El Gobierno andaluz ha querido escenificar con todo el boato posible la que sin duda es una de las medidas estrella de su mandato, cuyo objetivo último es propiciar un crecimiento del PIB andaluz de 2,5 por ciento entre los próximos cinco y diez años.
Nada menos que seis consejeros comparecieron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, habitualmente protagonizada por el portavoz Elías Bendodo y algún consejero. Este martes lo han hecho los titulares de Economía, Presidencia, Turismo, Hacienda, Agricultura y Fomento, los departamentos involucrados en el paquete liberalizador.
"Medidas poco sexys"
El consejero de Economía y cerebro gris de la reforma, Rogelio Velasco, ha sido el encargado de explicar, con buena pedagogía, las líneas básicas del denominado ‘Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía’.
El decreto modifica 21 leyes y 6 decretos e incluye, según detalla la web de la Junta, “un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual”.
“No son unas medidas muy sexis, pero son muy importantes”, explicaba Velasco, que ya adelantó en junio del año pasado que su departamento estaba trabajando en un ambicioso plan que revisaría más de 1.800 trámites con el fin de suprimir trabas a la iniciativa empresarial.
“Queremos que Andalucía sea un territorio más amable con las empresas y las inversiones y que las que se instalen en la comunidad operen con una normativa racional y eficiente”, dijo entonces el consejero, que hoy ha repetido la misma idea y reiterado el objetivo anunciado entonces: acabar con trabas, requisitos y tramites injustificados o desproporcionados que suponen una sobreprotección que desincentiva a los inversores y conlleva un elevado coste para las empresas en tiempo y en dinero.
El grupo de los 17
No pocas de las medidas aprobadas hoy y que serán validadas próximamente por el Parlamento ya figuraban en las recomendaciones que un grupo de 17 expertos había hecho llegar en octubre pasado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a instancias de la Administración andaluza.
En ese escogido grupo figuraban nombres como el presidente del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, José Luis de Alcaraz, el catedrático Eduardo Gamero o la consejera de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia Pilar Canedo. Entre sus propuestas, ahora incluidas en el decreto, figuraban las de ampliar horarios comerciales, instaurar más festivos, eliminar permisos urbanísticos, abrir la mano para favorecer la construcción o suprimir trabas en materia medioambiental.
Entre los argumentos manejados por el Gobierno para justificar la liberalización, los consejeros han recordado que en Andalucía “una empresa tarda 162 días en obtener la licencia de obras e instalación, mientras que en La Rioja, que es la región española donde menos tiempo se emplea, la duración es de 101 días”. Asimismo,”las pymes industriales tardan 168 días en comenzar su actividad en Andalucía, lo que supone casi el triple del tiempo empleado en Castilla y León, el territorio con la tramitación más ágil en este apartado con 62 días”.
Las medidas
Entiende la Junta que el actual marco normativo es un lastre que ha frenado el desarrollo económico de la comunidad. A continuación se recogen las medidas más importantes incluidas en el decreto:
Competencia
Modificación de la Ley de 2007 de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía para reforzar el papel de la Agencia de Defensa de la Competencia, que pasa a denominarse Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica.
Los cambios introducidos permiten ampliar sus funciones en este último campo, de forma que "a partir de ahora se encargará de coordinar la planificación y la evaluación periódica de la normativa para valorar su impacto en la economía andaluza y, en consecuencia, recomendar reformas y eliminar trabas desproporcionadas a los operadores económicos".
Comercio
Modificación de la Ley de Comercio Interior de Andalucía de 2012 y el decreto de 2014 encargado de regular la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), con el fin de flexibilizar y adaptar la oferta a la creciente demanda generada por la industria turística de la región. Con esa revisión, se prevé un incremento de la demanda de un 0,9%, que se traduciría en un volumen de negocio adicional de 321 millones, la generación de 937 nuevas empresas dedicadas al comercio minorista, la apertura de 1.086 nuevos locales y la creación de 3.000 empleos.
En materia de comercio, se incrementan los días de apertura autorizados al año en los establecimientos comerciales con una superficie útil de exposición y venta superior a 300 metros cuadrados, pasando de los diez domingos y festivos actuales a los 16 recogidos en el decreto ley. Este aumento de seis días se realizará de forma progresiva para que los comercios puedan adaptarse al cambio de normativa, y se llevará a cabo de la siguiente manera: 12 festivos en 2020, 14 en 2021 y los 16 aprobados en 2022.
Con esta medida se adapta, además, la normativa regional a la estatal, que tiene establecido ese cupo de días. Los comercios con unas dimensiones inferiores a 300 metros cuadrados mantienen la autorización de apertura para cualquier domingo o festivo. El decreto ley autoriza a los ayuntamientos a permutar dos festivos por otros que interesen más a la localidad, frente al único permitido hasta ahora.
Turismo y golf
Se suprimen de la Ley del Turismo determinadas barreras normativas que “dificultaban el desarrollo de la actividad económica en el sector”. En concreto, la ley solo permitía "la constitución en régimen de propiedad horizontal a los alojamientos turísticos con una calificación superior a tres llaves, respecto a los apartamentos, y a cuatro estrellas, en relación a los hoteles". Tras la modificación podrán acceder a este tipo de régimen cualquier alojamiento turístico siempre que lo permita el planeamiento urbanístico.
