Caso Avales: el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos no se resigna a ver cómo muere política y procesalmente un caso que ha venido siendo una verdadera mina de la que el PP ha extraído durante años abundante mineral que creía de primera calidad pero que, tras un detenido examen, un auto de la juez María Núñez ha determinado que no era más que ganga.
Pese a ser el recurso de la Junta contra el archivo del caso Avales un anuncio político importante, el consejero de Presidencia y portavoz Elías Bendodo tuvo la precaución de dejarlo para el final de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno: lo comunicó casi abandonando ya su atril y dando respuestas evasivas a los periodistas que quisieron conocer más detalles de lo que parecía un giro de 180 grados en la estrategia procesal del Gobierno andaluz.
Alfombras vacías
El consejero tiró de argumentario político, con expresiones como “no nos temblará el pulso para levantar alfombras, abrir ventanas y llegar hasta el final” o “no vamos a dar carpetazo al asunto”, pero no tuvo la gallardía de reconocer que el recurso de la Junta se limitaba a solicitar nuevas diligencias de investigación sobre las empresas beneficiarias de los avales, pero no sobre los ex altos cargos de la Junta que los otorgaron y de quienes el auto de archivo de la juez Núñez dijo que “se habían desvanecido uno por uno los indicios de la comisión de hechos delictivos”.
Los ex altos cargos de la Junta investigados son el exconsejero de Innovación Martín Soler, su exviceconsejero Jesús María Rodríguez, el exsecretario general técnico de la Consejería Juan Francisco Sánchez y el exdirector de IDEA Jacinto Cañete.
Política y justicia
La explicación del recurso de la Junta contra el archivo del caso hay que buscarla en la política, no en la justicia.
El carpetazo judicial dejaba al Gobierno andaluz en una situación extremadamente incómoda por dos motivos: porque el PP sigue personado en el caso y manteniendo su acusación contra los expolíticos del PSOE, lo cual resulta procesalmente insólito y políticamente incompatible con que la Junta de Andalucía gobernada por ese mismo partido solicitara el archivo del caso, que es lo que hizo su Gabinete Jurídico; y porque durante años el PP ahora en el Gobierno mantuvo que el caso Avales escondía un fraude millonario de envergadura similar a la de los ERE o los cursos de formación.
El consejero Bendodo cifró el posible fraude en 140 millones de euros, aunque eludió aclarar que, en todo caso, habría sido cometido por las empresas beneficiarias, pues en la tramitación de los avales por parte de IDEA “no se apreciaban –se afirma en la parte no recurrida del auto de archivo– indicios de concesiones arbitrarias o meras liberalidades, de delitos de prevaricación o malversación, no siendo objeto de investigación las meras irregularidades administrativas por muy graves que sean".
La burbuja
No en vano, remachaba la juez, eran los técnicos de las gerencias provinciales quienes examinaban las solicitudes de las empresas y “realizaban una propuesta de concesión" en base a criterios exclusivamente técnicos a los que los políticos daban luz verde sin interferencias, hasta el punto de que “no existe ni un solo supuesto en el que con informe desfavorable se conceda la ayuda”.
Como se sabe, la impulsora del globo judicial ahora pinchado por Núñez fue su antecesora al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, cuya hipótesis de trabajo era –al igual que en las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación– que los políticos de la agencia IDEA habían favorecido deliberadamente a determinadas empresas y personas próximas a la órbita del Partido Socialista.
