Los hermanos Ruiz-Mateos figuran entre los 183 imputados por los ERE por las ayudas de la Junta a cinco empresas del grupo Nueva Rumasa. EFE



La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha pedido hoy una fianza civil de 6,4 millones de euros, que superarían los ocho si se suma el tercio legal, para José María Ruiz-Mateos Rivero, quinto hijo del dueño de Rumasa imputado en la causa de los ERE fraudulentos.

Las decisiones las tomaba su padre
Fuentes del caso ha informado a Efe de que el empresario, al igual que sus hermanos ya imputados, ha dicho a la juez Mercedes Alaya que quien tomaba las decisiones en el grupo era su padre y que el "conseguidor" Juan Lanzas era un simple colaborador que traía negocio a sus empresas.

Fianza de 6.485.785 euros
La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ninguna medida contra Ruiz-Mateos, han precisado las fuentes, pero la Junta de Andalucía ha solicitado una fianza civil de 6.485.785 euros, incrementada en el tercio legal previsto para estos casos, que equivale a la cantidad percibida por los cinco ERE del grupo en Andalucía en los que medió Lanzas.

Los tres hermanos
Dicha cantidad se repartirá de manera solidaria con sus tres hermanos que intervenían en las empresas de Rumasa en Andalucía: Javier, Pablo y Zoido, según la Junta, y todo ello sin perjuicio de la cantidad final que se establezca en cuanto a las ayudas percibidas de la Administración.

Solo coincidió con Lanzas en una ocasión
El imputado ha afirmado que solo coincidió con Lanzas en una ocasión y ha negado los supuestos pagos en dinero B, que atribuyó al ánimo de venganza de la persona que ha vertido tales acusaciones, el exabogado de la familia Joaquín Yvancos, por su "notoria enemistad hacia la familia".

Familia imputada en el "caso ERE"
Los hermanos Ruiz-Mateos figuran entre los 183 imputados por los ERE por las ayudas de la Junta a cinco empresas del grupo Nueva Rumasa, entre ellas el Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), Dhul y tres bodegas jerezanas. Su padre, José María Ruiz-Mateos, se encuentra a la espera de ser reconocido por el forense de Pozuelo de Alarcón (Mádrid), donde reside, quien debe determinar si está en condiciones de trasladarse a Sevilla para declarar.