Episodio de tensión política en Martos, Jaén. Los trabajadores del Ayuntamiento han dicho basta ante las numerosas críticas expresadas por el Partido Popular a los procesos selectivos municipales y el trabajo de profesionales de este Consistorio Municipal. Un total de 22 empleados públicos han firmado un escrito conjunto en el que rechazan las acusaciones de supuesta falta de imparcialidad en la adjudicación de plazas y denuncian que se está poniendo en cuestión su profesionalidad sin aportar pruebas.
La polémica se arrastra desde hace semanas, después de que el grupo municipal del PP, con Francisco Javier Ocaña al frente, haya cuestionado en plenos y declaraciones públicas la limpieza de distintos procesos de selección impulsados por el Consistorio. Los populares han insinuado falta de transparencia en los tribunales calificadores, generando un clima de sospecha que ahora los propios funcionarios han decidido contestar por escrito.
En el documento remitido a los grupos políticos, los firmantes califican las acusaciones de “carentes de sustento fáctico y probatorio” y subrayan que han participado en los tribunales “de forma independiente y sin ningún tipo de coacción ni directriz política”. Aseguran que las manifestaciones del PP “atentan contra su honorabilidad” y advierten de que sembrar dudas sin base puede afectar a la credibilidad de los procesos selectivos y a la imagen del funcionariado municipal.
Los trabajadores recuerdan que en los últimos años se han celebrado numerosos procesos selectivos en el Ayuntamiento sin que hayan sido anulados ni exista resolución alguna que cuestione su legalidad. Insisten en que las valoraciones se han realizado conforme a criterios objetivos recogidos en las bases de cada convocatoria como formación, experiencia y méritos acreditados, respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El alcalde de Martos, Emilio Torres, ha salido públicamente en defensa de la plantilla con un mensaje contundente. Ha mostrado su “apoyo sin fisuras” a los empleados municipales y ha defendido su “honestidad y buen hacer” frente a lo que considera ataques injustificados. Según Torres, los trabajadores “se ven sometidos a una especie de juicio sumario” tanto por las intervenciones del PP en los plenos como por sus declaraciones en redes sociales y otros canales públicos.
El regidor ha sido especialmente crítico con la estrategia del Partido Popular, al que acusa de “haber perdido el norte” y de tratar de “sacar rédito político” de cuestiones técnicas que nada tienen que ver, a su juicio, con la gestión política directa. “Una cosa es hacer oposición responsable y otra muy diferente es atacar a los trabajadores públicos con mentiras infundadas”, ha señalado, lamentando que el debate político haya traspasado la línea del respeto institucional.
Torres también ha querido dejar claro que ni él ni su equipo de Gobierno han interferido “jamás” en los procesos selectivos realizados por el Ayuntamiento. Ha defendido la independencia de los tribunales y ha recordado que están integrados por personal técnico con trayectoria profesional acreditada. En este sentido, ha advertido de que cuestionar su labor sin pruebas supone dañar no solo a las personas concretas que forman parte de los órganos de selección, sino a la propia institución municipal.
El alcalde ha enmarcado además esta polémica en un contexto más amplio de denuncias previas que, según ha recordado, ya fueron archivadas por falta de indicios. Ha mencionado los expedientes abiertos en su momento por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, dos de ellos inadmitidos y otro rechazado, insistiendo en que no existe base alguna para sostener acusaciones de irregularidad en la gestión municipal.
El sindicato UGT en el Ayuntamiento también ha respaldado públicamente a los trabajadores. En su comunicado subraya que los integrantes de los tribunales son empleados públicos con una trayectoria acreditada que desempeñan su labor con “rigor, responsabilidad y absoluto respeto a la legalidad”.
La respuesta colectiva de los 22 empleados marca un punto de inflexión en la vida política local. No es habitual que funcionarios municipales intervengan de forma directa en el debate partidista, y su decisión refleja el nivel de malestar existente en la plantilla.
