El sistema de atención a la dependencia en Andalucía atraviesa un momento crítico que amenaza con desbordar por completo los servicios sociales de la región. Según los últimos datos oficiales del Imserso correspondientes al mes de febrero, la lista de espera en la comunidad ha sufrido un incremento alarmante. En tan solo treinta días, el sistema ha sumado 12.000 nuevas personas que han quedado atrapadas, pendientes de una primera valoración o de recibir su prestación económica o servicio asistencial.
Con un total de 56.613 andaluces atrapados en este angustioso "limbo" de la dependencia (frente a los 44.570 registrados apenas un mes antes, en enero), la comunidad experimenta un doloroso paso atrás. Se retrocede de golpe a niveles de saturación y colapso que resultan inéditos desde abril de 2024, borrando cualquier intento de avance esgrimido por el Ejecutivo de Moreno Bonilla, desmentido por los datos de febrero. Estas abultadas cifras colocan a Andalucía en una posición límite. Es la segunda comunidad autónoma de España con la mayor lista de espera, quedando únicamente superada por Cataluña (con 81.063 expedientes) y situándose muy por delante de la Comunidad Valenciana (30.513).
Ante este escenario, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha dado la voz de alarma con contundencia frente a lo que consideran unas "graves dificultades estructurales del sistema" que le impiden por completo absorber la creciente demanda ciudadana. La paradoja es evidente y cruel: mientras las solicitudes para entrar en el sistema aumentan mes a mes fruto del natural envejecimiento de la población, la capacidad de respuesta de la administración autonómica ha menguado drásticamente. Esto está generando un severo cuello de botella donde los trámites se estancan: bajan las resoluciones emitidas y, como daño colateral directo, caen los beneficiarios efectivos que realmente están recibiendo una atención integral en sus hogares o en centros especializados.
Una espera que cuesta vidas
El dato más dramático e irreparable de este colapso es, sin duda, el elevado número de personas que fallecen antes de poder recibir la ayuda a la que tienen pleno derecho por ley. Detrás de las estadísticas se esconden familias desamparadas y mayores altamente vulnerables. Solo en el pasado mes de febrero de 2026, 652 andaluces murieron atrapados en esta lista de espera. De ellos, la inmensa mayoría (437 personas) se marcharon sin haber sido siquiera valoradas por los servicios médicos y sociales, mientras que otros 215 fallecieron con la frustración de tener el grado de dependencia ya reconocido oficialmente, pero sin haber llegado a percibir la prestación o el recurso vital que necesitaban, según FOAM. En lo que va de año, esta tragedia silenciosa eleva la cifra a 895 fallecidos en la comunidad andaluza bajo estas mismas circunstancias.
El laberinto burocrático es desesperante para los solicitantes. Actualmente, un dependiente en Andalucía se enfrenta a una auténtica carrera de obstáculos, esperando una media de 477 días -más de un año y tres meses- para que se resuelva definitivamente su expediente. Esta escandalosa cifra incumple de manera flagrante e inaceptable el plazo máximo legal estipulado en 180 días, y consolida a la región andaluza como la segunda comunidad con mayor demora crónica de todo el territorio nacional, perpetuando una vulneración continua de los derechos sociales básicos.
Ante la insostenibilidad de esta situación, desde FOAM exigen la adopción de medidas extraordinarias y urgentes por parte del gobierno autonómico. Reclaman un refuerzo inmediato y sustancial de la capacidad administrativa -dotando de más personal a los equipos de valoració.- y una inyección de financiación suficiente y finalista que logre revertir esta peligrosa tendencia al alza. "La dependencia no puede convertirse en una carrera contra el tiempo: cuando la ayuda llega tarde, para muchas personas simplemente ya no llega", sentencian desde la federación, recordando que detrás de cada expediente hay una vida que no puede seguir esperando en pausa.
