Al menos durante veinte días una vez cada cuatro años las organizaciones políticas que se presentan a las elecciones generales (también ocurre, pero en menor medida con las autonómicas y municipales), suelen dedicar un par de párrafos en sus programas electorales (un documento que pocos solemos leer) dedicados a la Memoria Histórica (cada vez menos) o a la Memoria Democrática (cada vez más). La validez del programa electoral, una vez que se ha accedido al poder, o a la oposición, es una cuestión que suele olvidarse rápidamente y más aún su cumplimiento (Luis Llach demandó a Felipe Gonzáles en 1986 por incumplimiento y el juez la desestimó al no estar recogida esta posibilidad en el ordenamiento jurídico español), pero queda muy bien para enseñárselo a los potenciales votantes, aunque no tanto para las hemerotecas, y menos aún para la Historia. UN ESPACIO EN LOS PROGRAMAS En estas últimas semanas decenas de entidades memorialistas se han manifestado y han solicitado, pedido e incluso exigido a los candidatos y candidatas para que la Memoria ocupe un espacio en esos programas. Aunque en realidad debería de haber ocurrido al revés, o sea que deberían haber sido los partidos los que tendrían que haber solicitado a la sociedad civil y sus entidades aquellas cuestiones que deberían formar parte de esos listados de intenciones, con plazos de ejecución incluido. Visto lo visto nos atrevemos a sugerirles solamente dos temas (para no repetirnos) que no hemos localizado por ningún lado, a pesar su importancia, en materia de dignidad, justicia e incluso reparación. Los otros temas (fosas comunes, simbología franquista, reconocimiento de la figura del preso esclavo del franquismo, reconocimiento de los/as guerrilleros antifranquistas, robo de bebes, lugares de la memoria, fosas comunes, etc…) seguro que ya se lo han trasladado el resto de entidades memorialistas. RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN Primera: reconocimiento y reparación de la memoria de las mujeres que fueron objeto de vejaciones (víctimas de rapado, aceite de ricino y violencia sexual). Esta reclamación incluye: trabajos de investigación en torno a las prácticas, de las tropas golpistas y la trama civil que las apoyaban, de “rapar y hacer ingerir aceite de ricino e incluso la violación” sobre las mujeres que formaban parte, directa o indirectamente, de aquellos colectivos que defendían la República y la Revolución; reconocimiento de todas estas víctimas de la represión a través de las Normas, Decretos o Leyes que sea necesario e incluso de la realización de actos públicos, preferentemente, en los lugares que ocurrieron los hechos; y reparación de carácter institucional, incluso económico. Segunda: inscripción en los Registros Civiles, por parte del Estado, de aquellos que el franquismo hizo desaparecer (asesinados/fusilados) en fosas comunes: cumplimiento de la Disposición adicional octava de la Ley de Registro Civil (cuya inclusión tanto trabajo costó) por la que se “favorece” la inscripción en el Registro Civil de aquellas víctimas por parte de los servicios jurídicos de los Ayuntamientos de donde eran vecinos. Estas actuaciones también la pueden promover el Ministerio Fiscal y la autoridad gubernativa. Se parte además de los Acuerdos de Pleno de los Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Coníl de la Frontera, San José del Valle y Prado del Rey (Cádiz). Almonte (Huelva). Granada capital. Alcalá de Guadaira, Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta, El Castillo de las Guardas, Herrera, Guillena, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Corrales, Martín de la Jara, Santiponce, Sevilla capital y Valencina (Sevilla). Pleno Diputación de Cádiz, Córdoba y Sevilla. Desconocemos si alguno de ellos llegó a finalizar las gestiones. Algunos sí las iniciaron pero pronto desistieron, aunque muchos tienen, incluso, alcaldes y concejales entre “los desaparecidos”. ¿Cansancio, dejación, irresponsabilidad… o simplemente unas promesas más sin cumplir? (*) Cecilio Gordillo es coordinador del grupo de trabajo de CGT-A Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía (RMHSA).