presidencia y mano derecha a Moreno, Elías Bendodo, que ya ha sondeado al Partido Socialista en busca de un apoyo que permitiría al PP compartir los costes políticos de la prerrogativa. La información, firmada por Lourdes Lucio, la avanza el diario El País en su edición de hoy.

La reforma prevista

La idea de la Consejería de Presidencia es, en palabras de Bendodo, “dignificar y poner en valor” la figura del expresidente, que era precisamente el argumento principal con que, tres lustros atrás, los socialistas intentaron sin éxito convencer al PP de que apoyara la medida.

La Ley del Consejo Consultivo que el Gobierno de PP y Cs quieren cambiar permite ahora a los expresidentes ser miembros permanentes de la institución hasta los 65 años, aunque cobrando únicamente dietas por asistencia a las reuniones.

Si la reforma del órgano de asesoramiento de Junta y ayuntamientos, que prevé eliminar esa limitación de los 65 años, fuera finalmente aprobada podrían beneficiarse de ella los expresidentes socialistas Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Susana Díaz. La situación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán dependerá que cuál sea finalmente la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERE.

El único expresidente que a día de hoy ha hallado cobijo bajo el manto del Consejo Consultivo es Rafael Escuredo, que ostenta el cargo de consejero electivo desde 2011, aunque tiene dedicación exclusiva desde 2014 con una retribución anual de algo más de 68.000 euros. Escuredo accedió a ese estatus salarial siendo Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía.

Marcha atrás socialista

Chaves, por su parte, nunca llegó a cobrar la pensión que preveía el estatuto de expresidente aprobado en 2005 por el Parlamento autonómico con mayoría socialista. En diciembre de 2011, casi dos años después de que estallara la crisis económica y siendo ya presidente de la Junta José Antonio Griñán, el PSOE dio marcha atrás y anuló el denostado ‘pensionazo’ que ahora pretende recuperar el PP.

El estatuto de los expresidentes que modificaría el Parlamento siendo Griñán presidente autonómico –y enemistado con Chaves para esas fechas– prescribía la siguiente cobertura llegada la jubilación:

“Cuando alcancen la edad de 65 años y cese su actividad laboral, los ex presidentes de la Junta de Andalucía tendrán derecho a percibir una asignación mensual igual al 60 por ciento de la retribución mensual que corresponda al ejercicio del cargo de quien ostente la Presidencia de la Junta de Andalucía. Cuando los beneficiarios de dicha asignación tuvieran derecho a pensión con cargo a los fondos de la Seguridad Social o clases pasivas del Estado, sólo tendrán derecho a percibir con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía la diferencia, en el caso de que la pensión de la Seguridad Social o de las clases pasivas del Estado fuera inferior en cuantía”.