Se reforman los criterios con respecto a los municipios de interior que quieran ser declarados Municipios Turísticos. Así, al reducir la media anual necesaria de pernoctaciones de la población de derecho del municipio, o bien durante tres meses al año, de un 10% a un 8%, la estimación de localidades del interior de Andalucía que cumplirían las condiciones se incrementaría en más de un 28%.
Se deroga la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico, eliminando así “una figura que la experiencia ha demostrado ineficaz y, a la vez, lograría una mejor adecuación al principio de autonomía local consagrado en la CE”.
Sector audiovisual
Se modifica la Ley Audiovisual de Andalucía, eliminando la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación local.
También se modifican otros preceptos “para agilizar diversos procedimientos como las renovaciones del servicio público de comunicación audiovisual, la interrupción y suspensión temporal del servicio o la celebración de negocios jurídicos sobre licencias”.
Se elimina la exigencia de disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial, se propone la modificación de la obligatoriedad de emisión de determinados informes del Consejo Audiovisual de Andalucía para agilizar la tramitación de algunos procedimientos y se elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación que no dispongan del correspondiente título habilitante.
Energías renovables
Se modifica el artículo 3 del Decreto Ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía, con el fin de “establecer un criterio de madurez en los proyectos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no acogidas a los regímenes retributivos específicos”.
Así, los proyectos deberán acreditar un acuerdo con los titulares de los terrenos necesarios para la ejecución de las infraestructuras. Esta medida “contribuirá a una real y efectiva agilización administrativa de su tramitación, de manera que se les dará un impulso preferente y urgente ante cualquier administración pública andaluza a aquellos proyectos que realmente quieren invertir en Andalucía”.
Agricultura
La Consejería de Agricultura modifica ocho leyes y una disposición reglamentaria a fin de “beneficiar al sector agroalimentario andaluz, facilitar la participación en la lucha contra el cambio climático y favorecer la economía circular”.
En materia agroalimentaria se reforma la norma que regula las interprofesionales con el objetivo de incorporar al sector de la distribución conjuntamente con el productor, transformador y comercializador. Esta medida supone “un avance en el reto de alcanzar un mayor equilibrio en la cadena alimentaria y de establecer mecanismos de crisis más eficaces ante situaciones difíciles que golpean al sector agrario, como la reclamación de precios justos que está movilizando a agricultores y ganaderos andaluces”.
Se retocan tres artículos de la Ley de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura Marina para eliminar trabas burocráticas y facilitar la implantación y el desarrollo de proyectos de acuicultura en la región.
Las modificaciones normativas abren las puertas a un procedimiento más ágil de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), lo que conllevará “un impulso al sector del aceite andaluz, al facilitar la instalación de almazaras, y una apuesta por el reciclaje, al favorecer la implantación de plantas de reutilización, de compostaje y puntos limpios”.
Asimismo, se dan pasos en la lucha contra el cambio climático, allanando la adhesión voluntaria para la eliminación de gases de efecto invernadero, al tiempo que “se corrigen defectos de la Ley de Aguas para mejorar la capacidad de acción de la Administración y lograr una mejor gestión de los recursos hídricos”.
Urbanismo
El decreto de simplificación incluye cuatro modificaciones de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En primer lugar, se sustituye la licencia de obras municipal por la Declaración Responsable para obras menores (escasa entidad constructiva y sencillez técnica) y obras en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado, “siempre que sean conformes con la ordenación urbanística y no alteren los parámetros de ocupación y altura ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas”.
Ello permitirá iniciar las obras “desde el momento de la presentación de dicha declaración”. La medida elimina un trámite que ahora puede durar en algunos municipios hasta 12 meses.
Se sustituye el trámite de licencia de ocupación por el de Declaración Responsable para edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado. Esto permite “ocupar viviendas y poner en funcionamiento locales, comercios, servicios, etc. desde el momento de la presentación de dicha declaración”. La medida elimina un trámite que actualmente “puede llegar en algunos municipios a nueve meses”.
"El control de las obras y actividades –asegura la Junta– se realizaría a posteriori por el ayuntamiento, quedando garantizado el control administrativo de la actividad urbanística. Se gana agilidad sin perder control ni seguridad jurídica".
Se refuerza la función de coordinación de los informes sectoriales al planeamiento urbanístico que tienen las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística, “obligando a emitir de forma coordinada los informes de todas las consejerías de la Junta tras la aprobación inicial de dichos instrumentos de planeamiento y a verificar en un único pronunciamiento el contenido de dichos informes tras la aprobación provisional. La reducción de los plazos puede ser incluso de años”.
Patrimonio
Se suprime la autorización de la Consejería de Cultura previa a la licencia para obras menores en edificios situados en el entorno de los bienes declarados de interés cultural (centros históricos), “siempre que el edificio para el que se solicita licencia no esté incluido individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico”. Se elimina un “trámite innecesario que supone unos seis meses de media”.
Reacciones políticas
La primera reacción poliítica al decreto de la Junta ha sido de la presidenta del Grupo parlamentario Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que considera que con este paquete se instaura en andalucía "la ley de la selva".
Rordíguez reclama la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento para que dé explicaciones sobre el nuevo decreto ley, ya que supondrá "un duro perjuicio para la comunidad autónoma".
Desde el PSOE de Andalucía, su portavoz económico Antonio Ramírez de Arellano daba en su cuenta de Twitter un adelanto de la posición de su partido: "Los comercios de más de 300 m²... Los campos de golf... por qué tipo de Economía está pensando este gobierno?", escribía el exconsejero de Hacienda.
