Desde que tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977, uno de los defectos que arrastra la vida política española consiste en que se pretende funcionar como un régimen presidencialista cuando en realidad estamos ante un sistema parlamentario. Es decir, los ciudadanos no elegimos de manera directa al presidente del Gobierno, pero sí a los miembros del Congreso de los Diputados, que son quienes a su vez eligen al jefe del ejecutivo, siempre que este alcance mayoría absoluta en la primera vuelta o relativa en la segunda. No obstante, como podemos ver por las campañas electorales, parece que todo se centra en la alternativa entre los cabezas de lista por Madrid de las formaciones políticas mayoritarias. Pero la realidad es que un ciudadano que resida en Andalucía nunca ha podido votar de forma directa a Adolfo Suárez, a Felipe González, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero o a Mariano Rajoy. No he olvidado en esa lista a Leopoldo Calvo Sotelo, pero debemos recordar que en su caso llegó a la presidencia tras la dimisión de Suárez, y que el Congreso le dio su apoyo en febrero de 1981. Este caso es el mejor ejemplo de que no nos hallamos en un sistema presidencialista, sin embargo nunca he escuchado, ni leído, que alguien haya dudado de la legitimidad que tenía Calvo Sotelo para gobernar, puesto que llegaba al poder de acuerdo con lo establecido en los mandatos constitucionales.

No obstante, parece que a veces los partidos políticos quieren que los ciudadanos ignoren cuál es la esencia del funcionamiento de nuestro sistema político. Así, la elección del presidente del Gobierno está regulada en el artículo 99 de nuestra Constitución, y en lo referente al presidente de la Junta de Andalucía, el art. 101 de nuestro Estatuto señala que “será elegido de entre sus miembros por el Parlamento”, y más adelante afirma que el presidente del Parlamento propondrá un candidato, quien defenderá ante la Cámara su programa de gobierno, y necesitará para ser elegido, en primera votación, la mayoría absoluta, o relativa en una segunda votación.

Dado que los gobiernos de coalición no están prohibidos en nuestro ordenamiento jurídico, no se entiende la insistencia del Partido Popular, y de Javier Arenas, en señalar que Griñán llegó a la presidencia sin pasar por las urnas (recordemos el caso de Calvo Sotelo, similar) y que ahora lo hace sin ganar las elecciones. En realidad, lo ocurrido es que los socialistas no tienen mayoría suficiente para gobernar en solitario y han buscado el apoyo de otro grupo parlamentario, y lo han obtenido. ¿Por qué sembrar dudas sobre la legitimidad del nuevo gobierno andaluz? ¿qué persigue la derecha con esta insistencia en falsear la realidad del funcionamiento de nuestro sistema democrático?

Quizás, como ya se hizo en la España de 1820, harían falta unas Sociedades Patrióticas dispuestas a dar a conocer y explicar el contenido de nuestra Constitución, y en nuestra época habría que añadir de nuestro Estatuto. Si entonces aquellas sociedades liberales se mostraban dispuestas a denunciar las “infracciones de la Constitución”, ahora también habría que descubrir el juego sucio de los populares. Los ciudadanos merecen conocer los mecanismos de funcionamiento de nuestro sistema, y que si aún hay quien pretende falsearlo, es porque se repite la historia en el sentido de que la derecha aún tiene miedo al conocimiento y a la formación del pueblo.

En esto, como en otras cosas, el PP tiene un comportamiento falsario, y sin embargo no escucho en boca de las demás formaciones políticas una aclaración sobre ello, no veo pedagogía política en los representantes socialistas, que no deberían cansarse de explicar esa realidad, si bien el problema quizás resida en que también ellos crean en que vivimos en un sistema presidencialista. Y para conocer las diferencias bastaría con algo tan sencillo como mirar a las recientes elecciones francesas a Presidente de la República.