Es un hecho inequívoco que no están llegando a Europa las vacunas comprometidas porque AstraZeneca ha incumplido los plazos de entrega de dosis consignados el contrato firmado con la Unión Europea, cercano a los 900 millones de euros.
La farmacéutica anglo-sueca con sede en Gran Bretaña reconoció que no podrá cumplir con los compromisos de entrega de su vacuna en la Unión Europea, lo que levantó las críticas de las autoridades europeas. Como se sabe, el escándalo saltó viernes 22 de enero, cuando la empresa anunció de forma repentina a la Comisión Europea (CE) que no podría entregar inicialmente las dosis previstas.
En ese contexto, es significativo que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se lamentara de nuevo ayer de la falta de dosis y dirigiera su presión política al Gobierno de España y a la Comisión Europea, pero no lanzara el más mínimo reproche a la multinacional farmacéutica, pese a ser la principal responsable del desabastecimiento.
Moreno reclamó tanto al Gobierno como a la Unión Europea que "hagan lo que tengan que hacer" para incrementar el actual ritmo de vacunación contra el Covid-19, necesidades que cifró en el caso de Andalucía en 350.000 dosis semanales para cumplir el objetivo de alcanzar la immunización del 70% de la población en verano.
Un sector amigo
Desde que estalló el conflicto de la Unión Europea con la multinacional farmacéutica, que atribuyó el incumplimiento del contrato a problemas de producción en su planta en Bélgica, Moreno y otros miembros del Gobierno andaluz se han quejado de no tener suficientes dosis, pero de ninguno de ellos ha salido palabra alguna de censura a AstraZeneca, como si hubieran decidido imponer la penitencia al pecador equivocado.
A tan escrupuloso miramiento de la Junta con la farmacéutica tal vez no sea ajena la complicidad política de la Administración andaluza con el sector. Como reclamaban las farmacéuticas, Moreno prometió en su campaña electoral que cancelaría el sistema de subasta para la adquisición de medicamentos por el Servicio Andaluz de Salud, instaurado en 2012 y que ha ahorrado cientos de millones de euros a las arcas andaluzas.
San Telmo asegura que el sistema de subasta tiene los días contados, pero sus socios de Vox –también contrarios al mismo– han acusado al Gobierno de Moreno de “engañar a los andaluces y perjudicar a los farmacéuticos con la subasta de medicamentos que lejos de acabar con esa práctica, como prometió, la ha prorrogado”.
A principios de enero, la parlamentaria ultra por Sevilla María José Piñero no se andaba con paños calientes: "La pasada semana –escribió en un comunicado–el Gobierno de la Junta de Andalucía volvía a sorprendernos de manera negativa, y en una manipulación informativa sin precedentes, el presidente anunció el fin de las subastas de medicamentos”.
Por otro lado, a mediados de diciembre la Junta llegaba a un acuerdo con la poderosa cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma para la gestión logística de las vacunas contra la Covid-19 en una primera fase.
Bidafarma, de la que es gerente de Relaciones Institucionales la mujer del presidente andaluz, Manuela Villena, se comprometía a poner, de “forma gratuita y desinteresada”, a disposición del Gobierno regional "su infraestructura logística a fin de llevar a cabo de manera integral la gestión del almacenamiento, custodia y transporte de las dosis de vacunas contra el coronavirus que vayan llegando a esta comunidad autónoma".
