“Yo no conozco ninguna iniciativa del Gobierno en esta materia, pero sí conozco de alguna conversación en la que desde el grupo socialista se puso sobre la mesa esta situación y sobre todo se hizo hincapié en algunos casos concretos. El grupo parlamentario del PP comparte que se tiene que poner en valor a los expresidentes, pero no estoy hablando de ninguna repercusión económica; solo digo que  es bueno que cualquier expresidente tenga un reconocimiento y valoración”.

Son palabras del portavoz del grupo popular en el Parlamento autonómico, José Antonio Nieto, este miércoles en rueda de prensa al ser preguntado por la embarazosa situación que se le ha creado al presidente de la Junta al trascender que su consejero de Presidencia, Elías Bendodo, entregó la semana pasada a la portavoz socialista Ángeles Férriz un breve dossier detallando las modificaciones legales que habría que hacer en el Consejo Consultivo de Andalucía para que los expresidentes de la Junta pudieran integrarse en la institución cobrando un sueldo, aún por determinar.

La pistola humeante

Cuando una periodista le recordó a Nieto la existencia de esa carpeta, el portavoz tuvo que hacer verdaderos equilibrios para salvarle la cara a quien es la mano derecha de Moreno en el Ejecutivo: puesto que los folios de esa carpeta no tienen el membrete de la Consejería de Presidencia, argumentó débilmente Nieto, sus autores podrían haber sido los propios socialistas. “Ese documento que tiene el PSOE, yo no lo tengo”, añadió, intentando sin demasiado éxito convencer a la prensa de tan peregrina hipótesis.

La existencia de dicho dossier fue revelada ayer por la portavoz adjunta del grupo socialista, María Márquez, que despachó la cuestión todo lo rápidamente que pudo: “No es una prioridad para el PSOE. Nosotros estamos a lo importante, el Gobierno se ha metido en un lío y tiene que salir de este lío”. La todavía secretaria general Susana Díaz nunca vio con buenos ojos la iniciativa, aunque ella pudiera ser beneficiaria directa de la misma.

En Ciudadanos hay un cierto enfado porque Presidencia no les hizo partícipes de la iniciativa, que, al igual que Vox, rechazan rotundamente, como se ocupó de explicitar su portavoz Fran Carrillo: “Mi partido está en contra de pagas, sueldos vitalicios y cualquier tipo de chanchullos y prebendas”.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en una entrevista radiofónica dio por buena la versión de que se había tratado de una iniciativa del Gobierno y hasta presumió de que ha sido Cs quien la ha parado. Unidas Podemos por Andalucía también rechaza la iniciativa.

Los beneficiarios

La propuesta de Bendodo, que fue adelantada por el diario El País en una información de Lourdes Lucio, elimina el tope de 65 años de edad a los expresidentes de la Junta para pertenecer al Consejo Consultivo con “derecho a percibir las retribuciones en los conceptos y cuantías que anualmente se fijen en la ley de Presupuestos de la comunidad autónoma”.

Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla serían beneficiarios directos de la reforma. También Manuel Chaves y José Antonio Griñán podrían serlo, pero solo en el caso de que el Tribunal Supremo los absolviera del delito de prevaricación que les atribuyó la sentencia de la Audiencia de Sevilla que juzgó el caso de los ERE.

Escuredo (Estepa, Sevilla, 1944) es el único que viene formando parte del Consultivo desde hace casi diez años y percibiendo un salario de algo más de 68.000 euros anuales desde 2014, cuando Susana Díaz era presidenta de la Junta. Si no se modifica la ley del Consultivo, quien fuera el primer presidente de la Junta debería abandonarlo y pasar a cobrar su pensión de jubilación, que en caso de ser la máxima rondaría los 38.000 euros anuales.

En sus respuestas, Nieto se mostró elusivo. No dijo que la iniciativa de Presidencia –ya descartada– no haya existido, sino que él personalmente no tenía constancia ni conocimiento de ella: “No conozco ninguna iniciativa del Gobierno de Juanma Moreno que vaya en esta dirección. Por este grupo no ha pasado ninguna propuesta que venga del Gobierno en ningún momento sobre esta materia”.

Fueron ellos, no nosotros

Nieto sí admitió conversaciones informales con distintos responsables del “anterior PSOE”, en referencia a la etapa de Susana Díaz. El portavoz popular intentó endosar el marrón a sus adversarios: “Los socialistas nos trasladaron en varias conversaciones la situación en relación al expresidente Rafael Escuredo, cuyo plazo de  permanencia en el Consejo Consultivo estaba por finalizar; también dijeron que había que buscar una solución para garantizar el reconocimiento a los expresidentes, como ocurre en el Gobierno de España y en otras comunidades autónomas”.

Preguntado por cuáles habían sido sus interlocutores socialistas, Nieto dijo tener “muchos defectos, pero no el de poner en evidencia o incomodar a alguien que ha negociado conmigo de buena fe, y tampoco ellos lo hacen conmigo”. Aun así, por ciertas las pistas que dio simulando que se resistía a darlas, algunos periodistas interpretaron que uno de esos interlocutores pudo haber sido el exportavoz socialista Mario Jiménez. Otra de esas personas habría sido su sustituto en la portavocía, José Fiscal.

Para Nieto lo lógico es que fueran los socialistas quienes tuvieran interés en instaurar una prerrogativa de ese tipo: “Creo que cualquiera con dos dedos de frente pensaría que si se impulsa una medida de este tipo no sería para beneficiar al PP, que no tiene ningún expresidente; todos los que hay son de otro partido”.

Un debate incómodo

En el caso de Moreno se da la circunstancia, siempre comprometida, de que su única actividad profesional ha sido siempre la política, de manera que un estatuto de expresidente sería una red de seguridad que, al garantizarle de modo vitalicio una retribución digna, no dejaría su futuro en manos del azar electoral o de la generosidad de su partido para situarlo en cargos acordes con sus pasadas responsabilidades orgánicas e institucionales.

“Nadie del PSOE andaluz ha dicho nada públicamente de este tema. No sé si lo van a decir”, aventuró Nieto. Y no erró demasiado el exalcalde de Córdoba, pues la portavoz María Márquez apenas pudo decir menos de lo que dijo cuando fue preguntada por ello.

En el Gobierno andaluz tienen a su favor la baza de que para los socialistas se trata de un debate doblemente espinoso: primero porque ellos aprobaron en 2005 -y derogaron en 2011- un decreto que garantizaba a los expresidentes lo que el PP denominó entonces como “pensionazo”, término hoy excluido de su vocabulario; y segundo porque sospechan que, además de ‘resolverle la vida’ a Moreno, la aparente generosidad del PP con los expresidentes socialistas Escuredo y Borbolla podría ocultar la intención de patrimonializar sus figuras, como con bastante éxito ha hecho con la del exministro de UCD Manuel Clavero Arévalo.