El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha registrado una proposición de ley para paliar la pobreza energética destinada a los hogares vulnerables, una iniciativa que tendría un coste de 300 millones de euros al año que propone cubrir con la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC).

Liquidación de los CTC
La secretaria general de Podemos y portavoz parlamentaria, Teresa Rodríguez, ha presentado hoy en rueda de prensa esta propuesta, que va acompañada de una proposición no de ley en la que se instaría a la Junta a pedir al Gobierno la liquidación de los CTC que se concedieron a las eléctricas desde 2007 y que supondrían 3.600 millones de euros. Rodríguez ha señalado que, aunque el Gobierno afirmó que había prescrito esta posibilidad de liquidación, existe un marco legal en la Unión Europea que permitiría recuperarlos, puesto que "a las eléctricas se les ha perdonado todo ese dinero por un trato de favor".

En riesgo de exclusión social
La dirigente de Podemos ha situado las causas de esta iniciativa en el aumento de las tasas de riesgo de exclusión social -con un 42.3 % de hogares en Andalucía en esta situación-, la baja eficiencia energética de las viviendas y el aumento del precio de los suministros, con un incremento del 60 % en los últimos ocho años. La iniciativa, ha explicado Rodríguez, propone que la situación de desamparo de un hogar tenga que ser declarada por los servicios municipales antes de que las empresas suministradoras puedan cortar la luz o el agua, por lo que estas tendrían que solicitar un informe para comprobar si se trata o no de un hogar vulnerable.

"Repensar" el actual "bono social"
Para conseguir el reconocimiento de hogar vulnerable se establece que se presente una solicitud de los miembros de dicho hogar mayores de edad ante los servicios municipales, que examinarán la documentación requerida, mientras en los casos en los que se esté recibiendo una Renta Mínima de Inserción (RMI) no serán necesarios más requisitos. Rodríguez ha apostado por "repensar" el actual "bono social" para que sea "progresivo", de forma que se establecerían tres niveles de pobreza en función de la vulnerabilidad de las familias: extrema, caso en el que recibirían recibirán un pago del 100 % del conjunto de sus tarifas energéticas (electricidad, agua y gas); severa, entre un 35 y un 50 %, y relativa, con una ayuda del 20 % de su factura.

Contratos fraudulentos
Ha señalado también que la mayoría de los contratos energéticos existentes son "fraudulentos" ya que las compañías obligan a contratar una potencia mayor de la que necesitan y ha abogado por "poner límites a las empresas para que no puedan engordar las facturas" por esta vía. La responsable de Podemos Andalucía ha mostrado la intención de su grupo de "seguir hablando" con el resto de formaciones políticas en el Parlamento, a las que ha instado a "retratarse" ante esta iniciativa y a las que ha pedido que sean "valientes" para "acabar con la lacra de la pobreza energética".