El anuncio recurrente de que Andalucía encadena sucesivos periodos recortando los días de espera en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) choca frontalmente con la radiografía elaborada por las entidades del sector. A pesar de que los balances institucionales insisten en destacar los avances en la agilización de expedientes, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha querido bajar el optimismo oficial al advertir que el tiempo medio para resolver una prestación en la comunidad autónoma se sitúa todavía en los 413 días, una cifra que duplica con creces el máximo legal de seis meses fijado por la normativa.
Según los datos difundidos por la federación correspondientes al cierre del mes de agosto, Andalucía acumulaba 39.487 personas en su lista de espera global, lo que representa un descenso de 2.595 personas respecto a julio y contabilizaba 348.957 beneficiarios con prestación efectiva. Si bien el informe reconoce una evolución positiva en la serie de los últimos ocho meses, periodo en el que el plazo medio de la comunidad se ha recortado en 83 días tras partir de los 496 registrados en diciembre de 2025, la brecha con el resto del territorio nacional sigue siendo muy acusada. Con una media española situada en los 302 días, la autonomía andaluza continúa 111 días por encima de la media estatal y mantiene la tercera peor marca de todo el país, solo por detrás de Murcia y Asturias.
Para la FOAM, sin embargo, la lectura de las cifras de agosto exige altas dosis de "cautela". Desde la entidad se subraya que la bajada mensual responde primordialmente a un "componente estacional", caracterizado por la menor actividad administrativa propia del periodo estival y por una caída del 25,0% en las nuevas solicitudes registradas en la comunidad durante dicho mes. Asimismo, el colectivo detalla que el grueso de esa reducción numérica se concentra en hacer efectivas resoluciones que ya contaban con el Programa Individual de Atención (PIA) aprobado, mientras que el tramo inicial de entrada, valoración y elaboración de expedientes permanece prácticamente "invariable, perpetuando de este modo la excesiva duración de los plazos".
Uno de los aspectos más críticos desgranados en el informe reside en el análisis del tiempo de demora efectiva. De acuerdo con el balance de la federación, el 97,8% de las personas que en Andalucía aguardan una resolución de grado o del PIA llevan esperando medio año o más sin que concurra ningún motivo de exclusión imputable al ciudadano. Este porcentaje contrasta de manera abrumadora con el 62,4% registrado como media en el conjunto de España, evidenciando que el verdadero problema estructural de la comunidad no radica tanto en el volumen global de personas pendientes, sino en la "duración extrema de la espera".
Detrás de estas demoras burocráticas persistentes se vislumbra el coste humano de la ineficiencia administrativa. Entre los meses de enero y agosto, al menos 2.714 andaluces han fallecido en la comunidad autónoma mientras permanecían atrapados en las distintas fases de la lista de espera de la dependencia, ya sea sin haber podido ser valorados o contando con el derecho reconocido pero sin llegar a percibir jamás la prestación efectiva.
Ante este panorama de urgencia social, la organización de mayores ha reclamado a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un "plan de choque de valoración y elaboración de PIA" que fije como objetivo verificable alcanzar el límite legal de los 180 días antes de que finalice 2027, exigiendo al mismo tiempo un incremento presupuestario autonómico y una mayor transparencia estadística para erradicar las deficiencias crónicas del sistema
El Gobierno andaluz celebra "cifras récord y avances" en la dependencia
El sistema de dependencia en Andalucía ha alcanzado cifras históricas a finales de agosto de 2026, con casi 360.000 personas atendidas (359.838) y más de 566.000 prestaciones otorgadas (566.523). Desde 2018, la cantidad de beneficiarios ha crecido un 69,5%, mientras que el número de prestaciones ha experimentado un aumento del 102,8%.
La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, resaltó que además del crecimiento en beneficiarios y prestaciones, el sistema ha avanzado en reducir los tiempos de espera, acumulando ya casi dos años consecutivos de descenso. En agosto de 2026, el tiempo de espera llegó a 413 días, la cifra más baja en los últimos 15 años en la comunidad.
Según López, "en el último año, el tiempo de espera se ha reducido en más de cinco meses, gracias al trabajo y las medidas impulsadas para agilizar el sistema". A pesar de que todavía queda margen de mejora, recordó que en el pasado los plazos superaban los tres años y medio y que ahora se han acortado en más de dos años.
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