Además de los familiares de primer grado que desde 2019 no pagan impuesto de sucesiones y donaciones cuando perciben herencias de más de un millón de euros, los tíos, sobrinos y hermanos se incorporarán en 2022 a la lista de beneficiarios de las rebajas fiscales del Gobierno andaluz de PP y Cs. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
Como se sabe, a principios de 2019 el Gobierno autonómico aprobó en su primer Consejo la bonificación del 99 por ciento del impuesto a los herederos –padres, hijos, cónyuges y abuelos– que recibieran más de un millón de euros por cabeza.
Hasta esa cantidad, el impuesto ya había sido bonificado en el mismo porcentaje por el Gobierno de Susana Díaz a instancias de Ciudadanos. El Gobierno socialista necesitaba los votos de Cs para aprobar los Presupuestos de 2018 y, en septiembre de 2017, aceptaba tras muchas resistencias elevar a un millón de euros el mínimo exento, por heredero directo, del impuesto de sucesiones y donaciones, lo que a todos los efectos venía a significar que el impuesto lo pagarían únicamente los herederos muy ricos.
El compromiso del presidente Moreno, anunciado hoy en la clausura del foro 'Andalucía hacia el futuro' que organiza la agencia Europa Press, coincide con las exigencias de Vox, que en su día consideró “tenue e insuficiente” la rebaja fiscal de enero de 2019 y reclamó incluir entre los beneficiarios a “los extraños y los colaterales", es decir, tíos, sobrinos y herederos ajenos a la familia.
El presidente ha dicho en relación a este impuesto que Andalucía contará el año que viene con "el mejor régimen entre todas las comunidades autónomas en favor de hermanos, tíos y sobrinos", que hasta ahora podían llegar a pagar un tipo del 70% y que a partir de 2022 pagarán como máximo un 45%.
Moreno ha utilizado la expresión “fiscalidad amable” para describir las nuevas rebajas. También se ha felicitado de que la Junta siga dando pasos para que "definitivamente ese injusto impuesto deje de ser una pesada carga al trabajo, al esfuerzo de toda una vida".
23 países europeos lo cobran
Aunque Moreno lo considera un impuesto "injsuto", lo cierto es que no son pocos los países europeos que actualmente cobran impuestos sobre sucesiones o donaciones: Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Suiza, Turquía, y Reino Unido.
En España, el principal problema político de este impuesto es la falta de armonización entre las comunidades autónomas, a las que se les otorgó capacidades normativas para bonificarlo hasta en un 99 por ciento. Ello crea flgrantes situaciones de desigualdad entre territorios que son terreno abonado para la demagogia fiscal.
Cabe recordar que en mayo pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicaba un pormenorizado análisis en el que consideraba el impuesto de sucesiones un “importante instrumento” para avanzar en la recuperación económica.
"La crisis –señalaba el organismo internacional– ha exacerbado las desigualdades existentes y ha golpeado más a muchos hogares vulnerables, y los enfoques tradicionales de recaudación, como aumentar los impuestos sobre los ingresos laborales y el consumo, como en la crisis de 2008, pueden ser menos deseables desde una perspectiva de equidad y perspectiva de crecimiento".
No obstante, la OCDE también abogaba por recurrir a nuevas fuentes de ingresos o a otras infrautilizadas, que también serían compatibles con los objetivos de reducción de la desigualdad. En cifras, admitía que el impuesto de sucesiones suele generar muy pocos ingresos en los países de la OCDE y representa solo el 0,5% de la media de recaudación fiscal. En el caso de España, la recaudación se sitúa en el 0,58% del total, por encima de la media del 0,53% de la OCDE.
Según cálculos de la entonces consejera andaluza y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, serían alrededor de un 2% las herencias que se liquidarían en Andalucía en 2017, con una recaudación que iba a rondar los 400 millones de euros. En toda España la recaudación ascendía a 2.700 millones.
