El resultado más tangible de la conferencia sectorial celebrada ayer en Madrid entre el Gobierno y las comunidades autónomas para acordar un reparto equitativo de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a nuestras costas ha sido una cifra: 40 millones de euros. Es la cantidad que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa para incentivar la solidaridad autonómica que desde hace bastantes semanas viene reclamando con insistencia la Junta de Andalucía.

El Gobierno central va a destinar 40 millones de euros a las comunidades autónomas que decidan acoger voluntariamente este año a menores extranjeros procedentes de otras regiones y a aquellas que hayan registrado un aumento en sus territorios en lo que va de 2018.
 Según los cálculos de la Junta, de esa cantidad global a Andalucía le corresponderán cerca de 30 millones de euros.


Andalucía lo celebra

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aprobar, en el plazo de seis semanas, un real decreto para la mejora y la atención solidaria de los menores extranjeros no acompañados, tal y como ha trasladado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a los representantes autonómicos.



El Gobierno andaluz celebró ayer una decisión encaminada a redistribuir territorialmente la solidaridad con los MENA. La presidenta Susana Díaz escribía ayer en Twitter: “Satisfechos con el compromiso del Gobierno de España y de las demás CCAA para la acogida solidaria de menores extranjeros no acompañados”

En la misma línea, la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, valoraba “de forma muy positiva que por fin se ponga en marcha la solidaridad entre CCAA para acoger menores no acompañados y la mejora en la financiación en este ámbito, tal como proponía la Junta de Andalucía”.

Éxito andaluz a medias

¿Lo acordado ayer en la mesa sectorial es lo que proponía la Junta? No exactamente. La posición andaluza la exponía así la presidenta el pasado 27 de agosto: "Si el 40% de los menores extranjeros no acompañados se están atendiendo en Andalucía, tiene que haber responsabilidad de todas las comunidades para compartir la atención a los niños y niñas que están llegando a las costas españolas y todo ello con los recursos adecuados".

El Gobierno andaluz hubiera preferido que el de España asignara cuotas de inmigrantes a cada autonomía, pero no ha sido posible, entre otras cosas porque hubiera sido necesario cambiar la actual legislación para obligar a las CCAA a ser solidarias.

Enfado con Díaz

De hecho, según ha sabido EL PLURAL de fuentes solventes, en el Gobierno de España estaba causando bastante malestar la presión de Andalucía con los MENA: entendían que el problema no era nuevo, pero sí lo eran las protestas de Susana Díaz contra un Gobierno que, en el fondo, decía compartir prácticamente sin reservas la posición andaluza. 

Según las mismas fuentes, desde el Ejecutivo central optaron por no entrar en polémica con Andalucía y no alimentar un desencuentro que podría enturbiar el clima de apaciguamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, trajaosamente instaurado con la llegada del primero al Gobierno.

La incógnita por despejar es, una vez que se publique el decreto gubernamental, cuántas CCAA se acogerán a él y decidirán coger el dinero para atender a los MENA. 

Una iniciativa excepcional

La medida del Gobierno, según la ministra de Sanidad Carmen Montón, es una "iniciativa excepcional" que tendrá una vigencia de 6 meses y que responde a razones de interés público, social y humanitario, "debido al incremento del número de llegadas de los últimos meses".



Según informa Efe, el real decreto que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros establecerá las normas reguladoras para la concesión directa de estas ayudas para mejorar la atención que reciben los menores tutelados por las distintas comunidades autónomas, y la distribución de fondos se hará en función del incremento de los menores atendidos por cada una de ellas desde diciembre de 2017.



Solidaridad voluntaria


Será, no obstante, una medida de carácter voluntario y contará con la autorización del Ejecutivo, que velará por que se cumplan los requisitos de calidad en la prestación de estos servicios.



Las comunidades tendrán un plazo de 15 días para presentarse voluntarias y, una vez cerrada la acogida solidaria entre las regiones y fijado el número de menores por cada autonomía, se procederá al reparto de los fondos que se realizará mediante un anticipo de crédito, que después cada comunidad tendrá que justificar.



"La idea está sobre la mesa y ahora tenemos un trabajo muy intenso de 15 días, en los cuales voluntariamente las comunidades tienen que decir si son solidarias en esta atención que queremos dar de calidad a los niños y adolescentes" extranjeros, ha indicado la ministra.



10.000 en toda España

Preguntada por la propuesta del Gobierno ceutí, cuyo portavoz, Jacob Hachuel (PP) pidió que estos niños no acompañados regresen a su país de origen, porque "los menores, donde mejor están, es en su entorno familiar", Montón aseguraba que nadie había planteado esa propuesta en la reunión sectorial de ayer.



Por el contrario, la ministra ha confiado en que las comunidades "entiendan la necesidad de solidaridad que tenemos con los MENA".



Matiz andaluz

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María Sánchez Rubio, ha asegurado que su comunidad, que es la que mayor número de MENA tutela (4.098), "nunca jamás va a dejar de atender" a menores extranjeros no acompañados y ha dicho que en el reagrupamiento familiar debe primar siempre el interés del menor.



Cree que la propuesta de Andalucía sobre el reagrupamiento familiar de los menores "se está tergiversando" y ha precisado que lo que pone sobre la mesa su comunidad es la existencia de casos "en los que es preciso saber cuál es la realidad porque tenemos que proteger a los menores".

Un protocolo serio

Antes de la reunión, el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, reiteró el ofrecimiento de su comunidad de acoger a "entre 18 y 20" menores y reclamó que se establezca "un protocolo serio" entre el Gobierno y las comunidades autónomas que determine cómo debe hacerse esa acogida.



Madrid ha pedido al Gobierno que lleve a cabo una política "seria" y más medios económicos para que las regiones puedan atenderlos, ya que en el caso de Madrid este servicio está "al límite".



Canarias, por su parte, ha reclamado al Ejecutivo que impulse nuevas formas de acogimiento para los mena, como las familias de acogida, y ha urgido a eliminar la presión de las comunidades receptoras.



Mientras, el País Vasco ha solicitado una mayor corresponsabilidad entre las comunidades autónomas para el reparto de estos menores y ha recordado que Euskadi acoge a 700 niños y niñas.