En la rueda de prensa del primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones –que excepcionalmente ha cambiado por el jueves su fecha habitual de los martes–, no ha sido el portavoz Elías Bendodo el encargado de denunciar el último ‘escándalo’ descubierto por el Ejecutivo conservador en la gestión de los socialistas.
La denuncia ha partido de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, según la cual hay un desfase de 71,5 millones de euros entre lo declarado como ejecutado por la anterior Administración a cuenta del canon del agua y lo realmente llevado a cabo, según la cuenta general de la Junta.
¿Uso irregular o maquillaje?
“No debo hacer un juicio de valor sobre el por qué de este desfase”, ha dicho Crespo tras esparcir las sospechas sobre sus antecesores preguntándose "si se hizo un uso irregular de los fondos o simplemente se utilizó como herramienta para maquillar la gestión realizada".
Crespo ha reprochado al anterior Gobierno la “distorsión” entre los datos declarados y los efectivamente auditados por los órganos de contabilidad y fiscalización de la Junta.
Según el relato de la consejera, la Cámara de Cuentas confirmó en su Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta en 2017 una "desviación" del canon --ingresos menos gastos-- de 464,65 millones de euros que reflejaba la Intervención General, mientras que el informe de ejecución del canon de dicho año hecho público por el anterior Gobierno andaluz aseguraba que esa diferencia entre ingresos y gastos era sólo de 393,1 millones de euros. Ahí se produce el desfase de los 71,5 millones de euros.
Crespo afirma que el anterior Gobierno socialista dijo haber ejecutado, a 31 de diciembre de 2017, el 32,5 por ciento del canon del agua --190 millones de euros--, pero que la Cámara de Cuentas y la Intervención rebajan el porcentaje al 20,3 por ciento, es decir, a 118,5 millones de euros.
Como se sabe, el canon del agua se incluye en las facturas de los usuarios andaluces como impuesto finalista para financiar infraestructuras hidráulicas del ciclo integral del agua de competencia autonómica.
