"No resulta ajustado a derecho traer a la causa todas las ayudas en forma de aval concedidas por la Agencia entre el año 2000 a 2010, para a continuación buscar expediente por expediente a ver si se encuentra algún ilícito penal, abriendo una especie de auditoría general contra personas físicas o jurídicas, públicas o privadas".
Este argumento de la juez María Núñez está referido a la instrucción sobre los avales otorgados la agencia pública IDEA, pero igualmente podría aplicarse a las macrocausas de los ERE o de la formación, sobre cuya instrucción también iniciada en su día por Mercedes Alaya su sucesora en el Juzgado 6 de Sevilla mantiene serias reservas.
De hecho, sobre la causa de los ERE Núñez opina, al contrario que Alaya, que no todas las ayudas otorgadas fueron ilegales, sino únicamente aquellas en las que se beneficiaron trabajadores intrusos o cuya concesión no estaba justificada por la situación de la empresa beneficiaria.
La casa y el tejado
En un auto fechado el día 26 de enero, la juez María Núñez Bolaños es muy crítica con el modo de trabajar de juez Mercedes Alaya, hasta el punto de identificarlo con la expresión "empezar la casa por el tejado".
En dicho escrito, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza una serie de pruebas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la investigación por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA, de la Junta de Andalucía.
La juez rechaza todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y critica que "este tipo de petición genérica" de documentación, como por ejemplo lo referente a todos los acuerdos del Consejo Rector de IDEA donde se ratificaron los avales concedidos, "no hace sino crear mayor complejidad innecesaria en una causa ya de considerable entidad".
Un mal modo de operar
En opinión de Núñez, el modo de operar de su antecesora en el Juzgado "no es el adecuado o conveniente", lo cual “ha supuesto en la práctica una disfunción en este órgano judicial (…) invadido por numerosos expedientes, ocupando múltiples dependencias con archivos innecesarios, cuya clasificación, escaneo y devolución en la actualidad está suponiendo un gravoso esfuerzo para toda la oficina judicial y en especial para las letradas de la Administración de Justicia que asumen dicha labor".
¿Y en qué consistiría ese darle la vuelta al modo de trabajar de Alaya? Así lo explica Núñez: hay que “concretar qué ayudas, por apreciarse simultaneidad e irregularidades, han de ser examinadas y sólo de estas unir expedientes y documental que le afecte y no al revés, traernos todos los expedientes, para luego ver en cuál se puede detectar las irregularidades denunciadas" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Para Núñez, el criterio operativo correcto es "investigar los hechos denunciados en el atestado" de la UCO, "comenzando por diferenciar entre lo que son diferentes criterios interpretativos de auténticas irregularidades, determinar las ayudas en las que concurren dichas irregularidades y analizar si ello ha supuesto ilícito alguno".
Un hipótesis por probar
El modo de operar de Núñez es, pues, diametralmente opuesto al de su antecesora: "Si del informe resultase la existencia de indicios de comisión de ilícito penal en alguna o algunas de las ayudas investigadas en esta causa sería el momento para recabar la documentación referente a las mismas, y solo de éstas y no en términos generales de todas las ayudas concedidas".
Considera que no hay que recabar toda la documentación de todos los expedientes: “Por ahora trabajamos sobre una hipótesis elaborada por la UCO que, partiendo de lo que consideran irregularidades administrativas, sostienen la existencia de una irregular financiación".
