Las promesas electorales que pesaban sobre la campaña de Juanma Moreno Bonilla , quien defendía la necesidad de conciertos privados para aliviar las listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas, están dejando sin recursos a la sanidad pública para avanzar en su privatización.
Las mareas blancas en defensa de la sanidad pública del anterior gobierno del PSOE existieron, como con prácticamente cualquier Ejecutivo, pero Susana Díaz como presidenta andaluza nunca llegó a presenciar la dimensión de quejas que está cosechando Moreno Bonilla.
En los algo más de cinco años que el presidente lleva al frente de la Junta de Andalucía, ha incrementado el gasto en un 128% desde que gobierna la comunidad, alegando que “es menor que el de cualquiera de los gobiernos socialistas”. De este modo, ya cuando se hizo con el poder a finales de 2018, el líder del PP andaluz destinó 410 millones de euros a conciertos con las clínicas privadas.
Las cuentas andaluzas para este 2024 suman 13.000 millones más que en 2018. “Los presupuestos de salud más elevados de la historia” de los que presume el gobierno del PP lleva consigo un aumento de las partidas destinadas a conciertos.
Según el informe presentado por el Instituto para el Desarrollo y la Investigación de la Sanidad (IDIS), fue superados los años de pandemia -entre 2021 y 2022- cuando más crecieron estas partidas, de 463 a 540 millones de euros, hasta llegar a 579 en 2024.
Cómo se reparte el presupuesto destinado a sanidad
La evolución se mantiene al alza y mientras que en el resto de comunidades autónomas el gasto en conciertos representa un 4,8% de media, en el caso de Andalucía, según el mismo informe, en 2024 más del 40% del presupuesto está destinado a contratos con instituciones privadas, un tercio a transporte sanitario y un 14% en servicios de diálisis.
Estas cifras se traducen en un 128% más que hace cinco años, según datos de la Conserjería de Economía, Hacienda y Fondos europeos aportados por la diputada socialista y portavoz de Salud, María Ángeles Prieto.
El 25% de los andaluces tienen seguro privado
Asciende a 1.840.928 las pólizas privadas registradas de un sistema público de salud per sé cuestionado. Un 3,9% más desde el 2018, cuya cifra ya partía de 1.523.469 seguros privados contratados.
Andalucía tiene otra asignatura pendiente, la de incrementar el gasto sanitario público per cápita, que mientras desciende, asciende el privado. Así, se ha reducido el gasto destinado a la sanidad pública pasando del 72,6% a un 72,2% en el año pasado, mientras en este mismo período el gasto en sanidad privada ha crecido de un 27,4% a un 27,8%, según las estadísticas recogidas por el Ministerio de Sanidad correspondientes al 2022.
El informe sitúa a Andalucía a la cola, con 1.533 euros por habitantes, una cifra alejada de las grandes partidas que todas las comunidades autónomas invirtieron durante la pandemia.
Un plan "oscuro" de 243 millones de euros en pandemia
El Gobierno de Moreno Bonilla “aprovechó la pandemia para acelerar su plan de privatización de la sanidad pública andaluza. Desarrollaron un plan premeditado para contratar de forma irregular -a dedo- a clínicas privadas con la excusa de la pandemia. Empezaron con 70 millones y terminaron con 24", según denuncian fuentes socialistas. Un plan “oscuro” sobre el que no quieren informar, niegan una comisión de investigación y sobre el que “nos han impedido acceder a información que pudiera aclarar todo esto”, ha denunciado Ángeles Prieto en su comparecencia compartida en la red social X.
La memoria justificativa de este acuerdo defendía que esta cuantía presupuestaria se justifica por la necesidad de financiar un Plan de Choque para reducir las listas de espera quirúrgicas existentes a finales de 2023 y disminuir con ello de manera drástica el número de pacientes que superan el plazo de respuesta, atender las necesidades derivadas de contratos menores y responder a las prórrogas de los expedientes de conciertos sanitarios recogidos en la solicitud de informe unificado del Servicio Andaluz de Salud para el 2024.
La gravedad de esta cuestión es que habría dado 243 millones a clínicas privadas cuando “legalmente no se podía hacer”. Además, nos cuenta la diputada socialista, que en esos contratos subieron las tarifas a dedo, mientras otros hospitales públicos mantenían las vigentes, y que el dinero destinado a esos contratos de emergencia no han servido para disminuir la lista de espera, que era el argumento de Moreno Bonilla para contratar.