El Partido Popular ha modificado significativamente su doctrina particular sobre en qué momento debe dimitir un alto cargo. Ayer volvió a defender la continuidad de Javier Arenas, presidente de honor del PP-A, como senador en representación de la comunidad, apuntando que no es "ni justo ni razonable" que por parte de partidos de la oposición se pida su dimisión cuando no tiene imputación en ningún procedimiento judicial.
No es la vara de medir que el mismo partido aplicaba en 2011 al expresidente de la Junta y vicepresidente tercero del Gobierno de España, Manuel Chaves, y al entonces presidente autonómico, José Antonio Griñán.
En la sesión de control al Gobierno de la segunda semana de marzo de aquel 2011, hasta por tres veces exigió el PP la dimisión de ambos, exigencia que en una cuarta ocasión reiteró poco después en rueda de prensa el portavoz parlamentario popular, Esteban González Pons.
El portavoz conservador pidió “formalmente” la dimisión de Chaves y Griñán, porque “conocieron y taparon” durante años el fraude de los ERE que entonces investigaba la justicia, aunque la imputación de ambos políticos no tendría lugar hasta cuatro años después y en aquel momento pocos podían suponer que acabarían procesados.
Ayer en rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, reiteró que Arenas compareció el martes en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja 'b' en calidad de testigo y no tiene ninguna imputación.
También se preguntó Nieto qué había cambiado desde febrero de 2019, cuando Arenas fue designado por el Pleno del Parlamento como senador por la comunidad con 91 votos de los 109 diputados, hasta ahora, para que pidan su dimisión en el cargo. Arenas es el único político en activo de los señalados por Bárcenas como perceptores de dinero negro.
Cartas marcadas
Asimismo, Nieto aprovechó para afirmar que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán fue designado senador por la comunidad cuando ya estaba imputado en el caso de los ERE, por el que luego fue condenado.
Con mala memoria o desconocedor de cuál era la doctrina de su partido hace una década, Nieto exigió coherencia a los partidos que piden la dimisión de Arenas como senador y que se aplique el "mismo algodón para hacer la prueba de la ética y lucha contra la corrupción en todos los casos".
Arenas, insistió, "es una persona que no tiene ninguna imputación en ningún procedimiento". Nieto y el PP andaluz juegan, en realidad, con ventaja porque están seguros de que la justicia no hallará pruebas de que Arenas cobró sobresueldos de la caja b que administraba Luis Bárcenas.
Tales pruebas le habrían sido robadas al extesorero en el marco de la llamada operación Kitchen, orquestada de fomra encubierta desde el Gobierno de Rajoy precisamente con ese proóposito.
En todo caso, es difícil encontrar hoy algún dirigente del PP que, en privado, niegue los sobres y la propia contabilidad ilegal del partido, esa que Javier Arenas el martes y José María Aznar y Mariano Rajoy el miércoles negaron ante el tribunal en su calidad de testigos, y obligados por tanto a decir la verdad.
El portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, José Fiscal, se preguntó en rueda de prensa "a qué espera" el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, para reclamar a Arenas "el cese o la dimisión inmediata” como senador por designación autonómica.
¿Hasta cuándo?
Fiscal exigió a Moreno “limpiar las filas de su partido" y sugirió si él mismo "va a hacer como Arenas y a preguntarse cuántos JM Moreno hay en el PP". El presidente andaluz, recordó el diputado socialista, "está en el 'top ten' de cobradores de sobresueldos en B del PP".
La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, también le dijo a Moreno que "debe cesar a Javier Arenas, que tiene el dudoso honor de ser el único implicado en esta escandelera que salpica a Andalucía y a sus instituciones".
Más dura fue la líder de Anticapitalistas Andalucía y diputada autonómica no adscrita, Teresa Rodríguez, para quien la destitución de Arenas como senador es una urgencia democrática porque es un político que "ha demostrado a los españoles que no tiene vergüenza".
