La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juez que instruye el conocido como caso Marismas, que investiga una subvención en 2004 de 40,1 millones de euros a la comunidad de regantes de Las Marismas del Guadalquivir, la imputación de 21 personas, entre ellas cinco ex altos cargos y un técnico de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. En un escrito fechado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público solicita al juez de Instrucción número 16 de Sevilla que impute a los ex directores generales de Regadíos Francisco Ruiz Orta y Tomás Martínez Jiménez, al ex jefe del Departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales Carlos Javier Rodríguez Pérez, al ex jefe de Servicios de Promoción Rural Julián Martín Jorreto y al ex jefe de Departamentos de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la Delegación de Agricultura de la Junta en Sevilla Manuel Antonio Cruz-Guzmán. FALSEDAD, PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN La Fiscalía considera que los hechos investigados podían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público, prevaricación y malversación de caudales públicos. Hay que recordar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) detectó "graves" irregularidades en los procedimientos de contratación para la adjudicación de obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en el año 2004 una subvención de 40,1 millones de euros para la modernización de su red de riegos, subvención concedida por la Junta y cofinanciada por el Feoga-Orientación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El 13 de octubre de 2004, el presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria dictó una resolución por la que se resolvía favorablemente la solicitud realizada por esta comunidad de regantes y se aprobaba así el proyecto de modernización presentado con un presupuesto total de inversión subvencionable de 66,6 millones de euros, de los que se concedía a los regantes una subvención de 40,1, el equivalente al 60,23 por ciento. REQUISITOS BAJO SOSPECHA La Fiscalía destaca como aspectos a investigar "si, tras la resolución de concesión de la subvención para la modernización de regadíos, la comunidad de regantes cumplió con los requisitos establecidos en la propia resolución", así como "el irregular procedimiento de adjudicación de las obras" y "el pago de la primera certificación de obra por unas obras que no se habían ejecutado". De este modo, y según el Ministerio Público, la comunidad de regantes "no llegó a celebrar Junta o Asamblea General para aceptar la subvención", al contrario de lo que establecía la resolución de concesión de la ayuda, mientras que "tampoco contaba con disponibilidad de medios financieros correspondientes al importe total de la inversión para la ejecución de las actuaciones". FALSA CERTIFICACIÓN "Advertido el incumplimiento de esos requisitos, los responsables públicos no comunicaron estas irregularidades", mientras que los responsables de la comunidad de regantes "extendieron una certificación en la que se certificaba falazmente que el 10 de noviembre de 2004 se había celebrado una Asamblea General Extraordinaria en la que se había aceptado la subvención", a pesar de que no se celebró "en ningún momento". Además, "faltando también a la verdad, se afirmaba que a la fecha aparente de la certificación ya se había abierto una cuenta corriente para la contabilidad, cuando todavía no disponían de los medios financieros correspondientes al importe total de la inversión para la ejecución de las actuaciones", lo que "permitió ocultar" al presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria que "concurrían motivos bastantes para revocar o dejar sin efecto la subvención que se le había concedido". Según la Fiscalía, la comunidad de regantes convocó, por el procedimiento de licitación abierta, un concurso para la contratación de las obras relativas al 'Proyecto de Modernización de la zona regable de Las Marismas del Guadalquivir', y el Comité de Evaluación, "faltando absolutamente a las reglas establecidas en la resolución de la comunidad de regantes de 10 de agosto de 2004 y en el pliego de condiciones particulares, utilizaron criterios distintos a los ahí establecidos para la valoración de las ofertas económicas y técnicas". Al hilo, el Ministerio Público señala que el resultado final de esa "irregular forma" de puntuar las ofertas económicas fue que los licitadores que habían presentado las tres mejores ofertas económicas --Dragados, OHL/Tecniriego y Sacyr SAU/Prinur SAU/Meridional de Aguas-- quedaron en las posiciones 11, 12 y 14, respectivamente, lo que permitió que las Uniones Temporales de Empresa Befesa/Alpi y Teconsa/Elecnor/Meci/Tecnr "quedaran colocadas dentro de los cinco primeros puestos, pese a que sus ofertas económicas no se lo hubieran permitido". MANIOBRAS SOCIETARIAS EN LA OSCURIDAD Asimismo, la Junta Rectora de la comunidad de regantes acordó la revocación de la primera pre-adjudicación realizada en favor de Teconsa/Elecnor/Meci/Tecnero, de manera que, "sabedores" de esta decisión, los representantes de Meci Works y Tegner firmaron un acuerdo con los representantes de Befesa /Alpi para que, en caso de que esta segunda UTE fuera la adjudicataria, "aquellas participaran también del negocio mediante la creación de una tercera UTE", denominada "Construcción". Según la Fiscalía, este acuerdo "suponía que, pese a que la adjudicataria formal de la obra era la UTE Befesa/Alpi, la adjudicataria real y auténtica beneficiaria de los pingües beneficios que iba a reportar la obra de modernización era la UTE Construcción". A continuación, los representantes de las empresas integrantes de la UTE a la que fue revocada la primera pre-adjudicación "pactaron" con el gerente de la comunidad de regantes, ya fallecido, y con el presidente, que ésta "debía indemnizarles por los perjuicios derivados de esa revocación, pese a que todos ellos eran conocedores de que la pre-adjudicación no suponía la aceptación irrevocable de la oferta por la comunidad de regantes ni la adquisición de plenos derechos por parte de la empresa adjudicataria". De esta manera, la comunidad de regantes "se comprometió y pagó a estas empresas una indemnización de 285.480 euros sin que éstas hubieran justificado haber incurrido en gastos durante el proceso de pre-adjudicación". Finalmente, el contrato entre la comunidad de regantes y la UTE Befesa/Alpi se suscribió el 20 de octubre de 2005, pero hasta el 23 de noviembre de ese mismo año no se procedió al inicio de la obra necesaria para la ejecución del proyecto. "Pese a no haberse ejecutado prácticamente nada de obra y siendo perfectamente consciente de ello", el inspector facultativo, Manuel Antonio Cruz-Guzmán López, el presidente de la comunidad, Diego García Santos, el director de obra, Manuel Vázquez Segovia, y Manuel Gámez Sánchez, como representante de la UTE adjudicataria, participaron en la elaboración de una "certificación absolutamente inveraz, según la cual se certificaba que a fecha 4 de diciembre de 2005 se había ejecutado y acreditado obras por un importe de 4.245.826,56 euros, a pesar de que ello no era cierto".