La empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) tendrá que devolver a la Junta de Andalucía una subvención de 11,8 millones de euros reclamada por la propia Administración andaluza y otorgada en 2009, cuando trabajaba como letrada en la compañía la hija del expresidente andaluz Manuel Chaves.

La ayuda, ratificada en un Consejo de Gobierno presidido por Chaves, fue objeto de una querella del PP por prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias que, en febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó por unanimidad y ordenó archivar. El Alto Tribunal argumentó que "las afirmaciones del querellante sobre la subsunción en el delito de prevaricación carecían de relevancia para su consideración como indicios de delito".

Resolución de reintegro

El TSJA da ahora la razón a la Junta, cuya resolución de reintegro databa de noviembre de 2013 y fue recurrida por Matsa, primero por la vía administrativa y más tarde por la vía judicial.

La reclamación autonómica, tramitada por la agencia IDEA, se sustentaba en un informe de la Intervención General de la Junta según el cual Matsa inició la construcción de una planta de tratamiento, objeto de la subvención, antes de concurrir a la convocatoria de subvenciones, en 2008, extremo que prohibían las bases reguladoras del reglamento de incentivos.

La minera siempre negó que la obra se hubiera iniciado antes de presentar la solicitud de subvención, pero el tribunal ha concluido que no fue así: los trabajos, dice la sentencia, se iniciaron antes por las facturas presentadas e incluso imágenes aéreas del 8 de noviembre de 2007 publicadas en un diario local que mostraban “el avanzado estado de ejecución de la planta de tratamiento".

El papel de Paula Chaves

Como informó en detalle el diario Público en junio de 2009, la abogada Paula Chaves Iborra, hija del expresidente Manuel Chaves, no solicitó ni gestionó la subvención, en contra de lo que sostenía la querella del PP andaluz.

Según la información de Público, su firma como apoderada sólo constaba en “el último paso de una tramitación que duró 16 meses: en concreto, la rúbrica de Paula Chaves aparecía en el documento de aceptación por parte de Matsa de la ayuda pública, fechado el 23 de febrero de 2009, 42 días después de haber sido aprobada por la Consejería de Innovación y 35 días después de ser ratificada por el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves”.

Fue otra persona, Javier López Rubio, quien solicitó y tramitó la ayuda, aunque no concluyó las diligencias porque Matsa puso fin a su relación laboral con él. La Junta denegó otro incentivo a Matsa, en marzo de 2008, con Paula Chaves ya incorporada a su plantilla.

La Junta tampoco cambió las órdenes de incentivos para favorecer a Matsa, como denunciaba el PP. A la empresa le correspondió la misma ayuda tanto con la nueva legislación, en vigor desde finales de 2008, como con las anteriores, de 2007 y 2005. Cuatro empresas más en la msima situación que Matsa– Triturados Blanco Macael, Marcael SL, SA Reverte de productos minerales y Omya Clariana– recibieron incentivos para proyectos de tratamiento y transformación de minerales.