Dos de dos en solo una semana. Dos sentencias dictadas en los últimos días, una en Madrid y otra en Granada, han librado al PP de sendos problemas políticos de consecuencias nada desdeñables.
El beneficiario de la sentencia de Granada es el presidente del partido, Sebastián Pérez, condenado en primera instancia de haber amañado el congreso del PP donde fue reelegido presidente.
El agraciado con la sentencia de Madrid es el PP como tal, absuelto de la acusación de haber destruido deliberadamente y a conciencia los discos duros de dos ordenadores de Luis Bárcenas que contenían información sensible sobre la financiación ilegal del partido. Aunque la Fiscalía no acusaba, las acusaciones populares recurrirán el fallo porque interpretan que el fin último del borrado fue obstruir la investigación de la caja B del PP.
Ser o no ser (militante)
El argumento principal de la sentencia que ha salvado políticamente a Sebastián Pérez, muy molesto con su partido por no haberle arropado durante su calvario judicial, es que el denunciante Juan García Montero ya no milita en el PP y, por tanto, ha dejado de estar legitimado para denunciar irregularidades en un proceso orgánico del partido. La sentencia no entra en el fondo del asunto: simplemente dice que no hay caso porque quien denunciaba no tiene derecho a hacerlo.
La Audiencia Provincial tumba así la severa sentencia condenatoria dictada en septiembre pasado por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada, que estimaba en su integridad la denuncia del entonces concejal García Montero, aspirante junto a Pérez, que fue el ganador, a presidir el PP granadino en el congreso celebrado en 2017 y plagado de irregularidades. El juez anulaba el congreso y obligaba a repetirlo.
Ahora la Audiencia estima el recurso presentado por Pérez en el que alertaba de “falta de legitimación activa del demandante” y de “renunciar a sus derechos” al haberse dado de baja en el PP. El fallo de la Audiencia abunda en esa dirección: García Montero, sostiene el tribunal, “no ostenta legitimación en la actualidad, lo que genera falta de interés en el recurso”.
El clavo ardiendo
Ayer, en una comparecencia pública para valorar la sentencia, Pérez no se mordió la lengua. No ocultó su profundo malestar con la dirección del partido, por la que no se ha sentido respaldado durante el largo proceso de “acoso y derribo” que ha sufrido y del que, dijo algo hiperbólicamente, "no hay precedentes ni en Andalucía ni en España".
Aunque con esta sentencia Pérez salva la cabeza, la crisis interna del PP granadino no remite. El clavo ardiendo al que se agarra el presidente para salir ileso es el supuesto compromiso del actual alcalde, Luis Salvador, de cederle la Alcaldía dentro de dos años, tras haber accedido a ella gracias a los votos de Vox y del PP, pese a que este fue la fuerza más votada de la derecha.
Salvador, ex senador socialista durante dos legislaturas, no está en absoluto dispuesto a dejar de ser alcalde en 2021 como le pide Pérez.
La crisis interminable
En todo caso, el PP de Granada no ha logrado recuperarse completamente de la sacudida interna que le supuso la dimisión en abril de 2016 del alcalde de la capital, José Torres Hurtado, investigado por una trama de corrupción urbanística. El presidente provincial del partido, también Sebastián Pérez entonces, aspiraba a sustituirlo y para ello contaba con que Ciudadanos mantuviera el apoyo dado en su día a Torres Hurtado.
Sin embargo, en una jugada que rizaba el rizo de la crisis, el alcalde condicionó su dimisión a que también Pérez dejara su cargo de concejal, cerrándole así el camino a la Alcaldía. Ciudadanos, con Salvador al frente, cambió entonces de bando y decidió apoyar al socialista Francisco Cuenca, al que, sin embargo, cada cierto tiempo solía amenazar con retirarle su apoyo.
'Ten cuidado'
En la encarnizada batalla por la presidencia del partido, García Montero llegó incluso a pedir al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP la suspensión del proceso congresual porque la organización, vinculada a Pérez, no habría sido neutral –la cuenta oficial del partido se posicionó en Twitter a favor del candidato oficialista– y habría hecho trampas en la distribución de los compromisarios. El titular del Juzgado 7 pensaba lo mismo.
Hasta tal punto de encarnizamiento llegaron las cosas que, en marzo de 2017, García Montero denunciaba en rueda de prensa estar siendo víctima de amenazas y presiones por parte de la dirección provincial del partido.
"A mí me han llegado a decir que tenga cuidado cuando vaya con mi moto por la calle Recogidas no vaya a atravesarse un coche en mi carril", llegó a decir el concejal, que trasladó su denuncia a la Policía apuntando directamente al "entorno de la dirección del partido".
