Vinculado familiar y profesionalmente al mundo de la promoción y la construcción, Miguel Contreras Manrique es desde hace más de una década uno de los hombres de absoluta confianza del hoy ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Lo era y lo sigue siendo, hasta el punto de que el ministro parece que acaba de meterse en un nuevo charco al nombrar al constructor Contreras presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP).

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Miguel fue fichado por Juan Ignacio Zoido en 2004 como gerente del PP de Andalucía, cuando el futuro alcalde era el número dos del partido que entonces presidía Javier Arenas. De la mano de Zoido, Contreras también ocupó un sillón remunerado como miembro del consejo de la RTVA.

Generosas donaciones

Miguel es miembro del clan familiar sevillano de los Contreras cuya constructora Azvi aparecía en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas como donante al partido con más de 850.000 euros. Aunque inicialmente la instrucción judicial no logró establecer ningún nexo entre esa largueza empresarial y la adjudicación de obra pública, las sospechas nunca quedaron del todo despejadas.

De hecho, la acusación que ejercen Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y Los Verdes en la causa en la que se investiga la financiación ilegal del PP pedía en abril pasado al juez José de la Mata la imputación de 12 empresarios donantes, entre ellos José Luis Sánchez Domínguez, del grupo Sando, y Manuel y Guillermo Contreras, del grupo Azvi.

Discreción y buenas relaciones

La familia Contreras, muy numerosa, siempre ha mostrado gran discreción en su conducta social y política, lejos del ruidoso exhibicionismo tantas veces desplegado por otros nombres señeros de la clase alta sevillana. No obstante, sus relaciones con el poder político ha sido tradicionalmente muy fluidas, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista.

La muestra más visible de esa contrastada capacidad de relación y convocatoria es la caseta que la familia propietaria del Grupo Azvi tiene en la Feria de Sevilla. Desde hace años, los Contreras han venido invitando y agasajando en ella a destacados responsables políticos socialistas de la Junta de Andalucía, como Manuel Chaves o Magdalena Alvarez, pero también a dirigentes del PP y de sus gobiernos: por la caseta han desfilado nombres como el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, hoy en prisión, o la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, cuya imagen se hacía viral en 2015 bailando por rumbas y sevillanas en la caseta.

Consejero de una caja arruinada

El de responsable de infraestructuras penitenciarias no es el primer cargo controvertido que ocupa Contreras de la mano de Zoido. Precisamente cuando este llegó a la Alcaldía de Sevilla en 2011 nombró a Miguel Contreras gerente de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa).

El nombramiento levantó las sospechas de la oposición, y no solo por el perfil profesional y familiar del designado, sino porque, meses antes de acceder a ese cargo municipal, Contreras había sido multado por el Banco de España con 39.000 euros por la comisión de una falta muy grave durante el periodo en que perteneció al organigrama directivo de la caja cordobesa Cajasur, intervenida por sus cuentas ruinosas –pérdidas de más de 800 millones– y adjudicada a la entidad vasca BBK.

Al igual que otros consejeros también multados, Contreras recurrió la sanción pero finamente en agosto de 2013 el Banco de España hacía firme la decisión. No por ello, sin embargo, fue destituido de la empresa pública ni dejó, por tanto, de cobrar uno de los sueldos más altos del Ayuntamiento de Sevilla, cerca de 114.00 euros al año: en nuestro país, contribuir a la quiebra de una entidad bancaria rescatada más tarde con dinero público no inhabilita a nadie para ejercer un cargo público, y mucho menos si este está generosamente remunerado. 

Contratos bajo sospecha

La gestión de Contreras en el Ayuntamiento de Sevilla tampoco estuvo exenta de sombras. El diario El Mundo desvelaba en enero de 2014 que la Gerencia de Urbanismo venía adjudicando desde meses atrás contratos de obras sin publicidad a la empresa familiar del gerente de Emvisesa Vimac SA, precisamente la misma que aparece citada en el sumario de la trama Púnica por la adjudicación de obras públicas no concluidas.

Según la información firmada por la redactora María Rionegro, Vimac SA resultó beneficiaria de al menos tres contratos de obras que asciendían a 112.952,87 euros (sin IVA), a lo largo del último semestre de 2013.

Un centro fantasmal

En cuanto a su vinculación con Púnica, en abril pasado la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Superior de Madrid presentaba una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Torrelaguna contra los arquitectos municipales que diseñaron y firmaron el fantasmal Centro Cultural de Bustarviejo, que está sin terminar pero por el que se pagó más de 616.000 euros.

La adjudicación del edificio coincidió estando Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia y hoy en prisión, como presidente de la empresa pública Arpegio. Arpegio adjudicó esa obra a la empresa Vimac, actualmente al parecer en concurso de acreedores y cuyo apoderado era Miguel Contreras.