Lo primero que aprende un periodista que ha trabajado en la Administración Pública es que los políticos no son tan listos como creen los periodistas que nunca han trabajado en la Administración Pública. Ni tan listos ni, por supuesto, tan malos. Lo primero que aprende un periodista en un sitio así es que los políticos son más o menos como las personas normales, pero con una tendencia más acusada de lo normal a creerse más listos de lo que son y, lo que es peor, a contárselo a sus inermes subordinados al más mínimo descuido de estos. La razón de esa exagerada creencia es doble: una, que en todo liderazgo es imprescindible que la gente sienta que quienes lo ejercen son mucho más listos que ella; y dos, que los periodistas tienden a atribuir a las decisiones de los políticos sofisticadas motivaciones estratégicas que los políticos acogen de muy buen grado puesto que tales análisis los convierten a los ojos del público y sobre todo a los ojos de sí mismos en tipos mucho más listos de lo que son, y nadie, sea político o no, es tan tonto como para no dar crédito a quienes lo consideran más listo de lo que es. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]UN NIDO DE DELINCUENTES[/cita] Ahora nos hemos enterado por la justicia de que la Junta de Andalucía era un nido de delincuentes, si bien con la singularidad de que se trataba de delincuentes que no sabían que lo eran. Pocas veces se habrá visto en la historia judicial el caso de tantos tipos delinquiendo a mansalva durante años y años sin saberlo. Alguien podría replicar que cómo puedo afirmar tal cosa cuando una juez instructora, un magistrado del Supremo y varios fiscales ven indicios de todo lo contrario. ¿Acaso soy yo más listo que todos ellos? Por supuesto que no, lo que pasa es que yo he trabajado ahí y ellos no. Y lo que pasa también es que yo conozco bien a Manuel Chaves o a Gaspar Zarrías y ellos no. Y lo que sé es que son tipos decentes. Como lo son la inmensa mayoría de los cargos púbicos que hoy están imputados en el macroproceso de los ERE. Y también sé que no eran delincuentes porque no son tan listos como haber urdido y ejecutado algo tan excepcionalmente sofisticado como lo que dice la justicia: engañar a la prensa, al Parlamento, a la Cámara de Cuentas, a los interventores, a los letrados, a los jefes de servicio, a la Seguridad Social… durante diez largos años creando un procedimiento administrativo ilegal para pagar ayudas a empresas en crisis y hacerlo, además, a la vista de todo el mundo, pues los ERE, por ejemplo, de las grandes empresas en crisis –Santana, Delphi, la Faja Pirítica…– eran públicos, estaban todos los días en los periódicos, se discutía sobre ellos en el Parlamento y este aprobaba cada año la Ley de Presupuestos donde figuraban las partidas para pagarlos. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]LA PARADOJA[/cita] Ya, pero ¿y qué hay de los pequeños ERE, de las ayudas a empresas que no estaban en crisis? ¿Acaso no es ahí donde estaba el mamoneo? No, no es ahí. Si estuviera ahí no estaríamos hablando de 800 millones: lo que dicen Alaya y Barreiro es que todos los pagos a esos 6.000 trabajadores que cobran o han cobrado prejubilaciones fueron ilegales porque se hicieron mediante un procedimiento urdido expresamente para eludir la fiscalización de dichos pagos. No digo que no se dieran ayudas que nunca debieron darse, pues sin duda tal cosa ocurrió numerosas veces: digo que no es eso lo que se discute en este caso. Lo que se afirma es que todas las ayudas –las que estaban justificadas y las que no– eran ilegales debido al modo en que fueron concedidas. Y aun así, se da la extraordinaria paradoja de que quienes sostienen que existió esa ilegalidad monumental no piden a los miles beneficiarios que devuelvan el dinero. Y otra paradoja más. Cabe preguntarse: ¿qué garantías tenían los delincuentes, mientras delinquían alegremente, de que un buen día a cualquier parlamentario de la oposición no se le ocurriera formular preguntas tan obvias como estas: cómo se pagan las prejubilaciones, con qué criterios se otorgan las ayudas o a qué empresas se les conceden? Porque si a cualquier diputado se le hubiera ocurrido hacer algo tan sencillo y tan de sentido común como eso, rápidamente todo el tinglado se habría venido abajo. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]LA OTRA EXPLICACIÓN[/cita] Hay una explicación más humana y más sencilla: la Consejería de Empleo creó en 2001 un atajo para poder dar con rapidez y agilidad las ayudas a empresas; ese atajo era discutible en términos contables o presupuestarios, pero no era ilegal; su uso se fue normalizando con el tiempo; tenía la extraordinaria ventaja de facilitar la discrecionalidad y rapidez en la concesión de ayudas; esa ventaja fue aprovechada por unos para hacer clientelismo político y por otros para meter fraudulentamente a familiares y amigos en planes de prejubilación; el presidente y sus consejeros más cercanos debían conocer no el fraude, pero sí esas prácticas a mitad de camino entre la discrecionalidad, la arbitrariedad y el clientelismo; y si no las conocían tenían la obligación de conocerlas: por eso son responsables políticos de lo ocurrido. Sostiene Barreiro que el uso de las transferencias de financiación para pagar lo que en realidad eran subvenciones fue un mecanismo creado para eludir la fiscalización previa, pero el caso es que el mecanismo era perfectamente conocido por la Intervención General, dueña y señora absoluta de todo lo que tiene que ver con el control legal del gasto. Tan perfectamente conocido que hizo más de una decena de advertencias sobre la falta de idoneidad o el carácter irregular de dicho mecanismo, pero nunca sobre su ilegalidad. ¿Debió el Gobierno haber hecho caso a la Intervención? Sí: sabiendo lo que ahora sabemos, sí. E incluso sin saberlo. Al no haber hecho caso a la Intervención cometió un error, no un delito. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]LAS ADVERTENCIAS[/cita] Ahora bien, si hizo todas esas advertencias y el procedimiento le suscitaba tantas dudas, ¿qué problema tenía el Interventor General para alertar a sus subordinados en el IFA o en Empleo ordenándoles que miraran con lupa las ayudas dadas con ese sistema bajo sospecha jurídica, contable o presupuestaria? ¿O qué problema tenía el Interventor General para trasladarle discretamente al consejero de Empleo o al presidente el mensaje de que dejaran de hacer las cosas como las estaban haciendo, dado que con su conducta estaban incurriendo en flagrante prevaricación, como estaba incurriendo él mismo al no frenarla en seco? Sobre el Parlamento, el juez Barreiro dice esto: “No se considera razonable que el Parlamento andaluz aprobara conscientemente un sistema integrado por un cúmulo de ilegalidades que abocaban necesariamente al descontrol”. ¿Y sí considera, en cambio, razonable que todo un Consejo de Gobierno lo hiciera? ¿Y sí considera razonable la connivencia delictiva de decenas de altos cargos y de funcionarios que nada ganaban personalmente con ello y tenían, en cambio, muchísimo que perder puesto que estaban consintiendo y participando activamente en una trama de prevaricación y malversación de fondos? [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]EL CHISTE[/cita] El escrito del juez Barreiro y los autos de la jueza Alaya recuerdan aquella historia del programa de humor 'Splunge' donde se ve una habitación de hospital con un enfermero y un paciente completamente cubierto con la sábana porque acaba de morir. “No hemos podido hacer nada por él, doctor”, le dice muy compungido el enfermero al médico que acaba de entrar. El doctor lo mira con displicencia, toma la gráfica del historial del enfermo y empieza a leerla en voz alta: tensión, bien; hígado, bien; azúcar, bien; circulación, bien; coronarias, bien… Y concluye con suficiencia: “Este tío está vivo”. Barreiro y Alaya han dicho: aquí hay transferencias de financiación, aquí hay modificaciones de créditos, aquí hay desfase presupuestario, aquí hay advertencias de la Intervención, aquí no hay fiscalización previa, aquí hay aparentes gastos de explotación, aquí hay intrusos… "Estos tíos son unos delincuentes". Tan perplejos como el enfermero de 'Splunje' se han quedado los políticos de la Junta al escuchar el dictamen del Supremo. No pensaban que su diagnóstico fuera a ser el mismo que el de la doctora Alaya, de manera que en su fuero más íntimo tal vez hayan empezado a preguntarse: ¿es posible que fuéramos unos delincuentes sin saberlo? ¿Es posible que seamos tan listos y malvados como los periodistas escriben que somos?